Maroto: “Ni nos han pillado ni ha habido delito”
“Ni tenemos nada de lo que arrepentirnos ni nada que esconder”. El alcalde Javier Maroto ha reiterado en comisión municipal que no presentará recurso para la apertura de un juicio contable en el Tribunal de Cuentas sobre la gestión del equipo de Alfonso Alonso en su época de alcalde de Vitoria. “No lo haremos para que a la oposición le salga el tiro por la culata”, ha declarado el alcalde. Maroto atribuye un carácter electoralista a los pasos dados por la oposición sobre este asunto y les reprocha que no hayan actuado antes si tan grave les parecía el contrato de alquiler firmado en el 2007. “Ni nos han pillado, ni ha habido delito. ¿Qué han hecho en estos ocho años desde que se firmó el contrato si tan grave les parecía? ¿No han hecho entonces su trabajo de oposición? No consta ni una denuncia en un tribunal ordinario. ¿O lo presentan ahora porque estamos a dos meses de las elecciones?”, ha declarado Maroto.
Las tres formaciones han rechazado estas acusaciones y han recordado que las indagaciones sobre este asunto, “que ha supuesto un gran quebrando económico a la ciudad y así lo ha declarado el máximo órgano fiscalizador”, vienen de lejos. Han mencionado la comisión de investigación desarrollada en el Ayuntamiento y las innumerables ocasiones que han interpelado al Gobierno sobre el tema. “Si todo esto se ha alargado ha sido por el poco interés suyo en aclarar este asunto”, le ha reprochado Borja Belandia, del PNV. Las formaciones han solicitado al alcalde, sin éxito, que rectifique su postura.
Depurar responsabilidades
Ante la negativa del regidor EH Bildu, al margen de las actuaciones del resto de los grupos municipales, ha avanzado que se personará para permitir dar continuidad al caso ahora en fase preliminar. “Tendrán que asumir todas las responsabilidades de toda la duración del contrato. Queda por pagar 493.000 euros de alquiler hasta la rescisión del contrato, perjuicio económico que tendrán que asumir”, ha advertido Antxon Belakortu, de EH Bildu.
Por su parte, el socialista Patxi Lazcoz ha explicado que el juicio contable permitirá depurar responsabilidades de esta índole y de otra, si las hay. “Entonces es cuando deberá actuar la Fiscalía”.
El contrato de alquiler cuestionado se firmó en 2007 cuando Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda. El Ayuntamiento de Vitoria arrendó unos locales en la calle San Antonio por un precio final de 7,6 millones de euros y durtante un periodo de veinte años, un precio que dobla el que pagó un año antes el propietario por la compra del inmueble, 2,7 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas del Estado ha impuesto una fianza de 500.000 euros a Maroto, Alonso y al resto de miembros del Gobierno municipal del PP de Vitoria al considerar que causaron un “perjuicio” a las arcas municipales.
