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Vicepresidente andaluz destaca que el plan contra la exclusión social se gestionará al 50 por ciento por ayuntamientos

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha puesto en valor este viernes que el plan contra la exclusión social estará gestionado al 50 por ciento por los ayuntamientos, en colaboración con la Junta de Andalucía, siendo éste, a su juicio, el "sello" de esta iniciativa a favor de los más desfavorecidos.

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Vicepresidente andaluz destaca que el plan contra la exclusión social se gestionará al 50 por ciento por ayuntamientos

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Luis Pérez Tapias, y por el director general de Administración Local, Antonio Maíllo, Valderas ha insistido en que ayuntamientos y servicios sociales son "la columna y el pilar central" de este plan.

Tras advertir de que este decreto-ley es "socialmente oportuno, novedoso, pionero y potente", el vicepresidente de la Junta ha destacado también que no solo es "políticamente plausible" ante las injusticias sociales, sino que también es "exportable" al conjunto de las comunidades autónomas y al Gobierno de la Nación.

Se trata, según ha explicado, de una acción transversal basada en la cooperación institucional entre cuatro consejerías (Salud y Bienestar Social; Educación; Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; y Administración Local y Relaciones Institucionales) y las corporaciones locales y diputaciones, "que también irán de la mano del voluntariado y de las ONG".

"El plan contra la exclusión social responde a una emergencia social y tiene vocación de permanencia durante la presente legislatura", ha señalado Valderas, quien ha indicado que la previsión es que más de 200.000 familias se vean beneficiadas por esta iniciativa basada en un plan de acción social, en una red de solidaridad alimentaria y en la agilización del salario social.

Pérez Tapias ha centrado su intervención en explicar en qué consistirá la red de solidaridad y garantía alimentaria, "un punto de encuentro y coordinación" entre la Junta y la sociedad organizada para impulsar sistemas sostenibles y solidarios de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos para proporcionar una respuesta "más coordinada, eficaz y eficiente" a las necesidades básicas de las familias con escasos recursos.

Asimismo, según ha apuntado, se trata de una "red abierta" a las entidades locales y sociales, "transversal y horizontal", con vocación de permanencia y que no pretende sustituir a la iniciativa social, "sino complementarla y reforzarla", introduciendo y dando protagonismo a los servicios sociales comunitarios.

Pérez Tapias ha señalado también que esta red contará con una comisión de coordinación y con comisiones técnicas de seguimiento. El primero de estos órganos estará presidido por la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y tendrá una vicepresidencia que asumirá él mismo como viceconsejero de Administración Local.

"FINANCIACIÓN ABIERTA" PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Finalmente, el director general de Administración Local, Antonio Maíllo, ha explicado que la consejería de la que forma parte contará con dos líneas de actuación en relación a la dotación financiera. Por un lado, repartirá tres millones de euros en transferencias a los ayuntamientos para actuaciones en apoyo a las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria.

Por otro lado, contará con un millón de euros que se otorgará mediante subvenciones para las actuaciones de impulso a la concienciación social y prácticas de consumo responsable y solidario y el apoyo a las organizaciones y entidades sociales y voluntariado para la recogida, acopio y distribución de alimentos con fines solidarios.

En lo que se refiere a las transferencias a los ayuntamientos, el director general ha indicado que el plazo para solicitar estas ayudas, que se repartirán atendiendo a un criterio proporcional, empezará este sábado y concluirá el 21 de mayo. Según ha destacado, se trata de una financiación "abierta" a las corporaciones locales.

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