La Fiscalía renuncia reclamar 483,6 millones a Griñán por responsabilidad civil

La Fiscalía ha planteado “dejar sin efecto” su petición de responsabilidades civiles a los 22 excargos del Gobierno andaluz acusados en la pieza política de los ERE, que en el caso del expresidente José Antonio Griñán sumaban 483,6 millones, tras la renuncia al proceso de la perjudicada, la Junta.

La Fiscalía ha planteado esta renuncia como cuestión previa al tribunal que enjuicia esta causa, una renuncia general a todas las responsabilidades civiles pedidas en su escrito de acusación inicial a 15 de los 22 acusados, a los que acusa de un delito de malversación por el que además les pide entre seis y ocho años de cárcel en función de sus competencias y los años que ostentaron sus cargos.

Por ello, la cuantía que reclamaba a cada uno oscilaba entre los 740,4 millones pedidos al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo Javier Guerrero; los 483 millones que pedía a Griñán y a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; los 429,5 millones que pedía al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; o los 215 millones de euros que exigía al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, entre los principales encausados.

No reclamaba responsabilidades civiles, y por ende pecuniarias, a los otros siete -entre ellos el expresidente Manuel Chaves-, a los que solo acusa de un delito prevaricación por el que pide para ellos diez años de inhabilitación.

Las razones alegadas por la Fiscalía para renunciar a esta petición es el escrito de los letrados de la Junta, personada inicialmente como acusación particular, que pidió el sobreseimiento de la causa y se apartó así de la vía penal “con la expresa reserva de la acción civil en su calidad de parte perjudicada”.

En lo que respecta a la petición de responsabilidades civiles, la acusación popular del PP pide en su escrito de acusación que “los autores del delito responderán solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2011 del programa 31L y 22E”.

En ambos casos, Fiscalía y PP señalaban restar de esas responsabilidades civiles el dinero que recupere la Junta mediante los expedientes de reintegro incoados de oficio por vía administrativa.

Precisamente, en las cuestiones previas, la Fiscalía ha solicitado también añadir a la lista de testigos solicitados la comparecencia del exconsejero de Economía Antonio Ávila, que estuvo imputado y fue uno de los 24 investigados sobre los que el juez instructor archivó el caso.

Justifica que es “necesario” que declare “para el exacto conocimiento de las decisiones tomadas por la Junta de Andalucía sobre los reintegros de las ayudas en su día concedidas habida cuenta del cargo institucional que desempeñaba”.

Ávila formó parte del equipo de la consejería de Economía cuando la dirigía José Antonio Griñán quien, al ascender a la Presidencia de la Junta en el año 2009, le nombró consejero de Presidencia si bien cuando estalló el caso ERE había cambiado a la cartera de Economía a la que desde 2012 se sumó Empleo, departamento que inició (y aún le compete) la revisión de las ayudas sociolaborales y de reclamar su reintegro en caso de fraude.