HRW critica al Ejército chileno por no esforzarse en decir la verdad

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo hoy que el Ejército de Chile no ha hecho un esfuerzo riguroso por llegar a la verdad y determinar los responsables de crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).

En declaraciones a la emisora Radio Cooperativa, Vivanco se refiere a los pactos de silencio que existen en el Ejército, como sucedió hace algunos días cuando Fernando Guzmán, un exrecluta, que también formó parte de una patrulla militar que quemó a dos jóvenes, rompió el compromiso y confesó su participación en los hechos, lo que ha determinado la detención y procesamiento de 12 exmilitares.

En opinión de Vivanco, la revelación de nuevos antecedentes en el “caso Quemados” resulta “contradictorio, sobre todo si se nos quiere hacer creer que el Ejército ha hecho un esfuerzo interno de depuración para esclarecer estos hechos y, sin embargo, no se habían enterado de que un recluta contaba con información tan esencial”.

“Eso al menos genera una sospecha fundada de que aquí no ha habido un esfuerzo serio, riguroso, honesto por decir la verdad”, dijo Vivanco.

Vivanco asegura que no le sorprende, “por la naturaleza cruel de la dictadura”, que fuera el general Augusto Pinochet (presidente de Chile durante aquel régimen y fallecido el 10 de diciembre de 2006) quien encubrió detalles del “caso Quemados”, tal como apuntan archivos de la CIA en Estados Unidos.

Según documentos desclasificados del Gobierno de Estados Unidos publicados este viernes, Pinochet fue el principal encubridor y rechazó investigar el caso de dos jóvenes que fueron quemados vivos por militares en 1986,

Los documentos, hasta ahora secretos y procedentes de la Casa Blanca, la CIA y el Departamento de Estado, revelan que ese encubrimiento duró casi tres décadas e incluyó el secuestro e intimidación de testigos, así como el ejercicio de presión sobre jueces y abogados chilenos.

El Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó los documentos en su página web.

Rodrigo Rojas, que entonces tenía 19 años, y Carmen Gloria Quintana, de 18, fueron detenidos por una patrulla militar el 2 de julio de 1986 en un barrio de Santiago, rociados con gasolina y quemados.

Después los soldados los llevaron a las afueras de la ciudad y los arrojaron a una zanja junto a un camino rural de la que lograron salir unas horas después y pedir ayuda, aunque Rojas falleció 96 días después.

El director del capítulo de las Américas de HRW, señaló que “el impacto que provocó el caso marcó un giro a la relación entre la dictadura de Pinochet” y el gobierno del presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989).

“Era el propio Pinochet el que tenía el poder para impedir que se supiera la verdad, y proteger y encubrir a través de la Fiscalía Militar a los autores reales de esta atrocidad”, concluyó el funcionario.

En la época, la versión oficial fue que los jóvenes se habían quemado al inflamarse unas cócteles molotov que portaban y en el juicio consiguiente sólo el jefe de la patrulla, Pedro Fernández Dittus, fue condenado a 600 días de prisión por homicidio involuntario.

Sin embargo, Guzmán confesó su participación en los hechos y sostuvo que el verdadero autor no fue Fernández Dittus, sino Julio Castañer, un oficial perteneciente al Servicio de Inteligencia que está entre los nuevos procesados.

Los avances en el “Caso Quemados” han sido bien recibidos por las asociaciones de víctimas de la dictadura de Pinochet, aunque persisten las dudas sobre si las revelaciones del exrecluta constituyen un caso aislado o si sentarán un precedente para resolver otros episodios oscuros del régimen militar.