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Protección de Datos avala el sistema de identificación de la Guardia Civil que Amaiur criticó comparándolo con la Stasi

La resolución dictamina que son "identificaciones selectivas y de interés policial"

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La Agencia Estatal de Protección de Datos ha avalado el sistema de identificaciones de ciudadanos que usa la Guardia Civil, mediante el cual se introducen determinados datos personales de interés policial en una base de datos denominada Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO). Este sistema fue objeto de denuncia por parte de Amaiur en el Congreso de los Diputados donde la coalición abertzale llegó a compararlo con el modelo empleado por la Stasi (la policía secreta de la Republica Democrática Alemana) o la policía de Vichy (la policía francesa bajo la ocupación nazi).

"Durante años, bajo el argumento de la lucha contra ETA se han cometido todo tipo de excesos y violaciones de la ley", denunció el diputado de Amaiur Jon Iñarritu en una pregunta parlamentaria dirigida al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, durante una sesión de control al Gobierno en mayo del año pasado. Comparaba las prácticas de la Guardia Civil con las de regímenes totalitarios y denunciaba la existencia de "identificaciones indiscriminadas".

Ahora la Agencia Estatal de Protección de Datos ha dictado una resolución en la que dice que "las identificaciones son selectivas y de interés policial, no realizándose de forma indiscriminada ni conforme a un cupo por agente". Añade que "los datos se recaban en función de la relevancia que le atribuye el agente en función del punto de identificación, sin que existan campos obligatorios ni un modelo común".

Según las investigaciones realizadas por este organismo, "el número de identificaciones por patrulla oscila entre el 0'17 por ciento y el 0,32 por ciento" y "del conjunto de personas identificadas se graban los datos de las que parecen más relevantes, almacenándose una de cada cuatro identificaciones".

Acredita Protección de Datos que existe un "sistema robusto" de asignación de permisos para garantizar que cada usuario está autorizado para introducir y consultar datos en SIGO y que únicamente tiene acceso a la información necesaria para el desempeño de sus funciones.

"NECESARIO" PARA BUSCAR A PERSONAS DESAPARECIDAS O RESCATES

La información se bloquea 24 meses después de su recogida y a los seis meses se restringe su consulta salvo a quienes tengan autorización para ello. Asimismo la resolución recuerda que estas bases de datos también sirven para llevar a cabo operaciones de "rescate, búsqueda de desaparecidos o auxilio en carretera" para lo que "es necesario llevar un registro".

La Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, también dispone que "Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública".

Fue la Unión de Guardias Civiles (UGC) de Navarra la primera en denunciar que sus mandos habían pedido a los guardias "identificar al mayor número de personas posible" con su nombre y con datos como el número de móvil o los lugares de donde procedían y a donde se dirigían en el momento de su identificación para luego archivarlos.

También la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) de Alicante denunció públicamente la orden de sus mandos para realizar identificaciones de ciudadanos en la provincia e incluir los datos en el sistema denominado SIGO. En contra, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) acusó a estas asociaciones profesionales de beneficiar a los próximos a ETA en referencia a Amaiur.

IU ACUSÓ A LA GUARDIA CIVIL DE NO CUMPLIR LA LEY

Además de Amaiur, estas denuncias también fueron recogidas en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Izquierda Plural. Su Diputado Ricardo Sixto acusó al Ministerio y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de "no cumplir la Ley en algunos sitios". "No es legal el sistema que utiliza la Guardia Civil para incorporar datos de la ciudadanía a la base de datos", dijo el pasado 12 de marzo en presencia del ministro Jorge Fernández Díaz durante una Comisión de Interior en la Cámara Baja.

El resolución de la Agencia de Protección de Datos se produce después de que un particular presentase el pasado 2 de abril una denuncia ante este organismo contra el sistema SIGO alegando que en esa base de datos se incluye información de ciudadanos sin antecedentes penales sin que se informe a los afectados y cuyo objeto es "justificar el trabajo de la Guardia Civil.

La resolución avala el sistema empleado por la Guardia Civil y archiva la denuncia del particular. Contra esta decisión cabe recurso de reposición ante la propia Agencia de Protección de Datos o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

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