“En la sociedad hay miedo a denunciar los abusos policiales”
Para César Mazanos, el hecho de que se hayan registrado menos denuncias por malos tratos y torturas por parte de los cuerpos policiales no es una buena noticia. Manzanos, activista de la organización Salhaketa y profesor titular en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, cree que lo único que indica ese descenso es que las posibilidades de que un caso de malos tratos o torturas acabe en un proceso judicial son mínimas. ¿Por qué? “Pues porque existen una serie de dispositivos y mecanismos que lo impiden. Empezando por el miedo a denunciar”.
Manzanos forma parte de Salhaketa (que en euskera significa denuncia), una organización de apoyo y reivindicación de las personas presas, que denuncia las condiciones de vida en las cárceles. Recientemente, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (de la que forma parte Salhaketa) ha presentado su informe del año 2016, que recoge 117 situaciones en que se produjeron agresiones, torturas o malos tratos a un total de 259 personas por parte de los cuerpos policiales.
El ministro de Interior negaba hace unas semanas la existencia de torturas de España.
Esa actitud de negar es generalizada cuando se habla de situaciones de malos tratos, torturas y muertes bajo custodia en cualquier espacio, desde comisarías a centros de internamiento de extranjeros, centros de menores o cárceles.
O sea es una táctica de la Administración negar por negar.
Es una táctica que se ha dado y que se sigue dando. Y hay varios problemas. El primero es la deflación que ha habido en mecanismos garantistas para garantizar las condiciones de estancia de los presos o los detenidos en los recintos policiales. Todavía existe la detención incomunicada, que es una figura de dudosa legalidad. O se producen situaciones donde se retiene a una persona no sabe muy bien por qué, o en los CIES, que son lugares donde ni son comisarías ni cárceles. Y la gente está retenida un montón de tiempo. Todo eso son situaciones que facilitan la impunidad.
Existen protocolos que ha establecido la ONU o el Consejo de Europa y se han implementado en la legislación estatal.
Lo que ocurre es que luego no se aplican. El debate de fondo es que los mecanismos de investigación policial básicamente se centran en dos técnicas: la delación, es decir que alguien delate a otra persona para saber las cosas, y la coacción. Y lógicamente esto es muy difícil de controlar, sobre todo, en personas que saben que si denuncian torturas se enfrentan automáticamente a una contradenuncia por parte de la Policía. Eso les crea una situación de indefensión.
Por ejemplo, una persona que está en prisión y es golpeada por un funcionario. La versión que va a prevalecer va a ser la del funcionario del Estado frente al preso. Por eso, ese tipo de prácticas abusivas son muy fáciles de darse, ya que no hay posibilidades de denunciarlas. No hay más que ver lo que está ocurriendo con los inmigrantes, que se producen un montón de situaciones de abuso y después esas personas son expulsadas del país. Los inmigrantes saben que si van a denunciar y están en un CIE las posibilidades de ser expulsado son muy altas.
Cuando habla de que la coacción es una de las técnicas policiales para sacar información parece algo relacionado directamente con malos tratos.
Sí, la Policía juega con eso.
La consejera de Interior del Gobierno vasco se jacta de que la Ertzaintza no tiene ninguna condena judicial por torturas.
Claro, ahí está el problema. Con estos temas se produce un blindaje judicial muy importante para poder investigar las torturas. Las posibilidades de que un caso de malos tratos o torturas acabe en un proceso judicial son mínimas porque existe una serie de dispositivos y mecanismos que lo impiden. Empezando por el miedo a denunciar.
Eso quiere decir que la ausencia de condenas por torturas es una mala noticia.
Claro. Eso significa que no existen mecanismos de garantía para que la gente libremente pueda denunciar esas situaciones a través de procesamientos judiciales. La Policía hace unos informes y la fiscalía, normalmente, les hace caso sin investigar. Tendría que investigarse si la denuncia es verdadera o no. Y luego los jueces lo que hacen es simplemente firmar la versión de la fiscalía y de la Policía. Este circuito quiebra la garantía. Se suele decir que los policías y los fiscales almuerzan juntos.
Es decir, ¿hay una convivencia?
No existe la posibilidad de que se abra una investigación independiente.
Sin embargo, la Policía Nacional y la Guardia Civil sí que han sufrido varias condenas por torturas.
Sí, pero es muy difícil que se llegue al punto de que haya sentencias. Para que se den hay una intervención de terceros: acusación particular, abogados o de defensa digamos independiente.
Alguien que rompe ese circuito.
Efectivamente. Así se puede ver que un determinado cuerpo policial ha hecho ‘bien’ su trabajo, pero no porque no tenga condenas por torturas o malos tratos, sino porque ha sabido cómo construir una lógica de informes favorables a sus intereses e impedir que se visualicen las situaciones comprometidas.
El Consejo de Europa ha advertido al Gobierno español sobre los métodos que emplea la Guardia Civil.
Y no ha hecho ningún caso. Se trata de un círculo vicioso del que resulta muy difícil escapar. Los mecanismos de control sobre la Policía o los funcionarios de prisiones o cualquier sistema de reclusión son inexistentes porque no se ha apostado por organismos independientes para que vigilen.
Y el juez de vigilancia penitenciaria.
Pero no hay un mecanismo fluido. El juez no puede entrevistarse con el director de la cárcel o la junta de régimen para aclarar una denuncia. Se funciona en términos de amedrentamiento y coacción. Falla la libertad de poder denunciar sin miedo.
¿Por eso el último informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura dice que solo estamos ante la punta del iceberg en cuanto al número de denuncias?
En realidad, lo que más alarma es que el descenso se debe a factores como la conocida como ‘Ley Mordaza’, que frena las movilizaciones. Pero hay otro factor más importante, y es la forma en la que los diferentes cuerpos policiales trabajan para invisibilizar los malos tratos. Por otra parte, está la legitimación de la tortura a nivel social para extraer información. Es terrible porque se rompen los valores básicos que deben regir en la sociedad. Se funciona con impunidad y legitimidad social. El Estado se ha blindado para incumplir la ley, pero sin que se pueda denunciar. En la sociedad se ha instalado el miedo a denunciar los abusos policiales. El Estado busca garantizar su propia seguridad, más que los derechos y libertades de la propia ciudadanía.
