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Desde Carrillo al "váyase señor González" en el archivo de audio del Congreso

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Desde Carrillo al "váyase señor González" en el archivo de audio del Congreso

Desde Carrillo al "váyase señor González" en el archivo de audio del Congreso

Escuchar a Santiago Carrillo alabando la figura del rey Juan Carlos en 1978, a Manuel Fraga defendiendo una enmienda de la Constitución Española, o rememorar el famoso "váyase señor González" de José María Aznar de 1994 es posible ya gracias al nuevo archivo de audio digital del Congreso de los Diputados.

A un sólo clic a través de su página web, cualquier ciudadano puede acceder al documento sonoro de las sesiones de la Cámara desde 1977 hasta 1996 y, a partir de ese año, ya en vídeo digitalizado.

Novedades que han presentado hoy en rueda de prensa el vicepresidente segundo del Congreso, Javier Barrero (PSOE), y el secretario cuarto de la Mesa, Teófilo de Luis (PP), y que se suman al proceso de modernización y digitalización emprendido por la Cámara en los últimos años.

En total son 18.000 viejas cintas magnéticas de bobina abierta que han sido copiadas a formato digital para ponerlas a disposición de todo aquel que se quiera zambullir en las sesiones parlamentarias de aquellos años y escuchar las voces de sus protagonistas.

Además del sonido o el vídeo desde 1977 hasta nuestros días, el Congreso ha digitalizado ya todos los diarios de sesiones desde 1810, aunque por el inmenso volumen que ocupan -medio millón de páginas- aún no es posible acceder a este archivo a través de la web de la Cámara.

La idea es que hacia final de año también se puedan consultar todas las votaciones -con nombres y apellidos de los diputados- que se han producido en el Congreso desde 1977.

Barrero se ha felicitado porque el Congreso se pone "a la cabeza" en este ámbito de la modernización con respecto a los países de nuestro entorno.

De forma paralela, los servicios de informática han habilitado ya la conexión entre la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Seguridad Social (IGSS) para que los diputados puedan acceder en tiempo real a datos sobre la ejecución de los presupuestos.

La ley que regula la Oficina Presupuestaria de la Cortes Generales se aprobó en 2010, pero hasta ahora no ha sido posible ponerla en marcha, entre otras razones, por la complejidad técnica de la pasarela informática que conecta la Intervención General del Estado y el Congreso y el Senado.

No obstante, esta información de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado no estará disponible para los ciudadanos, sino sólo para los diputados que, además, necesitarán autorización de su portavoz parlamentario para solicitar cualquier partida.

Eso sí, una vez que la IGAE o la IGSS responda a un determinado diputado, esa información ya estará disponible para el resto de parlamentarios.

"Es una vieja reivindicación que teníamos los diputados", ha asegurado Barrero, que considera que ese nuevo acceso a los datos de la ejecución presupuestaria permitirán mejorar el trabajo de diputados y senadores.

Por su parte, Teófilo de Luis ha aplaudido la puesta en marcha de una plataforma que hará "más fluido" el trabajo parlamentario y ha justificado la necesidad de que el diputado tenga que pedir autorización a su portavoz para evitar consultas reiteradas y que la Oficina Presupuestaria se colapse.

Otro de los proyectos en los que está trabajando la Cámara es en agilizar la difusión de las respuestas del Gobierno a preguntas que formulan por escrito los diferentes diputados y que, a día de hoy, se publican en el Boletín Oficial del Congreso con semanas de retraso.

Se pretende que esas respuestas también puedan consultarse por vía telemática a través de un formulario de fácil acceso y apenas unos días después de que las reciba el propio diputado que formula pregunta.

En cuanto al Portal de la Transparencia del Congreso que se puso en marcha el pasado 26 de febrero, la Cámara ha contestado ya a unas 40 preguntas formuladas por ciudadanos, aunque alguna se ha denegado por afectar a materias reservadas, como la seguridad nacional, tal y como establece la propia Ley de Transparencia.

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