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Procesados por terrorismo en Perú rechazan el uso de "testigos sin rostro"

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Procesados por terrorismo en Perú rechazan el uso de "testigos sin rostro"

Procesados por terrorismo en Perú rechazan el uso de "testigos sin rostro"

Los 44 peruanos procesados por terrorismo por pertenecer al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) rechazaron hoy que los jueces estén llamando a "testigos sin rostro" para demostrar su presunta responsabilidad, declaró hoy uno de los acusados y abogado Alfredo Crespo.

El proceso por los presuntos delitos de terrorismo en la modalidad de afiliación y dirigencia, y por tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de financiación al terrorismo, está en la etapa de la investigación judicial, explicó Crespo en declaraciones a Efe.

La justicia peruana detuvo a 28 personas en abril pasado por ser dirigentes y militantes del Movadef, considerado el brazo político de la banda armada Sendero Luminoso, pero actualmente todos los que fueron capturados entonces acuden al proceso en libertad, dijo Crespo.

Otros 10 procesados están en prisión por condenas previas por terrorismo y seis no fueron ubicados por la justicia.

Crespo aseguró que "ninguno de nuestros miembros ha cometido un acto de terrorismo" y que las órdenes de detención no tenían "ningún fundamente jurídico (porque) no hay ninguna prueba que nos vincule con algún delito".

"El Movadef ya tiene cinco años y ninguno de sus miembros ha cometido ningún delito. Lo único que tienen es su derecho a su ideología y a la libertad de expresión y pensamiento", afirmó.

Tal como el abogado reconoció, "los principales dirigentes del Movadef son también abogados de Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Osmán Morote y varios miembros del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, que ya están condenados, pero tienen derecho a su defensa".

Crespo, uno de los fundadores de Movadef y uno de los dirigentes que fue excarcelado, denunció "las violaciones al debido proceso y las garantías judiciales que se vienen cometiendo, que apuntan a detener nuevamente a los dirigentes y activistas de Movadef".

El también acusado dijo que "los testigos sin rostro son personas de las que no se conoce su identidad, nosotros no conocemos su idoneidad moral para declarar" y "lo único que buscan es tener un beneficio del proceso, que le rebajen o le eliminen la pena", dado que también son presos por terrorismo que han pertenecido a Sendero.

"A nosotros no nos garantiza nada que se utilicen estos testigos sin rostro, que son de la época de (el expresidente Alberto) Fujimori, cuando había jueces sin rostro (para procesar por terrorismo)", anotó Crespo.

Los testigos sin rostro llamados por la Fiscalía han señalado los presuntos vínculos de los dirigentes del Movadef con el Partido Comunista del Perú (como se identifica Sendero) y con las actividades del narcotráfico.

El abogado se quejó también de que "se están programando las audiencias en forma separada, separando a los procesados que están en un mismo caso", con lo cual se impide la coordinación que realiza la defensa, a cargo de un equipo de letrados dirigidos por Crespo.

Además, "están violando el debido proceso al programar la declaración de testigos claves sin ningún control judicial, se le ha delegado esa responsabilidad a la fiscalía", que toman los testimonios por videoconferencia, sin la presencia del juez ni la defensa, agregó.

En opinión de Crespo, el juicio contra los miembros de Movadef "se abrió dentro de un contexto de persecución política que hoy el gobierno de Ollanta Humala lleva adelante contra los comunistas, contra los marxistas-leninistas-pensamiento Gonzalo, contra los demócratas y contra todo aquel que discrepe del régimen".

Según el dirigente, la supuesta persecución tiene como objetivo "la destrucción del Movadef e impedir que participe en la vida política del país".

El Gobierno peruano ha rechazado la liberación de los dirigentes del Movadef, cuya vinculación con Sendero es evidente, según manifestó Humala en agosto pasado, y que puede representar el retorno del terrorismo en el país, en opinión del ministro del Interior, Daniel Urresti.

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