Hacia un nuevo contrato social

Puede verse como frustrante que dos siglos y medio después de que el filósofo francés, J.J. Rousseau, editara su famoso Contrato Social, la sociedad española –incluso probablemente, la europea- siga debatiendo sobre la búsqueda de un nuevo contrato social. Visto así, desde una perspectiva pesimista, los defensores a ultranza del progreso, calificarían de decepcionante un vistazo atrás si se trata de encontrar soluciones a problemas actuales. Tal opinión -enemiga de la historia, la mayoría de las ocasiones- no entiende que la relectura de las clásicos pueda aportar desenlaces positivos a las situaciones críticas.

Y es que de crisis, de sus múltiples aristas y de sus complicadas soluciones, tenemos que seguir hablando, cuando aún no hemos sido capaces de utilizar el pasado para referirnos a las consecuencias sociales, económicas , incluso políticas de los sucesos de 2007 en EE.UU.

El contrato social, por definición, es el pacto que los seres humanos vienen realizando cada vez que se encuentran en una situación de crisis. Así, aparecen ejemplos ingentes que sirven para explicar cómo Roma ante los pueblos centroeuropeos del “limes”, Isabel y Fernando con sus reinos de Castilla y Aragón, los partidos políticos durante la Transición o Bretton Woods y el mundo tras la II Guerra Mundial han utilizado un tipo de contrato político, social, o económico en su búsqueda por salir de situaciones calamitosas, inseguras, críticas. La historia tiene actores políticos, sociales, antiguos y nuevos, que construyen el futuro desde un presente crítico.

El contrato social tiene otra característica además: es normalmente el fruto final de una relación que nace entre desiguales y que requiere, por tanto, de negociaciones profundas, largas, tediosas en ocasiones, que nivelen esa situación hacia posturas que sean asumibles por las partes a la hora de la firma final. Es fundamental así que, desde la libre voluntad de los contrayentes, nadie se considere al final, vencedor/a ni vencida/o. Si un pacto no deja insatisfechas a ambas partes, desde lo que había sido su postura inicial, muy probablemente esté condenado al fracaso en un tiempo no muy largo.

Encuentra el contrato, el pacto, sin embargo, detractores cuando el tiempo de negociaciones se alarga más de lo previsto. Son ocasiones en que los esfuerzos empleados para actuar sobre problemas concretos parecen infinitamente mayores que los logros cosechados. (En algo de esto estamos, por cierto, en este impasse por dotarnos de un gobierno estable en España). Entonces surge el desánimo y la desconfianza en los negociadores, se critica su incapacidad, cuando no mediocridad y se les hace responsables últimos de la endeblez del acuerdo conseguido. Habrá ocasiones en que así sea, pero habrá otras en las que esos/as intermediarios/as sufran de las mismas flaquezas que sus propios representados (sociedad, empresa, sindicato,…).

No se debe rechazar ningún acuerdo a priori situados en la atalaya de la verdad absoluta. Nada hay en esta sociedad nuestra inmutable y sujeto, por tanto, de una posible modificación. Porque el contrato social, en el fondo, es el deseo de un proyecto ético de convivencia que necesita de objetivos en el planteamiento inicial, de reposo durante la negociación y de resultados en el acuerdo. Cada uno en su “tempo”, cada cual en su esencia.

Estamos en estos momentos en una encrucijada importante. Nos cuestionamos, con razón, verdades que parecían atadas durante y por siglos (soberanía nacional, Europa, derechos individuales y colectivos, igualdad de género,…) pero que están envejeciendo mal en estas primera décadas de centuria. Y no hay que tener ningún miedo de encararlas, si lo hacemos desde el respeto, el reconocimiento de las diferencias y el convencimiento de luchar por un futuro mejor. Mencionaré algunas por situar la cuestión.

Pese a las alarmas que sindicatos y economistas encendieron antes de la Gran Recesión de 2008 por el sobredimensionamiento de la burbuja inmobiliaria en España que pondrían en peligro las bases del Estado de Bienestar tal y como lo hemos conocido, ni los gobiernos ni las instituciones europeas tomaron las medidas necesarias que recondujeran la situación. El resultado lo tenemos a la vista: crecimiento del desempleo, reducción drástica de las rentas mínimas, empobrecimiento, desolación. Se hace necesario, por tanto, una revisión completa que devuelva el papel importante que tuvieron las rentas de trabajo en la configuración de los derechos adquiridos en el Estado del bienestar: sanidad universal y pública, educación gratuita, pensiones, seguro de desempleo, atención a los dependientes,… Es necesario, así un contrato social que reconstruya las bases de un nuevo Estado del Bienestar.

Son cada vez más los intelectuales que advierten de la privatización de la distribución del conocimiento. Las élites con su rebelión (“secesión”, en opinión de Joaquín Estefanía) han conseguido que escuela, policía, sanidad y el resto de servicios públicos comunes hayan dejado de ser un asunto crucial para la extensión de la democracia en un país y han apostado por una postura arrogante que ignora todo aquello de lo que no sacan beneficio propio. La LOMCE, ley segregadora por antonomasia, con la disculpa de la mejora de resultados para disminuir las altas tasas de abandono escolar, consigue, sin embargo, el efecto contrario: una “evaluacionitis” que estigmatiza centros y alumnado. Hay que modificar, por tanto, tal situación: reconstruir un pacto social por la distribución correcta del acceso al conocimiento debe de ser nuevamente una prioridad en las agendas políticas nacionales.

Y así podríamos continuar, apelando a ese nuevo contrato social que señale pactos necesarios por la igualdad de género, para la distribución en las cargas fiscales o por una más eficaz construcción europea. Los asuntos están sobre la mesa. La expectación pública, máxima. Tan solo falta acertar con los/as negociadores/as.