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La hipocresía del Gobierno en seis datos sobre la intervención de Madrid

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1. Quien exige a Madrid que gaste menos y ha intervenido el Ayuntamiento con esa excusa es la misma administración que ha disparado la deuda. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene sus cuentas con déficit. Manuela Carmena, con superávit. En 2016, la deuda de la Administración central creció en más de 25.000 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Madrid la redujo en casi 900 millones.

2. El Gobierno está incumpliendo sistemáticamente la misma regla de gasto que el ministro Cristóbal Montoro diseñó y por la que ha justificado la intervención del Ayuntamiento. El año pasado, Montoro aumentó el gasto del Gobierno en un 2,8% cuando el límite era del 1,8%. La ley lleva cuatro años en vigor y la administración central se la ha saltado tres años consecutivos.

3. Desde que gobierna Mariano Rajoy, no ha habido un solo año en que la Administración central haya cumplido con sus objetivos presupuestarios. El déficit siempre ha estado por encima de las previsiones que Montoro comprometía con Europa y aún sigue por encima del 3%. En estos cinco años, la deuda española ha crecido en casi 350.000 millones de euros y ya suma más de 1,1 billones. Debemos 24.500 euros por persona.

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La historia de Podemos

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Todo Podemos está en este imprescindible libro de Aitor Riveiro, compañero de eldiario.es y tal vez el periodista que más y mejor información ha publicado sobre este partido durante sus tres años de historia. Aitor estaba ahí desde el primer momento, como lo estuvo eldiario.es. Cuando otros medios de comunicación ignoraban o despreciaban a esa nueva formación política, en nuestra redacción decidimos que había que contar a nuestros lectores lo que estaba pasando con Podemos, con ese proyecto heredero del 15M, que nació como un intento de hackeo a Izquierda Unida —para abrir la candidatura a las europeas a una competición en primarias con otros sectores sociales— y que ha terminado consolidándose como la tercera mayor fuerza política en el Parlamento, en un partido que, con sus alianzas y confluencias, ya gobierna en varios de los principales ayuntamientos de España.

Aitor Riveiro fue el periodista al que encargamos esa cobertura, hace ya tres años. Desde entonces, ha dedicado a ese trabajo todas las horas de las que disponía.
La historia de estos tres años de Podemos, en grandes rasgos, es ya conocida por todos. Sabemos quiénes eran sus fundadores, qué pensaban antes y después de entrar en política, de dónde venían Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero o Luis Alegre. Se sabe también cómo ha sido su evolución en estos años, sus divisiones internas y también las alianzas con otras fuerzas políticas que han tejido. Se conoce el resultado del año sin Gobierno, de las conversaciones frustradas con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Se ha escrito mucho sobre el asalto a los cielos, sobre la hipótesis Podemos, sobre la ventana de oportunidad, sobre la transversalidad, la casta, la trama o la hegemonía. El periodismo, sin embargo, no sólo está en los titulares sino también en los detalles, las causas y las consecuencias. En los otros nombres, no siempre tan conocidos. En el cómo, en el por qué.

En este libro, El cielo tendrá que esperar, Aitor Riveiro repasa estos tres años con la precisión y la profesionalidad de quien ha publicado la información más rigurosa sobre Podemos. No es el libro de un militante, donde se exageren las luces y se oculten las sombras. No es tampoco propaganda, destinada a demonizar a sus dirigentes por intereses ocultos. No es un ensayo político, donde el autor pontifique sobre el pasado o profetice el futuro que le espera a este partido. Es el trabajo informativo de un buen periodista, que separa la verdad de las mentiras, los datos de los rumores, para explicar la historia de Podemos desde antes de su fundación, cuando aún era sólo una idea, hasta su congreso de Vistalegre 2. Aitor conoce a todos, ha hablado con todos y ha documentado todo. Nadie podrá desmentirle ni una coma.
¿Cómo fue posible que un grupo de profesores y alumnos de la facultad de Ciencias Políticas lograran un hito así?¿Qué pasó durante las frustradas negociaciones con el PSOE para formar Gobierno? ¿Cómo se gestó la confluencia con IU para las generales y por qué se frustró el primer intento? ¿Por qué sus dos principales líderes, Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, se han distanciado tanto? Aitor Riveiro deja en este libro las respuestas a estas y otras preguntas, un documentado material con el que, más adelante, seguro trabajarán los historiadores. Porque sin este libro no se entiende bien lo que ha pasado en la historia de Podemos. Y sin la historia de Podemos tampoco se entiende la historia reciente de España.

