Velasco ordena detener a 17 militares salvadoreños por el asesinato de 6 jesuitas

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reiterado la orden de detención de 17 militares salvadoreños para poder pedir su extradición a España en relación con el asesinato de seis jesuitas españoles en el Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.

Velasco ha dado hoy mismo traslado a la Interpol y a la Oficina Sirene de las 17 órdenes de detención y ha mandado también copia al jefe de la Oficina Central de la Interpol en El Salvador y a la Dirección general de Policía Nacional Civil en ese país para que procedan a las detenciones, en cuyo caso España solicitaría la extradición.

Entre los 17 militares a los que el juez pide detener por delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad destaca el ex coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, cuya extradición fue solicitada por España a EEUU, donde cumplía una condena de 21 meses de cárcel por fraude migratorio.

El resto son: el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Oscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vasquez, Tomás Zarpate Castillo, José alberto sierra, Guillermo Alfredio Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Oscar Alberto León Linares.

Velasco pidió en agosto de 2011 la detención de 20 militares presuntamente implicados en la matanza, pero entonces la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance de las mismas a la búsqueda y localización, negando la captura y posterior entrega a España.

Sin embargo, en agosto de 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema reconoció “el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley”.

Velasco tuvo conocimiento a través de un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de otro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de esa resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la que “se reconoce el asesinato como expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de una guerra internacional”.

Dictaminaba así que el Estado “en cuyo territorio sucedieron los hechos” está obligado “a llevar a cabo la persecución correspondiente en virtud de la orden internacional de detención con fines de extradición emitida por el Estado Español”.

De este modo, Velasco, a petición de las acusaciones en esta causa, ha decidido reiterar las órdenes de detención contra esos 17 militares, excluyendo a dos de ellos: Carlos Camilo Hernández y René Yusshy Mendoza.

La masacre tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, y a otros cinco sacerdotes: los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López.

También fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

El pasado 6 de mayo, el Tribunal Supremo reconocía la jurisdicción de los tribunales españoles y, en concreto, de la Audiencia Nacional, para investigar la matanza, tras la reforma de la ley de justicia universal.

El Supremo adoptó esta decisión al considerar que el país centroamericano no ha tenido voluntad real de investigar los hechos y, por esa razón, junto a la existencia de víctimas de nacionalidad española, reconoció la competencia de los tribunales españoles en este caso.

Según la querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que dio lugar a esta causa, los asesinatos fueron cometidos por miembros de un batallón del Ejército Salvadoreño siguiendo un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército, controlado en aquel momento por el ministro de Defensa Rafael Humberto Larios y otros 19 militares.