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Lo que Rajoy no ha contado en su interrogatorio ante la Audiencia Nacional

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Los testigos que declaran ante la Audiencia Nacional se suelen sentar en una silla frente al tribunal, responden sin la asistencia de un abogado defensor y están obligados a decir la verdad. Rajoy no fue un testigo más. Se sentó en una silla privilegiada, a la derecha del tribunal, contó con la inestimable ayuda de dos abogados defensores –el de Luis Bárcenas, que interrumpió cada pregunta incómoda, y el propio presidente del tribunal– y en cuanto a decir la verdad… a la segunda ya tal.

“Mi responsabilidad era política, no económica”.

Falso. Salvo que el Partido Popular sea la única organización en España donde el presidente no tiene responsabilidad ni conocimiento alguno sobre cómo se gasta y se consigue el dinero que la hace funcionar. También debe de ser el PP el único partido cuyo director de campaña no sabe cuánto dinero tiene para los gastos electorales.

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Los datos que el Gobierno oculta

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¿Cuántos hemos pagado todos los españoles por los sobrecostes de las grandes obras públicas? Es una pregunta pertinente porque detrás de estos ‘modificados’ en el precio de las líneas de AVE, las carreteras o los aeropuertos en ocasiones se esconde corrupción o mala gestión del dinero público. Las grandes constructoras se comprometen a un precio en los concursos que rara vez cumplen. En España, la factura final casi siempre aumenta. ¿En cuánto dinero? Es un secreto de Estado, tan confidencial que el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido acudir a los tribunales para que siga estando oculto. Hablamos de cientos de millones de euros cada año.

En diciembre de 2016, eldiario.es solicitó al Ministerio de Fomento los datos sobre los modificados de la gran obra pública de los últimos años: en cuánto aumentó el precio final sobre el presupuesto de adjudicación de los concursos públicos entre 2008 y 2015, un periodo en el que el Ministerio de Fomento presupuestó 30.000 millones de euros para estas obras. El Gobierno se negó a responder, pero el Consejo de la Transparencia nos dio la razón y obligó a Fomento a hacer públicos estos datos.

¿La respuesta del Gobierno? Recurrir a los tribunales. Presentar un recurso ante la Audiencia Nacional para intentar que esa información no salga a la luz. Gastar recursos de la abogacía del Estado para que los ciudadanos no sepan cómo se emplea el dinero de sus impuestos.

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Quién es realmente la "clase media trabajadora"

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Cristóbal Montoro pretendía repetir la misma jugada populista que ya hizo hace dos años: bajar los impuestos justo antes de las elecciones. Si coló una vez, ¿por qué no dos? Pero Ciudadanos también quiere aprovechar el tirón electoral de las rebajas fiscales y ha conseguido forzar al Gobierno a reducir en 2.000 millones el IRPF para el próximo año, en contra de lo que pretendía el ministro de Hacienda.

¿Cómo se repartirá ese regalo fiscal? Es una gran incógnita que por ahora no se ha concretado. Entre otras cosas, porque Montoro prefiere una rebaja generalizada, como la que aprobó hace dos años, y desde el partido de Albert Rivera dicen buscar una rebaja para limitada a aquellos que ganan entre 12.000 y 20.000 euros. A falta de conocer los detalles, los dirigentes de Ciudadanos dicen que será una rebaja para "la clase media trabajadora", para "los que menos tienen" y para las "familias numerosas". El problema es que estas tres categorías son completamente contradictorias.

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Llamar dictadura a la dictadura cuatro décadas más tarde

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Siglo XXI. Año 2017. Unión Europea. El rey Felipe de Borbón califica con rotundidad al franquismo como una "dictadura". Su padre nunca usó este término. Han pasado 42 años desde la muerte de Franco, 40 desde las primeras elecciones de este periodo democrático. Han pasado dos reyes y cuatro décadas, y el enorme retraso en admitir lo evidente deja claro el problema de desmemoria que tiene la democracia española.

El discurso del rey y la conmemoración del cuarenta aniversario de las elecciones de 1977 ha reabierto el debate sobre la Transición española; sobre sus luces y sus sombras. Sin duda, el sistema democrático que nació de la Transición ha sido un éxito para España. Pese a sus muchos defectos, pese a la última gran crisis económica, los últimos cuarenta años han sido, de largo, el periodo más próspero de nuestra historia.

No me atrevo a dar lecciones a aquellos que, con sus aciertos y errores, abordaron la difícil negociación con banda armada; los primeros años de una democracia amenazada a diario por el ruido de sables del búnker franquista. Probablemente tienen razón quienes argumentan que, en aquel momento, era difícil ir más lejos, y que por eso no quedó más remedio que apartar algunos temas, como el de las víctimas.

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El homenaje que la democracia española le debe al héroe Francesc Boix

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Francesc Boix fotografiado en Mauthausen / MHC (Fons Amical de Mauthausen)

Se llamaba Francesc Boix y en otro país distinto su nombre y su historia se enseñaría en las escuelas. Es el único español que declaró como testigo en los juicios de Nüremberg contra la cúpula del III Reich. Fue una de sus víctimas y también un héroe que ayudó a documentar el horror del régimen nazi. Boix acaba de ser homenajeado… en Francia. En España, su historia es ignorada.

Boix sobrevivió cuatro años y tres meses en Mauthausen. Fue uno de los 9.328 republicanos españoles que acabaron en los campos de concentración alemanes. Como todos los demás, Boix llegó allí tras la caída de la República, el exilio y la invasión alemana de Francia, donde fue capturado tras la derrota del ejército francés. Cuando entró en el campo de Mauthausen, Boix ya llevaba dos guerras sobre sus espaldas. Apenas tenía 20 años.

