El Congreso sopesa si el exjefe de Antifraude de Cataluña puede comparecer ante la Cámara

La Comisión de Investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior sopesa si el juez y exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso comparece por escrito o en su propio despacho después de que hayan surgido dudas legales sobre su comparecencia del próximo miércoles en el Congreso.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso están convocados en el Congreso el 5 de abril en el marco de la investigación por el uso partidista del medio del Ministerio del Interior contra políticos nacionalistas.

Según han confirmado a EFE fuentes jurídicas y parlamentarias, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha remitido un escrito al Congreso en el que señala que los magistrados no están obligados a comparecer ante “autoridades civiles y militares” por asuntos que no se refieran a su cargo.

En su escrito, Lesmes recuerda que el artículo 399.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que cuando una autoridad civil o militar precise datos o declaraciones de un juez o magistrado “se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquél, previo aviso”.

Un precepto legal que choca con el de la Ley Orgánica que regula las comisiones parlamentarias de investigación.

Ley que en su artículo primero obliga a todos los ciudadanos españoles y extranjeros que residan en España a comparecer ante las comisiones de investigación a las que sean requeridos.

De no hacerlo, se enfrentan a una condena por un delito de desobediencia grave.

No obstante, el escrito del presidente del CGPJ no presupone que Daniel de Alfonso no pueda comparecer en persona y voluntariamente ante el Congreso tal y como estaba previsto, sino que comunica ese artículo de la Ley del Poder Judicial a los efectos oportunos.

Fuentes parlamentarias han explicado a EFE que el presidente de la Comisión de Investigación, el diputado del PNV Mikel Legarda, se va a poner en contacto con el resto de los grupos para intentar consensuar una posición común sobre el formato de la declaración de Daniel de Alfonso ante estas dudas de procedimiento.

Tras medio año de retrasos debido, entre otros factores, a la enfermedad de Jorge Fernández Díaz, la comisión echó a andar el pasado día 9 de marzo.

Impulsada por el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos y apoyada por Podemos y Ciudadanos, nació precisamente después de que se destaparan en julio las conversaciones entre Fernández Díaz y Alfonso en las que hablan de posibles investigaciones a dirigentes de CDC o ERC implicados en el proceso soberanista y de posteriores filtraciones a la prensa.