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El Gobierno canario dice que "no dejará de atender a nadie que lo necesite"

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El Gobierno canario dice que "no dejará de atender a nadie que lo necesite"

El Gobierno canario dice que "no dejará de atender a nadie que lo necesite"

El Gobierno de Canarias "será respetuoso con la legalidad" al aplicar la nueva regulación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, pero "no dejará de atender a nadie que lo necesite", según ha anunciado hoy su viceconsejero portavoz, Martín Marrero.

El Gobierno de Canarias se sumó ayer a los del País Vasco, Andalucía y Asturias en un comunicado conjunto en el que expresaban su desacuerdo con la retirada de medicamentos de la financiación pública y con "implantación de un sistema de aseguramiento ya superado en España que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles" y "a extranjeros que residen en España".

Al término de la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Marrero ha censurado la poca información que, a 48 horas de la entrada en vigor de las nuevas medidas (el próximo sábado, 1 de septiembre), tienen las autonomías sobre el nuevo marco legal, más allá de las declaraciones que ha hecho la ministra, Ana Mato.

El portavoz del Gobierno canario ha dicho que, en estos momentos, desconocen cuántas personas se verán afectadas por la nueva regulación, pero ha recalcado que la sanidad "es un derecho universal, fundamental y básico para la cohesión social".

Marrero ha asegurado que, en Canarias, la sanidad pública "no dejará de atender a nadie que lo necesite", no solo por un "principio de humanidad", sino también por los criterios éticos a los que están sujetos los profesionales médicos.

"El Gobierno de Canarias no permitirá que nadie que necesite ser atendido y no tenga recursos económicos no reciba esa atención", ha subrayado el viceconsejero, quien ha agregado que se respetará la legalidad, "como no puede ser de otra manera por un principio de responsabilidad institucional".

El Ejecutivo canario considera que la salud es "un derecho fundamental y universal, no como una declaración retórica sino como un factor básico de cohesión social", ha resaltado.

"Aún con respeto a la legalidad vigente, lo que sí garantiza el Gobierno canario es que no se dejará de atender a nadie que lo necesite y no pueda sufragarse esa atención", ha reiterado.

Martín Marrero ha argumentado que sigue pendiente una orden ministerial que desarrolle el Real Decreto sobre diversos aspectos como, por ejemplo, cuál será el método para atender las exenciones que plantea para mujeres embarazadas, menores de edad o pacientes crónicos que ya están recibiendo atención de la sanidad pública.

El portavoz del Ejecutivo no ha considerado necesario emitir orden alguna a los médicos con la posición de Canarias.

"No se ha abordado esto en el Consejo de Gobierno", ha alegado, "lo que sí se ha tratado es que, con estos requisitos, a las personas que necesiten una atención y no tengan medios para sufragarla se las atenderá por un principio de humanidad".

En la misma línea, ha defendido que "la propia ética y deontología de los profesionales de la salud no hace necesario el trámite de una orden, es una cuestión básica y de derecho fundamental".

Según Marrero, Canarias sigue esperando una orden ministerial que entre en los detalles que establece el Real Decreto.

"¡Ojalá esa orden regulara la postura del Gobierno de Canarias! pero, en cualquier caso, quienes necesiten asistencia sanitaria y no pueden sufragarla pueden estar tranquilos que la seguirán teniendo en los centros canarios de la salud", ha vuelto a insistir, ante las preguntas de los periodistas.

Para el portavoz del Gobierno de Canarias, el Real Decreto es bastante genérico en cuanto a quiénes se atiende o no, por lo que se necesita "conocer la orden correspondiente que establezca los métodos, determine mejor las exenciones y aclare qué habrá que hacer en el caso de que se preste la atención sanitaria para después facturarla".

Martín Marrero ha dicho que solo se conocen las declaraciones de la ministra y que Ana Mato ha hablado de facturar a los países de origen de estas personas, pero ha recordado que hay naciones con los que no existen convenios al respecto.

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