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GALICIA

La jueza De Lara busca facturas de los gobiernos de PP y PSOE en el Ayuntamiento de Santiago

Agentes de Vigilancia Aduanera se han presentado este viernes en oficinas municipales de Compostela y han recopilado durante una hora contratos de entre los años 2009 y 2015

La magistrada investiga las gestiones con empresas de Ángel Espadas, jefe de gabinete del exalcalde popular Gerardo Conde Roa

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Imagen de uno de los seguimientos realizados por Aduanas en las reuniones de Espadas con empresarios

Imagen de uno de los seguimientos realizados por Aduanas en las reuniones de Espadas con empresarios

Agentes de Vigilancia Aduanera se han presentado este viernes en el Ayuntamiento de Santiago para hacerse con cualquier tipo de documentación relacionada con la constructora compostelana Unika, para la que trabajó Ángel Espadas, quien fue mano derecha y jefe de Gabinete del ex alcalde popular Gerardo Conde Roa y que está siendo investigado por tráfico de influencias como presunto 'conseguidor' de contratos públicos. La operación policial, nuevamente en plena campaña electoral, fue ordenada este jueves por la jueza de Lugo instructora del caso Pokemon de presunta corrupción municipal, Pilar de Lara.

Durante la hora que los agentes de Aduanas permanecieron en el departamento de Intervención en el edificio administrativo de la calle Galeras reclamaron, según el oficio judicial que los habilitó para ello, “copia compulsada de todos los informes, dictámenes, resoluciones, deliberaciones, actas de reuniones, publicaciones, contratos, pagos y resoluciones de concursos, así como cualquier otra información disponible o que sea requerida por los funcionarios” de la empresas Unika Proyectos y Obras SA, de su unión temporal con la empresa Byco SA y de esta última en solitario “entre los años 2009 a 2015”.

Según la investigación judicial, tras su salida del Ayuntamiento, Ángel Espadas trabajó para la constructora compostelana Unika, cuyos responsables no están siendo investigados en el caso. De acuerdo con la tesis de los agentes, Espadas estaría en última instancia trabajando cómo 'abrelatas' para la concesionaria municipal Aquagest, que sí tiene varios directivos imputados.

Esta no es la primera vez que los nuevos gobiernos municipales de los ayuntamientos investigados por el caso Pokemon o sus múltiples derivadas tienen que entregar por orden judicial documentación relativa la anteriores gobiernos. Lo mismo hizo hace unos meses el Ayuntamiento de A Coruña por otra investigación similar.

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