Panamá tramita salvoconducto para sacar a magistrados refugiados de Venezuela

La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, dijo hoy que el país está tramitando un “salvoconducto” para sacar de Venezuela a los dos magistrados venezolanos que la semana pasada acudieron a la residencia del embajador panameño en Caracas para pedir protección.

“Estamos en el trámite con el Gobierno de Venezuela de los respectivos salvoconductos para que puedan salir de territorio venezolano e ingresar en territorio panameño”, explicó a los periodistas De Saint Malo.

Los dos magistrados venezolanos, considerados por el máximo tribunal de ese país “traidores a la patria”, ingresaron en la embajada de Panamá el pasado 4 de agosto y desde entonces han permanecido allí, confirmó la jefa de la diplomacia panameña.

Se trata del magistrado suplente y abogado de la Fiscal General de Venezuela, Gustavo Sosa Izaguirre, y del magistrado suplente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Manuel Antonio Espinoza Melet.

Sosa Izaguirre y Espinoza Melet son dos de los 33 magistrados nombrados por el Parlamento de mayoría opositora y cuya designación no fue reconocida por el Gobierno de Nicolás Maduro. Algunos de sus compañeros han pedido asilo en la embajada de Chile en Venezuela o han huido a Colombia.

Al principio de la crisis venezolana, el Gobierno de Panamá se mostró dialogante y apostó por el entendimiento, pero en los últimos días ha endurecido su discurso y se ha sumado al grupo de países y organismos internacionales que no reconocen la nueva Asamblea Constituyente.

De Saint Malo, de hecho, participó el pasado 8 de agosto en la reunión de cancilleres convocada de urgencia en Lima para condenar la situación en Venezuela y dijo recientemente que el país centroamericano no descarta retirar a su embajador en Caracas.

En un procedimiento urgente en diciembre de 2015, el Parlamento venezolano, entonces controlado por el chavismo, designó a decenas de jueces justo después de la holgada victoria opositora en las legislativas del 6 de diciembre y antes de que traspasara el poder de la Cámara a la nueva mayoría.

El pasado 21 de julio, la oposición venezolana aprobó las designaciones de los nuevos magistrados, pero el Supremo no reconoció los nombramientos y advirtió a los 33 juristas que estaban incurriendo en “delitos de traición a la patria”.

Maduro, por su parte, dijo que los 33 magistrados irán presos “uno por uno” y se les congelarían sus bienes y sus cuentas bancarias.