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La UE y Suiza mantienen las discrepancias sobre la libre circulación

La UE y Suiza mantienen las discrepancias sobre la libre circulación

EFE

Bruselas —

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El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y la presidenta suiza, Simonetta Sommaruga, mantuvieron hoy una conversación telefónica en la que evidenciaron que aún persisten discrepancias entre ambas partes, en particular sobre la libre circulación de los ciudadanos.

La llamada telefónica entre Juncker y Sommaruga se desarrolló en “un ambiente amistoso”, destacaron a Efe fuentes comunitarias.

“Discutieron sobre el estado de las relaciones entre la Unión Europea y Suiza en general e hicieron un balance sobre las consultas en marcha”, indicaron.

Señalaron que Juncker y Sommaruga acordaron que “es necesario continuar las conversaciones ya que aún no estamos ahí”, en referencia a una solución a las discrepancias que mantienen en sus relaciones, principalmente en lo que concierne a las restricciones a la libertad de movimiento de sus ciudadanos que quiere imponer el país helvético.

La CE dijo el mes pasado que “tomaba nota” del resultado de las elecciones parlamentarias celebradas en octubre en Suiza, que dieron como ganador al bloque de derecha, y aseguró que seguiría trabajando por una relación bilateral “mutuamente beneficiosa” con ese país.

El 9 de febrero de 2014, Suiza votó en un referendo a favor de reducir drásticamente los flujos de inmigración con el establecimiento de cuotas, incluso para los ciudadanos de la Unión Europea, y desde entonces ambas partes mantienen relaciones tensas.

La confederación helvética debe aplicar a su legislación el resultado de esa consulta, mientras que la UE tiene que cumplir con el principio de libre circulación de personas, en el que está incluida la Confederación Helvética.

Suiza forma parte del área de libre circulación de ciudadanos Schengen, que comparten 26 países (22 Estados miembros de la UE más Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein), por lo que la Unión considera que aplicar el resultado del referendo supondría romper con los compromisos adquiridos dentro de este acuerdo, en vigor desde 1995.

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