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La Audiencia Nacional estudia el viernes si excarcela a los grapos Ortega y Oliveira

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La Audiencia Nacional estudia el viernes si excarcela a otros trece etarras

La Audiencia Nacional estudia el viernes si excarcela a otros trece etarras

La Audiencia Nacional estudiará en su pleno del próximo viernes la petición de excarcelación de los miembros de los Grapo Laureano Ortega y Olga Oliveira, en aplicación de la sentencia de Estrasburgo que anuló la 'doctrina Parot'.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha informado sobre la petición de revisión de condena de doce etarras y también de dos grapos, las cuales discutirán el viernes los 17 magistrados del pleno de la Sala de lo Penal que ya dejaron en libertad a once etarras que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debían haber sido excarcelados.

Uno de los miembros de los Grapo que se tratará es Laureano Ortega, considerado como jefe de la banda terrorista e integrante del "comando Josefa Jiménez", que fue detenido en 1992 por la Guardia Civil en Santander y ya ha sido condenado por diversos atentados en la Audiencia Nacional.

En 1994 fue condenado a 11 años de prisión por haber colocado dos bombas en la vía férrea Madrid-Badajoz, a otros 15 años por pertenencia a banda armada y por el robo en 1991 de las armas de dos vigilantes jurados en Zaragoza y a 36 años más por robar más de 122 millones de pesetas en una entidad bancaria tras secuestrar al apoderado de la misma.

En 1995, la Audiencia Nacional lo condenó a 27 años de prisión por atentar, en 1990, contra unas instalaciones petroleras de Repsol en Tarragona y planear el secuestro de un empresario madrileño, y en 1996 lo condenó a 26 años por el asesinato del empresario Claudio San Martín, quien se había negado a pagar el "impuesto revolucionario" exigido por la banda en La Coruña en mayo de 1988.

También se revisará el cumplimiento de condena de Oliveira, sentenciada en 1995 a 40 años de cárcel por la Audiencia Nacional por el atentado contra el complejo industrial de Repsol. Un año después, el mismo tribunal la condenó a por colocar en septiembre de 1990 un artefacto explosivo en la sede del PSC-PSOE de Barcelona.

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