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El Gobierno ordena a Hacienda que se abstenga de acusar a la infanta Cristina de delito fiscal por el caso Nóos

Tanto el presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre, como la directora general, Beatriz Viana, ya han recibido instrucciones para que eviten proceder contra la hija del rey

Los abogados del Estado saben ya que, aunque Anticorrupción la acuse, la Fiscalía se quedará sola en su intento de procesar a la esposa de Iñaki Urdangarin

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El juez investigará las supuestas irregularidades fiscales de la infanta Cristina

La infanta Cristina de Borbón, esposa de Iñaki Urdangarín e imputada en el 'caso Nóos'. / Efe

La dirección de la Agencia Tributaria tiene instrucciones muy claras de su responsable directo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que los representantes del Fisco en el procedimiento judicial del caso Nóos eviten a toda costa perseguir o acusar a la hija del rey, Cristina de Borbón y Grecia, a pesar de que el instructor de la causa, el magistrado José Castro, la imputó por haberse beneficiado de los delitos fiscales supuestamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, en la administración de Aizóon, propiedad al 50% de los dos miembros del matrimonio, y el instrumento que utilizaban para apoderarse de los fondos que lograban de las administraciones públicas, según aseguran fuentes de la Hacienda.

Y, en este caso, apuntan las mencionadas fuentes, no se trata de una ocurrencia del ministro. Montoro ha transmitido a sus subordinados una decisión del Gobiernom especialmente defendida por su presidente, Mariano Rajoy.

En el discurso de Navidad de 2011, y a cuenta del incipiente escándalo del Instituto Nóos, el rey Juan Carlos declaró de forma solemne que "todos los españoles son iguales ante la ley". Olvidó precisar que él es el único ciudadano irresponsable ante los tribunales y que la cuestión de la igualdad no queda tan clara cuando el objetivo de la Justicia se apellida Borbón y, además, es su hija. El Gobierno está decidido, aun así, a minimizar tanto como pueda la grave crisis institucional en la que está sumida España.

Incluso si el precio es dejar en evidencia al jefe del Estado. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho balance en los últimos días y está dispuesto a transmitir el mensaje de que unos españoles son más iguales que otros ante la ley. A pesar de que el partido del Gobierno vive su particular via crucis con el caso Bárcenas.

Primero la cadena de mando de la Fiscalía obligó al representante del Ministerio público en el caso Nóos, Pedro Horrach, a recurrir la decisión del juez instructor del fraude a las administraciones a recurrir la imputación de la infanta Cristina, la única integrante del consejo de administración de Nóos que no estaba imputada. Horrach cumplió las órdenes del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce y del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas.

Horrach logró su objetivo cuando la Audiencia de Palma decidió anular la decisión del juez Castro de imputar en la causa principal del caso Nóos, por el que estudia pedir hasta 17 años de cárcel para Urdangarin, una condena que se vería reducida a 4 años si el duque consorte de Palma admite su culpa y devuelve el dinero defraudado a las administraciones. Aún así, de los tres magistrados de la Audiencia que tomaron la decisión, uno emitió un voto particular que defendía la actuación del juez Castro.

Un fallo abierto

Y el auto final, a pesar de que desestimaba la imputación de la infanta en la causa principal, sugería que Cristina de Borbón sí podía ser imputada por delito fiscal. Castro aprovechó esta última grieta en el fallo de la Audiencia –que, por cierto, no descartaba definitivamente la imputación de la infanta, sino que invitaba al instructor a recabar más pruebas– y, apenas unos días después la imputó por delito fiscal sin que Horrach pudiera hacer nada porque, al fin y al cabo, el juez estaba siguiendo la doctrina de su instancia superior.

En las últimas semanas, Montoro se ha mostrado tajante con el presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre, y con la directora general del organismo, Beatriz Viana: deben asegurarse de que la Hacienda pública no acusa a la infanta aunque finalmente Castro logre imputarla en el procedimiento. Los responsables de la Agencia Tributaria tienen que aleccionar a todo el cuerpo de abogados del Estado, no sólo a los de Palma.

Es cuestión de días que Castro remita la parte de la causa que afecta a la Comunidad Valenciana al Tribunal Superior de la comunidad ante la inminente imputación del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos aforados porque son diputados autonómicos. Así que la Abogacía del Estado de Valencia también tiene que estar al día de las instrucciones del Gobierno de evitar acusar a la infanta Cristina.

Está por ver si Horrach recibe instrucciones en el mismo sentido. Su papel de abogado de los Borbón en Palma, a pesar de que el caso ha avanzado por la estrecha colaboración del fiscal anticorrupción con el juez Castro, ya le ha quemado suficiente y, de repetirse, un buen fiscal podría verse carbonizado. Además, aunque el fiscal acuse, si la Abogacía del Estado considera que no ha habido perjuicio para las arcas públicas, es difícil que la infanta llegue a sentarse en el banquillo.

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