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El Supremo archiva la causa contra la alcaldesa de Cartagena por presuntas irregularidades urbanísticas

Asegura que el Plan General de Urbanismo, que incluía la construcción del resort 'Novo Carthago', cumplió las normas

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El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta contra la diputada nacional y alcaldesa de Cartagena (Murcia), Pilar Barreiro (PP), por la presunta gestión irregular del proyecto urbanístico 'Novo Carthago'. La alcaldesa declaró por estos hechos el pasado 5 de marzo en el alto tribunal.

En un auto hecho público este miércoles, el alto tribunal precisa que ha "agotado y completado la instrucción" y que "descarta todo vestigio del delito imputado". Precisa que la tramitación del Plan General de Urbanismo de la ciudad, en el que se enmarcaba el resort investigado, "se llevó a cabo conforme a las normas establecidas en cada fase de tramitación".

El instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, elevó a finales del pasado mes de septiembre una exposición razonada en relación a los hechos investigados en este procedimiento sobre prevaricación administrativa tras la negativa de la diputada y alcaldesa de Cartagena a comparecer voluntariamente en la causa.

En su resolución apreciaba la posible concurrencia de indicios de un supuesto delito de prevaricación "al haber impulsado una modificación urbanística arbitraria, en función de intereses particulares, lo que justifica la continuación de la investigación en la sala".

10.000 VIVIENDAS

En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort 'Novo Carthago' que incluía hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

En la exposición elevada al alto tribunal, el magistrado concretaba los indicios racionales de criminalidad contra Barreiro por un delito de prevaricación, dándole 30 días para que formulara alegaciones y concediéndole la posibilidad de que declarara voluntariamente como imputada por el citado delito.

"Finalizado el plazo concedido, en escrito presentado por Barreiro declinó la posibilidad de comparecer a declarar como imputada", añadía.

IMPUTADOS EN LA CAUSA

El juez de Murcia ofreció al ex presidente del Gobierno regional y vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, "la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones, y declarar voluntariamente como imputado por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho ante este Magistrado Instructor".

Mantiene imputados por un supuesto delito de cohecho a una de las hijas de Valcárcel, R.V.C.; a su yerno F.P.J.; a su cuñado J.F.C.A.; así como a J.S.C. y J.A.M.G. También acusa al delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación y al que fuera delegado y consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Otro de los imputados es el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio se decidieran abrir diligencias para investigar su actuación en este asunto por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y del medio ambiente, y tráfico de influencias.

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