El PDeCAT pide deje de ser secreto el gasto del despliegue de agentes a Cataluña

El PDeCAT ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para pedir que se descatalogue como materia “reservada” toda la información relativa a la Operación Copérnico, es decir, que se pueda conocer el gasto que supone el despliegue de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña.

Según el texto de la propuesta, los diputados nacionalistas Jordi Xuclá y Carles Campuzano, que firman la iniciativa, se trata de conocer los datos de ese despliegue en el periodo septiembre-diciembre de este año.

Además, el PDeCAT insta al Gobierno a que en el plazo de dos meses presente un informe ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja que detalle el número de efectivos desplazados por meses, el gasto también desglosado y las funciones y actuaciones desarrolladas por los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En la exposición de motivos, los diputados catalanes recuerdan que en las últimas semanas el partido ha presentado en el Congreso y en el Senado más de un centenar de preguntas y otras iniciativas parlamentarias solicitando esa información.

Pero la respuesta del Gobierno “ha sido negativa”, indica el PDeCAT, porque “ha otorgado a esa información la clasificación genérica de 'reservado'” y ha expresado que la difusión de esos datos “puede vulnerar la normativa reguladora de materias clasificadas”.

Y “puede afectar a la eficacia de los mismos y, por lo tanto, poner en riesgo las instituciones y personas objeto de protección”, les ha respondido el Ejecutivo.

Tras esta respuesta, el PDeCAT cree que en 2017 “no resulta admisible la decisión de opacidad y falta de transparencia del Gobierno ante actuaciones tan significativas como las que ha llevado a cabo en Cataluña durante las pasadas semanas”.

Para los nacionalistas, que el Ejecutivo considere la “operación Copérnico” materia reservada implica “incorporar la opacidad a sus acciones de Gobierno”, así como “haber aprobado una Ley de Transparencia e incumplirla”.

“Es una violación de los derechos parlamentarios y del derecho a saber de la sociedad, a la vez que comporta un uso abusivo y desproporcionado del aparato del Estado”, concluye la iniciativa.

Precisamente, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha sido interpelado en las Cortes por este asunto y esgrimió los mismos argumentos que en las respuestas del Gobierno al PDeCAT para no ofrecer información del despliegue.