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El TSJC rechaza suspender la ejecución forzosa de una sentencia que ordena demoler viviendas en Argoños

La Sala considera que el mandato de exigir garantías no imposibilita que la ejecución continúe

El auto da un tirón de orejas al Ejecutivo al recordar que la cuestión lleva "veinte años pendiente" y que la administración "ni ejecuta ni indemniza"

AMA hace un llamamiento a la tranquilidad y apunta que lo importante está en conocer el fallo del Supremo sobre los recursos de casación

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Aprobados los acuerdos para compensar a los afectados por derribos de cien viviendas de Argoños

Afectados por las sentencias de derribo en una marcha de protesta.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha rechazado suspender la ejecución forzosa de la sentencia que ordena la demolición de varias viviendas de la urbanización Las Llamas I de Argoños.

De esta manera, el tribunal confirma la decisión del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Santander, que rechazó la petición del Gobierno de Cantabria de iniciar un incidente de ejecución y paralizar así el derribo de estas viviendas que se encuentran en situación de ilegalidad.

El Ejecutivo regional planteaba tal incidente al amparo de la reforma legal de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece que antes de demoler debe exigirse la prestación de garantías suficientes para responder al pago de las indemnizaciones a los propietarios de buena fe.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo resuelve ahora el recurso de apelación contra la decisión del juez y la confirma. Para ello, alude a una resolución anterior de la propia Sala en la que se afirmaba que el mandato del nuevo precepto -la obligación de exigir la prestación de garantías para hacer frente a las indemnizaciones- "supone la anticipación de la barrera de protección mediante una suerte de tutela cautelar de unos derechos resarcitorios cuya lesión no se ha consumado, pero en el momento actual no imposibilita la continuación de la ejecución".

"Ni ejecutan ni indeminzan"

En el auto del juez de instancia, ahora confirmado, se señalaba que con este incidente de ejecución "se quiere hacer valer" la reforma legal en el sentido de interpretarla "como una suerte de causa de suspensión de la ejecución, pues antes de la demolición debe resolverse sobre las garantías a prestar".

"Y para resolver sobre esto, se entiende -la parte que lo plantea- que, además, debe resolverse primero, en vía administrativa, sobre las indemnizaciones, lo cual detendría, nuevamente, cualquier pretensión de demoler, esto es, de dar cumplimiento al fallo en sus términos", señalaba el magistrado.

Sin embargo, afirmaba el auto que "el fallo se ejecutará en sus términos demoliendo todo aquello que carezca de cobertura". "Cosa distinta -continuaba- es que además de atender a ese derecho fundamental y al sentido de la ejecución forzosa, se atienda a otros intereses y éstos se concilien con la ejecución".

Y es que, según señalaba el magistrado, "porque las administraciones obligadas ni ejecutan ni indemnizan, el legislador modifica este artículo para que el juez, de entre las medidas que debe acordar para el cumplimiento del fallo (no para incumplirlo, sustituirlo ni aplazarlo) adopte otra adicional (no en sustitución de), conciliando todos los intereses en juego".

Por ello, acordaba el juez que "no procede reabrir la cuestión ni volver a intentar suspender el curso de una ejecución que lleva veinte años pendiente sin que, realmente, se haya avanzado nada ni se haya resuelto otro problema, que no es nuevo, como es el de la indemnización a los perjudicados".

AMA, pendiente del Supremo

En declaraciones a eldiario.es, Antonio Vilela, portavoz de AMA (Asociación de Maltratado por la Administración), ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha manifestado su deseo de que este auto sea recurrido por el Gobierno autonómico, al igual que ha hecho con otras sentencias que van en la misma línea.

Vilela apunta que el fallo judicial es importante "dentro de la gravedad" pero sostiene que no es trascendental y, en este sentido, explica que los afectados lo que sí están esperando con "nerviosismo" es conocer qué va a pasar con los recursos de casación que están en el Tribunal Supremo y con el artículo 108.3 de la LRJCA (Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) que se aprobó en el Senado a iniciativa de AMA y otras asociaciones para garantizar el patrimonio de los terceros de buena fe antes del derribo.

"Lo que sí es verdad es que llevamos mucho tiempo y es una irresponsabilidad total sin que los planes generales estén a disposición de los jueces, y no me estraña ellos a veces también se cansen de estas situaciones", concluye.

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