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El primer acto de la campaña electoral

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Cuando la Generalitat puso las urnas el 1 de octubre contra el mandato expreso del Tribunal Constitucional, cuando el Parlament proclamó la República de Catalunya con ese referéndum ilegal como excusa, es evidente que el Govern incumplió la ley. También es obvio que saltarse la ley y las órdenes judiciales tiene consecuencias penales en cualquier país democrático, y hay varios delitos que con toda justicia se les podrían imputar. El de desobediencia grave a la autoridad: de seis meses a un año de multa. O el de prevaricación: de tres a ocho meses de multa y hasta 15 años de inhabilitación. O el de malversación: hasta ocho años de prisión, si se demuestra el uso de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal.

Son todos ellos delitos graves y que la justicia debe investigar y castigar. Son lo bastante serios como para que no fuese necesario forzar la mano y aplicar un derecho penal de autor, de contundencia desmesurada y de dudoso encaje legal. ¿Rebelión sin violencia? Es como un homicidio sin víctima: un oxímoron. Es una mano dura penal que solo da argumentos a quienes quieren retratar a la democracia española como un Estado autoritario, como un país incapaz de dar salida política a los problemas políticos. Como la Turquía occidental.

España no es Turquía ni Rajoy es Erdogan. A los separatistas en Turquía –los kurdos– no les aplican el Código Penal: les bombardean. El Gobierno ha clausurado más de un centenar de medios de comunicación, ha encarcelado a cientos de periodistas, de jueces, de fiscales, de maestros, de policías... Pero que España no haya llegado a la represión de Turquía no significa que el Gobierno y la Fiscalía a sus órdenes no estén forzando los cauces de la justicia y del Estado de derecho hasta límites que cualquier demócrata –independentista o no– debería criticar.

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Las cuentas de eldiario.es en su quinto aniversario

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Lo primero, una disculpa. Os debo este informe de cuentas desde hace un mes, desde que celebramos nuestro quinto cumpleaños. La crisis catalana me ha retrasado en este compromiso con nuestros socios y lectores. Estas últimas semanas han sido tan intensas que no he tenido las horas necesarias para preparar este informe. Ruego entendáis mis razones y, aunque sea con retraso, aquí están nuestras cuentas y datos económicos del primer semestre de 2017.

1. Seguimos siendo sostenibles

eldiario.es ha llegado a los cinco años de vida con buena salud. Seguimos creciendo a buen ritmo y manteniendo nuestra rentabilidad. Durante el primer semestre de 2017 hemos ingresado 2.108.087 euros y hemos gastado 1.981.631 euros. Nuestro beneficio antes de impuestos entre el 1 de enero y el 30 de junio ha sido de de 126.456 euros. Como siempre, vamos a emplear ese dinero en seguir invirtiendo en periodismo.

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El Govern de la Generalitat en el exilio

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Carles Puigdemont no está en Bruselas de visita. Es parte de una estudiada  estrategia de defensa contra las querellas que el fiscal general del Estado acaba de presentar. El expresident de la Generalitat ha viajado hasta Bruselas porque sabía que esa querella llegaría este lunes, porque sabe que pronto seguirá una orden de detención, porque se ha asesorado legalmente y porque cree que esta huida a Bélgica es la mejor opción para su defensa, tanto política como legal.

El expresident de la Generalitat tiene en Bélgica uno de los sistemas judiciales más garantistas de Europa. Es uno de los pocos países –con Alemania, Holanda y Reino Unido– donde una orden europea de detención y entrega puede ser recurrida en los tribunales del país entrando en el fondo del asunto: en los delitos de los que se le acusa. Así, sus abogados podrán argumentar que no hay un delito de rebelión ni de sedición, y será un juez belga quien tenga que decidir si es así. Puigdemont, con bastante razón, cree que tiene más opciones de librarse de la cárcel si pleitea desde allí.

