Partidos políticos, sindicatos y patronales deberán sacar a concurso sus adjudicaciones
Los sindicatos, asociaciones empresariales, partidos políticos y fundaciones cuya financiación proceda “mayoritariamente” de recursos públicos (más del 50%) van a tener que sacar a concurso los contratos que lleven a cabo una vez entre en vigor la nueva Ley de Contratos Públicos, según ha explicado este martes la subsecretaria de Administraciones Públicas, Pilar Platero. Esas organizaciones deberán publicar sus concursos en sus páginas web o por otros medios, como prensa.
La novedad está incuida en el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 17 de abril. Otra de las novedades del texto es la de tener en cuenta el periodo medio de pago a proveedores (30 días) de las empresas que opten a contratos públicos a la hora de evaluar su solvencia económica. El objetivo, según ha explicado Platero en un encuentro informativo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es “evitar situaciones angustiosas” de las subcontratas de las adjudicatarias que actualmente sufren retrasos en los pagos.
Este criterio se tendrá en cuenta, sobre todo, en las licitaciones con un periodo de ejecución más largo. Las subcontratas, además, no podrán renunciar a su derecho a cobrar en el plazo de pago, como sucede ahora si se lo exige la adjudicataria.
Platero también ha anunciado que se va a “eliminar”, en aras de una mayor publicidad en las contrataciones de la Administración, el procedimiento de contratación negociado sin publicidad, por el que el licitador elige directamente quién puede presentar ofertas. Se creará un procedimiento nuevo, el “abierto simplificado”, que “va a ser público” y va a permitir participar a “todos los empresarios interesados”. El periodo para resolver la adjudicación “no va a ir más allá de un mes en todas las tramitaciones”. No obstante, se mantiene la figura de los contratos menores para aquellos por debajo de 18.000 euros, aunque se eliminan los actuales topes para servicios y suministros (60.000 euros) y obras (200.000 euros).
El 42% de las adjudicaciones
Platero ha señalado que “en ocasiones, puede estar justificado un procedimiento negociado sin publicidad” por razones de seguridad del Estado, “o si ha habido una subasta y ha quedado desierta o sólo hay un proveedor”, pero en ocasiones “queda la duda de si ha habido un uso abusivo”. Así, ha señalado que el 42% de las licitaciones anunciadas en la plataforma el año pasado por la Administración central han ido por esta vía.
Para “abrir el abanico al mayor número de empresas posibles que estén interesadas en acudir a licitaciones”, como “norma general” el anteproyecto prevé trocear los contratos en varios lotes, una práctica que ya es posible aunque actualmente es preciso justificar que no se desagrega una licitación. Con la nueva ley, será al revés: habrá que motivar por qué no se divide en varios lotes.
Se trata de “un guiño especial a las pymes que conforman el tejido empresarial español”, según Platero, que ha asegurado que no supondrá un aumento de costes “porque hay más competencia”.
Otro de los objetivos de la ley es el de reducir las cargas administrativas, una queja habitual de los contratistas, que se enfrentan a “procedimientos excesivamente largos”, según la subsecretaria de Hacienda. Para presentarse una licitación, los oferentes que estén inscritos en el registro de licitadores sólo tendrán que presentar una declaración responsable para ahorrarse trámites como la presentación de las copias de las escrituras de constitución de la sociedad cada vez que acuden a un concurso. Sólo si resultan adjudicatarias deberán acreditar que cumplen lo declarado previamente.
La ley también incluye un nuevo procedimiento, el de “asociación para la innovación”, por el que se proporcionará financiación pública para actividades de I+D en obras o servicios que no se puedan satisfacer con soluciones existentes en el mercado. Habrá una primera fase de innovación en la que se pagará a las empresas los costes en los que se incurran, y luego se adjudicará el contrato entre los finalistas.
Platero no ha garantizado que la norma entre en vigor en esta legislatura, ya que todavía tienen que dar su opinión sobre el anteproyecto diversos órganos, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Consejo Económico y Social (CES). Posteriormente, la ley deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria. “Dependemos del calendario electoral, pero tenemos un compromiso con Bruselas”, ha dicho la subsecretaria. La fecha tope es abril del próximo año, cuando España debe tener incorporadas a su ordenamiento jurídico tres directivas europeas en esta materia.
