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Hacienda responde a los partidos que la Ley no permite dar datos sobre las cuentas en Suiza del padre del Rey

Los datos fiscales tienen "carácter reservado" pero sí se pueden facilitar a las comisiones parlamentarias de investigación

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El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, advirtió hoy de que la Ley General Tributaria no permite al Gobierno informar sobre las cuentas suizas de Don Juan, el padre del Rey Don Juan Carlos.

Miguel Ferre respondió así durante la rueda de prensa que tuvo lugar hoy en el Ministerio para presentar la campaña de la declaración de la renta de 2012. Al ser preguntado si Don Juan había declarado a Hacienda los fondos que tenía en sus cuentas en Suiza, el secretario de Estado afirmó que "el Ministerio de Hacienda no puede difundir datos de obligados tributarios" y alegó: "no podemos hacer otra cosa que lo que nos marca la Ley General Tributaria".

Ante la pregunta de si el Gobierno informará a los grupos parlamentarios que han registrado ya o tienen previsto hacerlo preguntas sobre estas cuentas y la herencia recibida por el Rey Don Juan Carlos, Miguel Ferro aseguró: "una pregunta parlamentaria tampoco nos permite saltarnos el mandato legal de la Ley General Tributaria".

Miguel Ferre se refería al artículo 95 de la citada Ley en el que se dice que "los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros".

Este principio general tiene salvedades, ya que estos datos sí pueden ser cedidos si tienen por objeto: colaborar con la Justicia y el Ministerio fiscal en la investigación de delitos; colaborar con otras administraciones tributarias; colaborar con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; colaborar con las Administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal y contra el fraude en la obtención de ayudas a cargo de fondos públicos; la colaboración con comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido; o la colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; entre otros.

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