Para su defensa política, Bélgica también es la mejor opción. El país está gobernado por una coalición en la que participa un partido ultranacionalista flamenco que pide la independencia de Flandes y simpatiza con el independentismo catalán. Uno de los viceministros belgas de este partido, Theo Francken, fue quien ayer planteó que habría que dar asilo político a Carles Puigdemont. No está claro que el expresident de Generalitat vaya a conseguir esta protección –el primer ministro belga después corrigió a su viceministro–. Pero sí parece que Puigdemont la pueda pedir.

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Elecciones el 21-D

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Contra casi todos los pronósticos,  Mariano Rajoy ha anunciado la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas en Catalunya para el primer día posible que permite la ley: el jueves 21 de diciembre. Dentro del fracaso que supone el 155, dentro del desastre que estamos viviendo, la decisión es osada y no parece la peor; desde luego es mejor que una intervención prolongada del autogobierno catalán, como pretendía una gran parte de su partido. También supone admitir que gobernar Catalunya en el siglo XXI por medio de un virrey era una fantasía imposible de cumplir.

Las dudas ahora son otras. La principal, si en esas elecciones autonómicas participarán los partidos soberanistas que este viernes han declarado la República de Catalunya. Si lo hacen, estarían asumiendo la irrealidad de su DUI. Si no lo hacen estarán renunciando para los próximos cuatro años a la política institucional, y dejarían un mapa social aún más difícil de reconducir.

En la hemeroteca, hay varias declaraciones de líderes de la CUP y JxSí que dicen que no se presentarían en ningún caso a unas elecciones convocadas por el Gobierno español. Era más fácil decirlo antes de este anuncio de Rajoy. Es posible que este debate divida al independentismo, y que no todos los partidos tomen la misma decisión.

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El martirio

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A mediados de septiembre, tras la aprobación de la ley del referéndum, tuve una conversación con un diputado independentista. A solas, sin micrófonos, le pregunté mi gran duda: “¿Pero de verdad pensáis que este octubre vais a tener la República de Catalunya?”. Me admitió que no, que sabían que eso no era posible. “Ahora no tendremos la independencia, pero lo que va a pasar estas semanas nos va a ayudar a acercarnos a la independencia en el futuro”, me explicó. “Esto terminará con presos políticos y, oye, tampoco es tan tremendo porque las cárceles españolas no están tan mal; que no son como las latinoamericanas”.

Esta conversación me impactó, no solo por la sinceridad con la que este dirigente independentista admitía la gran mentira: que estaban prometiendo a sus votantes algo que sabían que era irreal; que la independencia se podría declarar, pero que sería tan inútil como abolir la ley de la gravedad. También me sorprendió la naturalidad con la que este dirigente independentista hablaba de la cárcel, y no era en absoluto en tono de humor. Si alguien reflexiona sobre cómo de duras son las cárceles españoles es porque ha asumido que puede terminar en prisión.

Lo ocurrido hoy en el Senado y el Parlament es un enorme fracaso colectivo, el de todos aquellos en Catalunya y España con poder y responsabilidad: los políticos, los grandes empresarios, los medios de comunicación… Quienes crearon la primera gran brecha en la convivencia con el recurso contra el Estatut. Quienes azuzaron el discurso del odio en ambos frentes. Quienes se negaron a buscar salidas democráticas. Y por último en el tiempo, pero como primeros responsables de este viernes nefasto, quienes pensaron que “cuanto peor, mejor” y optaron por la vía de una declaración de independencia unilateral, irrealizable e irresponsable. Una DUI antidemocrática y nefasta que solo respalda poco más de un tercio del pueblo catalán.

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Aún sigue la negociación

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El acuerdo pudo haber llegado este jueves y habría sido mejor. Estuvo cerca y no se cerró por dos motivos: porque Puigdemont no se fía de Rajoy y porque Rajoy se fía aún menos de Puigdemont. El president de la Generalitat quería garantías de que convocar elecciones realmente serviría para evitar la aplicación del 155. Por ahora no las consiguió, más allá de un vago compromiso de buena voluntad. Puigdemont se podría haber encontrado con la peor situación: retratarse a ojos de una parte de los suyos como un histórico traidor y que ni siquiera así se parase la intervención de la autonomía. Puigdemont proponía un acuerdo. Rajoy pedía una claudicación y luego prometía generosidad.

