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¡Barrionuevo! ¿Dónde está el Nani?

La sensación de impunidad sobre los abusos policiales no sería posible sin cierto grado de comprensión de la opinión pública, el escaso interés de los grandes medios de comunicación y la tolerancia de las principales fuerzas políticas

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Información publicada por Interviú sobre la desaparición de El Nani

Información publicada por Interviú sobre la desaparición de El Nani

Hoy hace 33 años desapareció Santiago Corella, 'el Nani'. La Policía Nacional lo torturó hasta la muerte en una comisaría de Madrid. Su cuerpo nunca ha aparecido. "Canta, Nani, canta. ¿Dónde está el oro?", le gritaban mientras lo torturaban. Cuando el Nani chillaba de dolor, los policías subían el volumen de un aparato de radio. Los gritos de el Nani llegaban hasta una habitación en la que estaba detenida su hermana, Consuelo Corella, que pedía a los policías que dejaran de pegarle. "¿Pero a quién, a quién?  ¿Tú ves que le estemos pegando a alguien? Te voy a dar una hostia para que se te pase el histerismo", le contestaban.

El Nani había sido detenido por un robo a una joyería dentro de una trama de policías que se repartían las joyas con los atracadores. Querían saber dónde se ocultaban 40 kilos de oro. El entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, autorizó la aplicación en este caso de la ley antiterrorista que permite incomunicar a los detenidos.

El Nani desapareció y durante siete meses la única versión fue la oficial: Corella se había dado a la fuga en un descampado al que le llevaron los policías para recuperar unas armas allí enterradas. Hasta que un periodista de Diario 16, Gregorio Roldán, empezó a hacerse eco de la denuncia de la familia. Y un juez se puso a investigar.

Como siempre que ocurre cuando hay una denuncia contra la Policía –da igual que sea 1983 o 2016– la respuesta fue la defensa cerrada de la versión oficial. La Dirección General de Policía amenazó con querellarse contra los familiares de el Nani y contra algunos medios que apuntaban a la Policía. "También los de ETA desaparecen y a nadie le parece raro", declaró un portavoz oficial.

El escándalo fue mayúsculo y finalmente tres policías fueron condenados a 29 años de prisión por la muerte de el Nani. Nunca revelaron dónde habían ocultado su cuerpo.

En los años que siguieron a la condena definitiva en 1990 por parte del Tribunal Supremo, medios de comunicación, responsables policiales y dirigentes de Interior se esforzaron en trasladar la idea de que las torturas a el Nani eran los últimos rescoldos de una Policía franquista que había accedido a la democracia sin ningún tipo de criba (como el Tribunal de Orden Público a la Audiencia Nacional, por poner otro ejemplo). Pero las cosas ya han cambiado –decían–, aquellos dinosaurios que soltaban hostias en las comisarías se han ido jubilando; la violencia policial, si es que existe, es algo absolutamente marginal, insistían.

Hace diez días, el diario ABC publicó en exclusiva el contenido de una grabación del máximo responsable de la Guardia Civil en las Islas Baleares, el coronel Jaume Barceló, en las que reconocía y justificaba los malos tratos: "Hostias y un golpe lo hemos dado ¡todos! Yo, así". Y seguía: "El que ha trabajado un poco en esta Guardia Civil y no ha soltado una paparra [un bofetón] es que ha trabajado poco, porque eso lo hemos hecho todos". "Yo me quité en el año 96-97, empecé a bajar, porque empecé en Policía Judicial en el 90 y a los cinco o seis años visto cómo iban los derroteros…".

Efectivamente, hostias ha habido y sigue habiéndolas, aunque apenas hayan tenido eco en los grandes medios de comunicación. Un estudio en Euskadi, encargado por el Gobierno vasco al Instituto Vasco de Criminología, identificó 4.009 personas que sufrieron torturas entre 1960 y 2013. El prestigioso forense Francisco Etxeberria, a cargo de este estudio, explicó que desde 2004 las denuncias han descendido.

En 2014 la Audiencia Nacional absolvió a 40 jóvenes acusados de pertenencia a ETA en una sentencia que desmontaba las confesiones obtenidas en comisaría. "La Convención contra la Tortura obliga a todo Estado a asegurarse que ninguna declaración que se demuestre ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en un procedimiento", decía la sentencia. A principios de noviembre, el Constitucional ordenó reabrir el caso de torturas a una de las jóvenes absueltas, Irati Mujika, porque la denuncia no había sido investigada de forma "eficaz". 

Los malos tratos continúan. A finales de octubre varios internos del CIE de Aluche denunciaron haber sido golpeados por la Policía después de abandonar una protesta pacífica contra estas cárceles para inmigrantes. Hay fotos y testimonios que atestiguan el maltrato policial. Y no es la primera vez, ni la segunda, en la que se denuncian abusos en los CIEs.

A pesar de la versión oficial de que los malos tratos de la Policía son anecdóticos, organizaciones internacionales han alertado de forma reiterada de la falta de voluntad para investigar las denuncias sobre violencia policial. Las autoridades españolas no aplican las medidas necesarias para erradicar las torturas e ignoran, en muchos casos, las denuncias presentadas por las víctimas.

Esta sensación de impunidad no sería posible sin cierto grado de comprensión de la opinión pública, el escaso interés de los grandes medios de comunicación y la tolerancia de las principales fuerzas políticas. Esta semana JxSí, Ciudadanos y PP rechazaron expulsar de la Policía a los mossos que mataron a Juan Andrés Benítez. Esta misma semana, los padres de Iñigo Cabacas –muerto por un pelotazo de la Ertzaintza– vivieron un capítulo más de su calvario a la búsqueda de una justicia que no llega entre la indiferencia del establishment político vasco. 

Si alguien levanta la voz puede terminar con problemas. El juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, dijo que "la tortura se ha producido de manera clara y yo he tenido muchos casos de sospecha", y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió que se actuase contra él.

Aunque algunas grietas se van abriendo en el discurso oficial de las autoridades, el silencio es la postura más cómoda. El uso exclusivo de fuentes policiales para informar de sucesos o terrorismo es una práctica habitual en las redacciones. Los que denuncian las actuaciones ilegales de la Policía pueden llegar a ser tachados de subversivos.

Recuerda José Luis Moreno-Ruiz en su libro ‘La vida modernosa’ aquel 1988 en el que se inició el juicio contra los policías implicados en la desaparición de el Nani: "Radio 3 comenzaba sus programas con una pregunta dirigida al entonces ministro sociata de Interior: "¡Barrionuevo! ¿Dónde está el Nani?". De ahí que se diera la puntilla a Radio 3, para convertirla en una especie de radiofórmula tontuna, y como de tuna, pero con pedigrí de calité".

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