La Audiencia Nacional rebaja de 30 a 10 millones la fianza a Díaz Ferrán

La Audiencia Nacional ha rebajado de 30 a 10 millones de euros la fianza impuesta al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al considerar que “podría ser excesiva” la cifra inicial, además de su avanzada edad (70 años) y su arraigo personal y familiar.

Así lo ha ordenado la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal en un auto en el que estima parcialmente el recurso presentado por el empresario contra esta medida, si bien los magistrados subrayan que existen razones para mantenerla, aunque reducida, ante la “suficiencia de indicios” en su contra.

“Nos encontramos ante una serie de hechos delictivos dolosos, premeditados, sistemáticos, cometidos concertadamente, de forma organizada y reiterados en el tiempo que afectan a una gran pluralidad de víctimas”, argumentan.

Según relata la resolución, el imputado diseñó una estrategia junto con el dueño de Marsans, Ángel De Cabo -que como él cumplirá mañana su segundo mes en prisión por orden del juez Eloy Velasco-, y su socio ya fallecido Gonzalo Pascual, “para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial”.

Una estrategia que consistió, recuerda la sala, en el traspaso del grupo y de su patrimonio personal y familiar al entramado de De Cabo para crear una “aparente insolvencia” y evitar así pagar a los acreedores del grupo.

Para ello, Díaz Ferrán se sirvió de testaferros y complejas estructuras societarias creadas por el dueño de Marsans, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales, lo cual “legitima”, para la Audiencia Nacional, la imposición de una fianza para que pueda eludir la cárcel.

No obstante, el auto explica que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, esta medida no tiene por objeto garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias de Díaz Ferrán, sino evitar que se sustraiga a la acción de la justicia, por lo que considera que la fianza de 30 millones que le fijó Velasco el pasado 5 de diciembre “podría ser excesiva”.

Asimismo, el tribunal valora la avanzada edad del expresidente de la CEOE y su arraigo personal y familiar al tener un domicilio conocido en Madrid que comparte con su esposa.

La misma sala tiene pendiente aún de resolver los recursos de los otros arrestados en la operación Crucero, entre ellos el de De Cabo, para el que se fijó una cantidad de 50 millones de euros, la más alta de la historia.

Además, el juez impuso otras fianzas contra buena parte del entorno del dueño de Marsans: 30 millones de euros en el caso de su mano derecha, Iván Losada, y 500.000 euros para su cuñado, Teodoro Garrido, los supuestos testaferros Antonio García Escribano y José Pardo Manrique y el financiero Carmelo Estélles, aunque éste último ya quedó en libertad el pasado 25 de enero tras abonar esa cifra.