¿Significa que todo está roto? ¿Es inevitable la intervención de la autonomía y la DUI? Aún no. Y al menos este jueves ha quedado claro algo: que el president de la Generalitat está buscando una salida desde la responsabilidad, que evite una declaración de independencia unilateral e irrealizable, que evite también la suspensión del autogobierno y el caos institucional. Esquivar el choque de trenes y ejercer, por primera vez en mucho tiempo, como el president de todos los catalanes. Una salida que, hasta hace unos días, se supone que era también la deseada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para Carles Puigdemont, convocar esas elecciones o siquiera admitir que estaba dispuesto a hacerlo es tanto como reconocer una evidencia dolorosa para sus votantes: que la independencia no es viable hoy y que declararla solo llevaría a una situación aún peor. Durante las horas en las que la convocatoria electoral estuvo sobre la mesa, la reacción en la calle, en las redes sociales y en la coalición del Govern demuestra hasta qué punto dar ese paso fragmentaría tanto su propio partido como su imagen pública como el movimiento independentista en su totalidad. Aunque aún no haya convocado elecciones, que las haya planteado públicamente solo puede interpretarse como una buena señal. Puigdemont ya ha recorrido la parte más dura en el camino hacia un acuerdo. Solo falta la pista de aterrizaje. La duda es si el PP la quiere despejar.

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Abolir la ley de la gravedad

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Que Carles Puigdemont no vaya a ir al Senado solo permite ser pesimista sobre la situación. No es el único indicio. Todo apunta a que el Govern se encamina hacia una declaración unilateral de independencia que llevará a un 155 aún más contundente, la suspensión del autogobierno e incluso a la detención o la cárcel para el president de la Generalitat. “La respuesta del Estado va a ser igual de dura, en cualquier caso, así que solo nos queda la dignidad”, dicen desde el mundo independentista. Gana el viejo adagio de la lucha anarquista: el “cuanto peor, mejor”. 

¿Se puede declarar la independencia de Catalunya? Se puede, igual que se puede decretar el fin de la gravitación universal. Se puede, pero hacerlo no supondrá ni que todos flotemos ni el nacimiento de la república catalana. Todo nuevo Estado necesita algunos ingredientes que no están; el independentismo catalán no cuenta con la fuerza necesaria para crear esa nueva realidad. No hay un ejército. No hay apoyos internacionales. No está tampoco de su lado el poder económico –la banca y las grandes empresas ya se han autodeterminado–. No hay apoyo social suficiente y declarar la independencia sobre la ficción de un referéndum donde solo participó el 43% de la sociedad es tan ingenuo como esos pasos que, persiguiendo al Correcaminos, suele dar el Coyote sobre el vacío, sobre un abismo, antes de caer; antes de descubrir que la ley de la gravedad sigue en vigor. 

Solo los más ingenuos entre los dirigentes independentistas pensaban que este otoño iban a decir a España adiós. Los más informados, o los más tácticos, admitían en privado que eso no iba a ocurrir, pero sí creían que esta derrota los acercaría a la victoria final. En el mejor de los casos, esperaban lograr la fuerza suficiente como para convocar a medio plazo ese referéndum que reivindica el 80% de los catalanes –también los no independentistas–. En el peor, pensaban que la dureza del Estado en su respuesta les ayudaría a ensanchar la base social independentista. Bajo su punto de vista, este pulso era un ‘win-win’. 

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Poder absoluto en Catalunya para Mariano Rajoy

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“No se pueden hacer peor las cosas”, ha afirmado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa de hoy. Mariano Rajoy acierta de pleno: no han podido hacer peor las cosas, ni él mismo ni tampoco Carles Puigdemont.

El 155 siempre fue un cheque en blanco: apenas dos frases que permiten al Gobierno y el Senado aprobar “las medidas necesarias” para hacer cumplir la Constitución. De todo el abanico disponible, el presidente Rajoy –con el respaldo de PSOE y Ciudadanos– ha optado por la peor versión: asumir absolutamente todas las competencias, todos los organismos, todas las consellerías, hasta que se convoquen las elecciones.

El presidente número 131 de la Generalitat de Catalunya se llamará Mariano Rajoy Brey. ¿Para qué buscar siquiera a alguien de consenso entre los catalanes teniéndole a él, líder de un partido que es la quinta fuerza política en Catalunya, con apenas el 8,5% de los votos?

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