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Exalcaldes y exconcejales acusados en el juicio de Santa Catalina piden la nulidad de toda la instrucción

Acusan al juez instructor, Luis Acayro Sánchez, de parcialidad y de abrir una "causa general"

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Las defensas de los exalcaldes y exconcejales de Castro Urdiales acusados en el juicio por irregularidades urbanísticas en la zona conocida como Santa Catalina, han pedido la nulidad "radical" de la instrucción realizada por el juez Luis Acayro Sánchez.

Todos ellos acusan al magistrado, entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro Urdiales, de "manifiesta falta de imparcialidad", de abrir una "causa general y prospectiva" que está "absolutamente prohibida" por el ordenamiento y de vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los imputados.

El juicio, en el que están acusadas 19 personas entre exconcejales y técnicos municipales del Ayuntamiento de Castro Urdiales, ha comenzado este martes en el salón de actos de Las Salesas, y está señalado para los días 20, 25, 27, 28 y 29 de septiembre.

Están acusados los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muruguza, los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Salvador Hierro, Pedro Olano, Teresa Pérez, Angeles Blanquet, Javier Zurbano, Pilar Villanueva, Paulino Lavín, Juan Tomás Molinero, Joaquín Antuñano, Jaime Díez Muro, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Santiago Vélez, y tres técnicos municipales.

Todos los abogados defensores han utilizado el mismo argumento para pedir la nulidad "radical" de toda la instrucción: que Acayro Sánchez abrió una causa "genérica" para investigar, no hechos concretos, sino toda la actuación del Ayuntamiento de Castro Urdiales con carácter "prospectivo" y buscando informes "a la carta", tomando como base un "anteproyecto" de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2004, que en 2010 "quedó en nada y se archivó".

"Se tiene que pescar en anzuelo, no echar la red a ver que se pesca", ha dicho uno de los letrados. A juicio de las defensas, el juez instructor ha demostrado una "manifiesta falta de imparcialidad" a través de "actitudes, conductas y decisiones que evidencian un prejuicio a la hora de enfrentarse al procedimiento".

A la vez, han denunciado que Acayro Sánchez "obvia el sistema de turnos y se autoproclama competente para conocer todos los procedimientos" que va abriendo a través de piezas separadas, y utiliza pruebas de otras causas para "construir una telaraña genérica y ahondar en esa supuesta trama".

LAS ACUSACIONES PARTICULARES NO SE PRESENTAN

El partido La Unión, que ejercía la acusación popular, anunció este mismo lunes su retirada, y las acusaciones particulares no se han presentado, con lo que los acusados únicamente se enfrenta a la acusación de la Fiscalía, que califica los hechos como delitos continuados de prevaricación, de prevaricación urbanística y como delitos de falsedad en documento público cometido por funcionario público.

Según el juez instructor y el fiscal, las presuntas irregularidades cometidas entre los años 2001 y 2008 en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina, supusieron la privación de 2.000 metros cuadrados de terreno destinado a equipamientos públicos previstos en el PGOU, así como la apertura de un vial que no estaba recogido en el planeamiento, lo que calculan que puede ser un menoscabo patrimonial para el Consistorio de unos 2,4 millones de euros.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que la construcción de ese vial, al que se le dio la denominación de calle Poeta Hierro, se realizó con informe desfavorable de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) y sin la preceptiva modificación del PGOU, que luego se intentó "camuflar" bajo otra denominación, y "en beneficio lucrativo" de los promotores de las construcciones llevadas a cabo y futuras y los propietarios de los terrenos.

El juez instructor considera que existen indicios de delito de prevaricación tanto en la modificación del PGOU, que afectó a cuatro unidades de actuación y que el magistrado tacha de "fraudulenta", como en los instrumentos de gestión y ejecución -estudio de detalle de la unidad de actuación 1.34 y proyecto de reparcelación y urbanización- y en la concesión de licencias.

Acayro Sánchez señala en el auto de apertura de juicio oral que dictó en septiembre del año 2011, que existían hasta cinco informes negativos y vinculantes de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) advirtiendo de ilegalidades, que han sido "conocidos, criticados y finalmente omitidos" por parte de los entonces concejales, que votaron en el Pleno "sabiendo perfectamente lo que se votaba".

PENAS DE INHABILITACIÓN

Todos los acusados se enfrentan a penas de inhabilitación salvo el exsecretario municipal César Saiz, para quien el fiscal pide seis años de cárcel por dos delitos de falsedad en documento público. El Ministerio Público también solicitó tres años de cárcel para Rufino Díaz Helguera por falsedad en documento público, pero en un auto posterior, la Audiencia provincial estimó parcialmente su recurso y acordó sobreseer la imputación por ese supuesto.

Por los delitos de prevaricación genérica, la petición de pena del Ministerio Fiscal llega hasta los diez años de inhabilitación para empleo o cargo público; por el de prevaricación urbanística nueve meses de inhabilitación y multa de 18.000 euros; y por los de falsedad en documento público las penas ascienden a tres años de cárcel y hasta 6.000 euros de multa.

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