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El fiscal interrogará a Prieto y al 'número dos' del PSE en Álava antes de decidir sobre la denuncia

Prieto ha remarcado que la contratación del PSE con Escoiba se efectuó "siempre siguiendo los criterios que se pedían y con absoluta normalidad" y que todas las obras son "demostrables".

Juan Calparsoro recaba informes del Ministerio del Interior y del propio partido para valorar si el parlamentario socialista pudo incurrir en fraude y falsedad documental.

Las declaraciones de Txarli Prieto y Víctor García ante la Fiscalía, que aun no tienen fecha, tendrán lugar en todo caso después de las elecciones del 24-M.

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Abren diligencias por las obras de la empresa del diputado Prieto para el PSE

El parlamentario del PSE atiende a los medios de comunicación.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, tiene ya muy avanzada la investigación que inició hace justo un mesa para determinar si el exsecretario general de los socialistas alaveses y actual parlamentario, Txarli Prieto, pudo incurrir en algun tipo de delito en las obras que su empresa realizó para reforzar la seguridad de las sedes del PSE-EE en Álava. El PSE en Álava adjudicó supuestamente 71.484 euros en obras durante los años 2010 y 2011 a la empresa Escoiba. Pero antes de tomar ninguna decisión sobre la denuncia anónima presentada ante el Ministerio público contra el cargo socialista, Calparsoro quiere tomar declaración a Prieto y al actual 'número dos' de los socialistas alaveses, el secretario de Organización, Víctor García Hidalgo, según han confirmado fuentes del ministerio público.

La inclusión de García Hidalgo en las declaraciones se explica por su condición de responsable de las finanzas en el PSE-EE de Álava, la persona que controla y supervisa los fondos del partido en esa provincia. Este tipo de contratos formalizados por el partido dependían también de él. La declaración de ambos no tendrá lugar hasta que pase el periodo electoral, para evitar así cualquier interferencia política en la campaña.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, abrió diligencias de investigación para tratar de determinar si el parlamentario del PSE-EE Txarli Prieto incurrió en delitos de fraude o falsedad documental en las obras que la empresa Escoiba, participada por el exlíder de los socialistas alaveses junto con su hermano, realizó para reforzar la seguridad en sedes del Partido Socialista en Álava ante la amenaza de la organización terrorista ETA.

Durante la primera parte de esta investigación, iniciada el pasado 15 de abril, Calparsoro ha recabado información de varias instituciones, incluido el propio partido socialista. Uno de los informes solicitados por la Fiscalía es el del Ministerio del Interior. Las obras acometidas por el partido pretendían mejorar la seguridad en las sedes del PSOE de Ribabellosa, Amurrio, Labastida, Llodio y Agurain. Un tipo de mejoras que se pagaban a cargo de las arcas públicas del Ejecutivo central, en concreto los fondos provenían del Ministerio de Interior.

Los Presupuestos Generales del Estado recogían una partida del Ministerio del Interior denominada 'Asignación anual a partidos políticos para sufragar gastos de seguridad'. Los fondos públicos eran finalistas, esto es, tenían que estar dedicados expresamente a la seguridad, en este caso de las casas del pueblo. De ahí que el Fiscal solicitara un informe al ministerio que dirige actualmente Jorge Fernández Díaz.

Investigación discreta

Calparsoro ha querido mantener la investigación alejada del foco mediático y, sobre todo, desde que la inició ha andado con especial tiento, al tratarse de una denuncia anónima. Al anunciarla aseguró que iría "con más cautela" porque al ser anónima había que chequear la validez y veracidad de la documentación aportada. La denuncia incluía los cheques del PSOE con algunos pagos y con algunas de las facturas emitidas por la empresa, que no están selladas y en las que figuran conceptos genéricos. El denunciante alegaba en su escrito que el hecho de que los conceptos fueran genéricos podía "enmascarar sobrecostes e incluso la efectiva realización de algún trabajo" en las sedes.

La investigación se inició a partir de una denuncia remitida al Fiscal Jefe de la Audiencia de Álava, Josu Izagirre, con fecha del 23 de marzo, y que éste trasladó posteriormente a Calparsoro para que la analizara. Desde el mismo día que se difundió la noticia, adelantada por la Cadena Ser, Prieto se puso a disposición del fiscal superior para aclarar cualquier extremo relacionado con los contratos. Ya entonces Prieto remarcó que la contratación de Escoiba se efectuó "siempre siguiendo los criterios que se pedían y con absoluta normalidad" y que todas las obras son "demostrables". La líder del PSE, Idoia Mendia, el mismo día que tuvo conocimiento de la noticia declaró al ser preguntada por una eventual:  "No hay ninguna razón para tomar ninguna medida, porque no hay ninguna irregularidad", además de que actualmente Txarli Prieto "no ocupa ningún cargo" en el partido, recordó.

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