La mayor parte de los soldados derrotados por la invasión nazi de Francia acabó en campos de prisioneros convencionales, donde Alemania respetaba la convención de Ginebra. No fue el destino final para los soldados republicanos españoles que lucharon del lado francés en la Segunda Guerra Mundial. Tras unos meses en esos campos de prisioneros, después de las conversaciones entre Madrid y Berlín, los españoles fueron trasladados a otro lugar mucho peor por petición expresa de la dictadura franquista: los campos de exterminio nazis.

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Las mentiras de Mariano Rajoy durante la moción de censura

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Mariano Rajoy: “El fiscal general actúa con absoluta independencia frente a mi Gobierno”.

Falso, como bien sabe la penúltima fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que no siguió en el puesto porque  se negó a nombrar a Manuel Moix como jefe de Anticorrupción. O el antepenúltimo, Eduardo Torres Dulce, que dimitió tras un montón de encontronazos con el Gobierno de Rajoy. O el último, José Manuel Maza, que se mantiene el cargo a pesar de que ha sido reprobado por la mayoría absoluta del Parlamento: por todos los grupos parlamentarios con la única excepción del PP.

Mariano Rajoy: "El PP no es un partido corrupto. Por eso los electores nos renuevan la confianza".

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El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal pero mantiene sus consecuencias

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La amnistía fiscal fue "la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". Legitimó "la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron con su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica". Fue "la quiebra del objetivo de justicia del sistema tributario". No había ninguna "situación de extraordinaria urgencia" que justificase su aprobación con un decreto ley. Todo esto y mucho más dice el Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Ha sido declarada "nula". Sus consecuencias no se anularán.

El Constitucional ha estimado el recurso que presentó el PSOE contra esta injusta e insolidaria amnistía fiscal. La sentencia es de una enorme contundencia y se ha aprobado por unanimidad, también con el voto de los magistrados que nombró el Partido Popular. Políticamente es muy relevante. Tributariamente dará igual. 

La propia sentencia, en su penúltima página, incluye un detalle fundamental: que en aras de la "seguridad jurídica" las declaraciones de la amnistía fiscal se mantendrán. Aquellos que se aprovecharon de esta enorme ganga fiscal –como Rato, como Bárcenas, como Granados, como los Pujol– pueden dormir con tranquilidad. Sus amnistías no serán revisadas, a pesar de que solo pagaron de media un 3% del dinero que regularizaron. Fue mucho menos que el 10% que anunció el ministro Montoro. Fue menos que el IVA de una barra de pan.

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Comprar medios y periodistas con el dinero público

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Ocho ministerios del Gobierno de Rajoy van a pleitear en la Audiencia Nacional contra el Consejo de la Transparencia, un organismo del propio Gobierno. Van a los tribunales porque quieren ocultar cómo reparten la publicidad institucional: ese dinero público que algunos políticos administran como si fuese de su propiedad.

El Gobierno gastó 37,7 millones de euros en publicidad en 2015 y la mayoría de los ministerios se niega a explicar cómo se empleó ese presupuesto. Hace unos meses, eldiario.es solicitó esa información al Portal de Transparencia. Queríamos saber si ese dinero se había repartido según criterios objetivos de audiencia, como ordena la Ley de Publicidad Institucional. Transparencia nos dio la razón e instó a los ministerios a que entregasen los datos completos: cuánto se llevó cada medio. En vez de cumplir con este mandato, la respuesta del Gobierno ha sido pleitear. Solo se entiende si es que tienen algo que ocultar.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, los datos del reparto de la publicidad institucional son secretos en casi todas las administraciones españolas. Con esos fondos, algunos políticos compran periodistas, portadas, editoriales, columnistas, tertulianos… Detrás de la opacidad en este reparto publicitario se esconde la principal palanca para controlar a la prensa: una poderosa  herramienta para la propaganda y la censura.

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El extraño caso del juez que quería cobrar menos y trabajar más

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El juez García Castellón instruirá los casos Púnica y Lezo tras volver a la Audiencia Nacional

Todos los fragmentos de esta conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana son del 22 de noviembre de 2016 y figuran en el sumario del caso Lezo.

Ignacio González: Este poli me ha dicho que al Velasco le van a hacer… que quería ir al Supremo y le van a mandar al Supremo dice él, pero yo creo que no…

El hoy encarcelado Ignacio González, como siempre, tenía buena información sobre las maniobras judiciales del Gobierno del PP. Sus fuentes eran buenas. Según figura en el sumario, hablaba con "Rafa" Catalá, el ministro de Justicia. O con Enrique López, el juez habitual en los cursos de la FAES y que acaba de ser ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. O con Enrique Arnaldo, otro exvocal del Poder Judicial que incluso prometió a Ignacio González que iban a poner un fiscal general "bueno". O con Pedro González-Trevijano, magistrado del Tribunal Constitucional.

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Las mentiras del fiscal general del Estado sobre la dimisión de Manuel Moix

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El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, acaba de anunciar la dimisión de Manuel Moix, el jefe más nefasto que nunca antes ha tenido la Fiscalía Anticorrupción. Lo ha hecho en una rueda de prensa sin preguntas, un formato pensado para evitar ratos incómodos al máximo responsable de la Fiscalía, que aún tiene muchas cosas que explicar. Ha sido breve pero intenso. En menos tiempo, es difícil mentir más.

José Manuel Maza: “He podido constatar de manera absoluta que no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad o ilegalidad”

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