Alaya envía al Supremo las actas del Gobierno andaluz con las ayudas a empresas

La juez Mercedes Alaya ha remitido al Tribunal Supremo diez actas del Consejo de Gobierno andaluz en las que se aprobaron entre 2001 y 2010 modificaciones presupuestarias del programa 31L de la Consejería de Empleo, conocido como “fondo de reptiles” y destinado a ayudas sociolaborales y a empresas.

En las tres primera actas, de 2001, los expedientes tienen las cantidades en pesetas porque hasta 2002 no empezó la circulación del euro, y el total de los diez expedientes suman 162,2 millones de euros.

El Supremo había pedido a Alaya esas actas porque no constaban en la documentación que le remitió en verano pasado por la presencia de cinco aforados en la causa, dos de ellos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

“Dada la escasa redacción del contenido de los diferentes puntos en las actas examinadas, en algunos casos ha sido imposible deducir si las modificaciones presupuestarias a las que se refiere serían para el abono de ayudas sociolaborales o a empresas”, señala la juez en su auto, al que ha tenido acceso Efe.

Por ello, “se han cotejado con aquellos expedientes que constan unidos a las actuaciones y con los informes de la Intervención General del Estado”, indica Alaya, que también remite expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 22E de la Consejería de Empleo aprobadas por Consejo de Gobierno en 2000.

Además, la juez indica que constan tres actas en las que se aprueban otras modificaciones presupuestarias por valor de 5,4 millones que afectan al programa 31L, “pero no constan en la causa (salvo error), los expedientes relativos a las mismas, por lo que no queda acreditado si fueron destinadas al pago de ayudas sociolaborales o a empresas”.

Ante esa duda, la juez indica que “se hace necesario reclamar de la Junta de Andalucía, a través de su representación legal, copia de estos tres expedientes con el fin de conocer si dichas modificaciones presupuestarias estaban destinadas también al pago de subvenciones sociolaborales y a empresas”.

La juez también requiera a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que le entregue toda la información entregada a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.