Catalá afirma que la orden de la Fiscalía es una “circular aclaratoria”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comentado que la circular del fiscal jefe de la Audiencia Nacional a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se trata de “una circular administrativa” y “aclaratoria”, que es consecuencia de la reforma del Tribunal Constitucional.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cuenca, el ministro de Justicia ha comentado la circular de la Fiscalía Nacional en la que ordena a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que elaboren informes o atestados y los remitan a los tribunales, si en el proceso independentista catalán se produjera un delito de sedición.

Catalá ha detallado que tiene como finalidad “aclarar procedimientos de actuación” y “facilitar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, para determinar “a qué órgano jurisdiccional corresponde la competencia en función de los tipos de delito”.

También establece reglas de cuáles son los asuntos que se derivarán al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y cuáles a la Audiencia Nacional.

“Es una circular técnica, aclaratoria de la competencia de los órganos jurisdiccionales”, ha sostenido Catalá, que ha admitido que, “en los momentos actuales, puede ser relacionado con la situación actual, pero no prejuzga nada”.

Catalá ha explicado que la Abogacía General del Estado ha presentado ya el recurso para la impugnación ante el Tribunal Constitucional y se ha mostrado confiado en que este órgano judicial admitirá a trámite dicho recurso, que conlleva la suspensión de la resolución aprobada en el parlamento catalán y el inicio de la tramitación.

De este modo, se dará traslado del mismo al Parlamento de Cataluña para que pueda presentar la alegaciones que considere oportunas en un plazo de veinte días, por lo que con esa contestación, el Tribunal Constitucional elaborará su propuesta de resolución.

En el recurso, ha explicado el ministro de Justicia y cabeza de lista del PP de Cuenca al Congreso de los Diputados, el Gobierno central ha pedido al Constitucional que aperciba a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que pueden ser suspendidos en sus funciones y perseguidos por desobediencia si incumplen sus mandatos.

Asimismo, Catalá ha destacado que, con esta iniciativa, también se advierte sobre la presentación de proyectos de ley que promuevan la desconexión de Cataluña con España.

De este modo, el ministro de Justicia ha valorado que la reforma del Tribunal Constitucional, “pese a que algunos la criticaron mucho”, “se ve ahora que tenía todo el sentido”, porque “lleva consigo la imposibilidad de que el Parlamento admita a trámite o el gobierno presente un proyecto de ley”.

Por lo tanto, ha recalcado, se bloquea que se puedan promover reformas legales en esa dirección.

“Es muy importante cualitativamente la reforma del Tribunal Constitucional, porque se le ha dotado de medidas de ejecución de sus resoluciones más intensas de lo que antes tenía”, ha sostenido el ministro, pues ha señalado que “antes había lagunas interpretativas y carencias, que han quedado colmadas con esa reforma”.