Vergeles: “Vamos a desprivatizar todo lo que podamos en atención a la dependencia”
El consejero de Salud y Política Social, José María Vergeles, ha afirmado que el Gobierno extremeño va a desprivatizar “todo lo que podamos” el servicio de atención a la dependencia y por ello se están intentando hacer inversiones para que los residentes “puedan gozar de una plaza pública”.
Vergeles ha realizado estas declaraciones en su intervención en el pleno de la Asamblea, donde ha comparecido este jueves, a petición del PP, para que informe sobre la contratación del servicio de 210 estancias residenciales por personas en situación de dependencia y baja intensidad de cuidados.
Según la portavoz del PP Consuelo Rodríguez Píriz, el pliego que la Junta de Extremadura sacó a concurso para este servicio ha puesto “en pie de guerra” al sector privado de las residencias privadas de atención sociosanitaria, ya que es “un fiasco” y de “imposible cumplimiento”.
Píriz ha recordado que en la actualidad el sector privado atiende a unas 3.690 plazas y genera 1.500 puestos de trabajo, y dentro de este sector la Asociación Sociosanitaria de Residencias Privadas Extremeñas (ASOREX) tiene 835 plazas concertadas y da trabajo a casi 800 personas.
Por ello, para la diputada del PP “lo más grave” es que se saque a concurso un contrato que atenta contra la atención a estas personas, y le recuerda que 1.400 mayores continúan a la espera de una plaza.
Vergeles, que ha reiterado su convencimiento en “acabar” con la atención privada de los servicios ligados a la dependencia, como le había pedido el portavoz de Podemos Obed santos, ha precisado, no obstante, que “no se puede hacer de hoy para mañana”.
El consejero extremeño ha indicado que con la comparecencia de hoy ha descubierto que las críticas que el PP le hace a su gestión y sus peticiones de dimisión se deben a que están preocupados porque se ha puesto “manos a la obra para evitar la privatización que estaban llevando a cabo en la atención de la dependencia”.
Vergeles ha rechazado el calificativo de “fracaso” que le ha dedicado el PP a este concurso, ya que se han cubierto la mayoría de las que plazas se sacaron a concurso, que se han pagado a 40 euros frente a los 34 que se abonaban durante la gestión del PP.
Además, ha defendido que no ha sido un “contrato caprichoso”, sino para adecuarlo a la exigencia de la Ley de Contratos, velando además por el cumplimiento de la ratio del Consejo Territorial de la Dependencia, evitando el desarraigo de sus beneficiarios y eliminado el copago por parte de las empresas adjudicatarias.
La portavoz del PP también le ha reprochado a Vergeles que de las 210 plazas, solo 20 están ubicadas en un municipio gobernado por el PP, en concreto Plasencia, mientras que el resto son poblaciones con gobierno socialista, y le ha preguntado si las 50 plazas que han quedado desiertas irá alguna a Badajoz, donde la propia Junta ha reconocido que faltan 200.
Rodríguez Píriz cree que las condiciones de los pliegos obligarán a las empresas a hacer recortes y a no poder dar la calidad asistencial a la que se han comprometido, además de criticar que la Junta haya aceptado que algunas empresas hayan ofertado en el concurso hasta un 16 por ciento por debajo del precio de licitación.
Por su parte, el portavoz de Podemos Obed Santos ha pedido a la Junta que acabe con la privatización de los servicios relacionados con la dependencia, porque las consecuencias de la gestión privada la pagan las personas e incluso los trabajadores.
A su juicio, el sistema de concertación “hace agua por muchos sitios” y ha insistido en que a su formación lo que le preocupa es la calidad de los servicios y condiciones de los trabajadores, no si a las empresas le es más o menos rentable.
Plan de Salud Mental
El III Plan de Salud Mental de Extremadura mantiene los objetivos de los dos anteriores: la no institucionalización y el abandono del estigma que sufren las personas que tienen alguna enfermedad mental, y añade, bajo el lema “Haciendo red”, el refuerzo de la red de atención sanitaria y social.
Así lo ha manifestado también el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, durante otra comparecencia parlamentaria para detallar este plan con el que se busca “garantizar en todo momento el derecho de la persona a recibir la mejor atención posible para recuperar su salud mental”.
El plan, que sustituye al anterior de 2007 que tenía una vigencia hasta 2012, es “de la sociedad y para la sociedad”, y tiene “50 objetivos” sobre unos “valores de equidad, autonomía, recuperación personal y calidad del servicio”.
Su elaboración parte de trece grupos de trabajo con 151 participantes y ha sido sometido al Consejo Regional de Salud Mental -donde están representadas las asociaciones-, un órgano que, según Vergeles, fue recuperado al inicio de la presente legislatura y que entendía que en lugar de prorrogar el anterior plan, era necesario impulsar uno nuevo.
Vergeles ha señalado que este plan, sin renunciar a los objetivos de los dos anteriores (1996 y 2007) busca un objetivo absolutamente claro: “hacer red, potenciando el entorno comunitario en la atención a estas personas y trabajando codo con codo con el mundo asociativo”.
El tercer plan, que incluye planes transformadores en los centros sociosanitarios de Mérida y Plasencia, apuesta por una “red transversal, multidisciplinar y amparada en las últimas evidencias y pruebas científicas”, y tiene como centro del mismo a los usuarios, pero también a los familiares y los profesionales.
Sus fines, ha explicado, pasan por la prevención y abordaje de las conductas suicidas, mejorar la atención sanitaria, abordar la salud mental infanto-juvenil como método de prevención y atención precoz y la atención específica a las enfermedades mentales graves.
También incide en la intervención en la salud mental de las mujeres víctimas de violencia de género, trastornos de personalidad, de conducta alimentaria, población inmigrante con otras enfermedades médicas o población en riesgo de exclusión social, entre otros.
El diputado del Grupo Popular José Ángel Sánchez Juliá ha mencionado que este plan viene “con retraso” porque el Gobierno socialista no ha querido aprovechar los trabajos que ya se habían realizado en este sentido en la anterior legislatura, y si bien ha sido “consensuando” con las asociaciones, ha lamentado que se haya “dado la espalda” al Parlamento.
Sánchez Juliá ha criticado también que el consejero no haya aportado en su comparecencia datos concretos sobre qué recursos hospitalarios, centros de rehabilitación o de apoyo social se van a a aumentar o reforzar.
Asimismo, le ha reprochado que la Junta “no se haya gastado 400.000 euros” que estaban presupuestados para las asociaciones de salud mental, al tiempo que ha advertido de una posible “privatización” de la atención a la dependencia en salud mental.
Por su parte, el diputado de Podemos Obed Santos ha lamentado que desde el año 2012 no se haya renovado este plan y ha reconocido que el nuevo, al que esperan “con ilusión”, ha sido “consensuado y muy trabajado” con todas las organizaciones relacionadas con la salud mental.
Ha lamentado, no obstante, que estos planes muchas veces acaben quedándose en una “foto” por la falta de recursos y, en este sentido, ha mencionado algunas carencias que existen en el área de salud mental como el “déficit crónico de personal”, que hace que haya usuarios que tienen que esperar “hasta tres meses” para una cita.
También cree que hay centros residenciales “insuficientes” y carencia de recursos especializados para tratamientos de trastornos severos. A este respecto, el consejero de Sanidad sí ha admitido un “déficit” en los centros de rehabilitación.
