El juez de Púnica pide evaluar dar protección a Marjaliza ante su confesión

El juez de Púnica, Manuel García Castellón, ha pedido una evaluación de riesgo para determinar si es necesario dar protección al presunto 'conseguidor' de la trama, David Marjaliza, a raíz de su declaración ayer sobre el reparto de comisiones en municipios madrileños y en obras del Metro de Madrid.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, esta iniciativa ha surgido del magistrado que, tras oír su declaración, comunicó que pediría una evaluación de riesgo que determine si es necesario solicitar protección para él, dado que es posible que continúe declarando en las distintas piezas de Púnica.

En su comparecencia de ayer de casi tres horas, Marjaliza desveló que se repartió con el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid -también imputado- una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación de varias obras en el metro de Madrid y en el metro ligero de Boadilla del Monte (Madrid).

De hecho, para ratificar esta afirmación, Marjaliza aportó documentos que confirman el cobro de dichas comisiones y el sistema a través del que ocultaron el dinero.

También relató que Granados le contó en una cena que había intentado meter a empresas medianas en las licitaciones que generalmente se llevaban las grandes constructoras y que, a raíz de eso, el empresario Florentino Pérez le pidió a Aguirre que le cesara como consejero.

Al ser preguntado si se amañaban las obras grandes antes de llegar Granados, ha afirmado que hasta esa fecha nunca se habían dado contratos de obras de gran envergadura a empresas que no fueran las grandes constructoras.

Marjaliza también confesó el pago de comisiones por adjudicaciones en los municipios madrileños de Parla y Getafe.

En Parla apuntó al exalcalde socialista Tomás Gómez como el posible beneficiario de una comisión de 600.000 euros que pagó a cambio de adjudicaciones, si bien precisó que nunca trató con él y que solo le dijeron que “iban para el jefe”.

Según Marjaliza, esta comisión se dividió en 200.000 euros en gastos electorales para el PSOE local y 400.000 en efectivo.

De Getafe, contó que cuando gobernaba el socialista Pedro Castro, la parte de vivienda protegida cuya adjudicación era competencia del Ayuntamiento en realidad se la repartían por cuotas PSOE, PP e Izquierda Unida y cada uno adjudicaba la parte que le tocaba a cambio de comisiones.

Para poder construir en ese municipio tenían que pagar entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda y ha asegurado que “todo el mundo lo hacía”.

De hecho, aseguró que nunca ha conocido a ningún promotor urbanístico que haya conseguido construir vivienda pública sin pagar comisiones.