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El Gobierno de Navarra expulsa a un maestro investigado por su relación con un grupo crítico en la izquierda abertzale
El Gobierno de Navarra ha acordado este miércoles sancionar con la separación del servicio, lo que supone la pérdida de su condición de funcionario, a F.J.S.A., profesor del colegio de Urdax-Zugarramurdi, por una falta muy grave consistente en el abandono del servicio sin justificación.
Se resuelve así el expediente disciplinario incoado al citado funcionario, perteneciente al Cuerpo de Maestros adscrito al Departamento de Educación, que dejó de acudir a su puesto de trabajo el 24 de febrero de 2014.
Con posterioridad, se tuvo conocimiento de que F.J.S.A., exconcejal de Herri Batasuna en Ansoáin (Navarra) y quien cumplió una condena de diez años en Francia por pertenencia a ETA, estaba siendo investigado por las fuerzas de seguridad como presunto líder de un movimiento crítico en la izquierda abertzale llamado 'Ibil', que aboga por continuar con el terrorismo de ETA.
Según se expone en el acuerdo del Gobierno, el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra indica en su artículo 56, que los funcionarios están obligados a “asistir puntualmente al correspondiente lugar de trabajo y a cumplir estrictamente la jornada que reglamentariamente se determine”.
Por tanto, el citado Estatuto considera falta disciplinaria muy grave el abandono del servicio, entendido como “la ausencia continuada e injustificada al trabajo durante más de un mes”.
A juicio del Gobierno, la falta cometida es merecedora de la máxima sanción -la separación del servicio- en atención a su naturaleza, “ya que el abandono del servicio ha de considerarse que es la más grave que puede cometer un funcionario, puesto que supone el incumplimiento del deber inicial y más básico de la relación funcionarial, como es la pura y simple prestación del servicio”.
Subraya, además, la perturbación ocasionada, ya que su ausencia continúa a día de hoy, y el perjuicio que ha originado a los ciudadanos, concretamente al alumnado “que se ha visto sometido a cambios de profesorado, con el evidente perjuicio que ello le supone al faltar la necesaria continuidad y estabilidad en la prestación del servicio educativo”.
