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A Lakua se le abre un nuevo frente contra su Ley de Empleo Público

Erkoreka, tras una reunión del Consejo de Gobierno.

Aitor Guenaga

Bilbao —

Al Gobierno vasco se le ha abierto otro frente de oposición al anteproyecto de Ley de Empleo Publico aproba la semana pasada por el Consejo de Gobierno. A la oposición de todos los sindicatos ante una norma que afecta a 110.000 empleados públicos y que puede suponer la reducción de jornadas y salario, se ha sumado ahora la central mayoritaria en la Ertzaintza. El sindicato Erne denuncia un artículo concreto de la norma que blinda los puestos que ahora ocupan los trabajadores laborales en los denominados Servicios Auxilares de la Administración de Seguridad. En total, el citado artículo afecta a unos 400 empleados laborales (a finales de la legislatura pasada, en diciembre de 2012 el dato exacto era de 406 trabajadores).

El anteproyecto de ley cuenta con 202 artículos y 261 páginas y el artículo que hace referencia a estos puesto de trabajo que Lakua quiere blindar aparece difuminado entre las disposiciones adicionales de la norma en la página 229 y apenas si tiene dos líneas. Bajo el encabezamiento Servicios Auxiliares de Administración de Seguridad, se señala: “Los puestos de trabajo de los Servicios Auxiliares de la Administración de Seguridad, se clasifican como reservados a personal laboral”.

La mayor parte de esos puestos los desempeñan administrativos, aunque en ellos también se incluyen otros puestos como almacenistas, médicos, las personas que controlan los vehículos y otros desempeños incluidos en los Servicios Generales de Seguridad, la antigua UTAP, (Unidad Técnica Auxiliar de la Policía).

Segunda actividad

El sindicato mayoritario de la Ertzaintza, la central independiente Erne, considera que el Gobierno debe retirar esa reserva de puestos de trabajo porque impide que sean ocupados por ertzainas en situación de segunda actividad. “¿Para qué se pretende blindar estos puestos de la Administración?”, se pregunta un responsable de la central policial. “Creemos que en vez de reservarlos a los laborales, la norma los debería abrir a los agentes que están en segunda actividad, bien por ertzainas con determinadas discapacidades o que han accedido a la segunda actividad por edad”, reclama este responsable sindical.

El anteproyecto de ley, diseñado por los responsables de la Función Pública del Departamento de Administración Publica que dirige Josu Erkoreka, además abre la puerta en “situaciones excepcionales” a la declaración de excedencias parciales obligatorias o excedencias temporales, según han denunciado las centrales sindicales. El enfado de los cuatro sindicatos ELA, LAB, UGT y CC OO por la redacción actual ha motivado un frente de oposición al que ahora se suma también la central mayoritaria en la policía.

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