Los 28 acuerdan reforzar la protección datos en procesos de cooperación policial y judicial

Los ministros europeos de Justicia acordaron hoy su posición sobre la directiva de protección de datos personales, que regulará su tratamiento por parte de las autoridades públicas en procesos de cooperación policial y judicial.

“La orientación general sobre la directiva de datos ha sido adoptada y ahora podremos empezar lo más rápidamente posible los trílogos con el Parlamento Europeo”, anunció el ministro de Justicia de Luxemburgo, Félix Braz, en un debate público.

Según Braz, el paso dado hoy por los ministros permitirá seguir con el objetivo de finalizar para finales de año la reforma del paquete legislativo de protección de datos.

Este paquete legislativo consta de un reglamento, que ya fue acordado en el Consejo y ahora está en negociaciones con el PE, y de la directiva acordada hoy.

La directiva se centra en el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades públicas para cuestiones de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos, ejecución de sanciones penales y libre circulación de esa información.

La Comisión Europea (CE) propuso la reforma de la legislación europea de protección de datos en 2012 con el objetivo de garantizar un nivel elevado de protección de datos e impulsar la cooperación entre autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros.

El Parlamento Europeo es por primera vez colegislador en esta materia.

La posición del Consejo de la UE sobre el reglamento de protección de datos, la otra medida que completa este paquete, fue fijada el pasado 15 de junio por los ministros de Justicia.

Este reglamento reconoce por primera vez el derecho de los ciudadanos a reclamar el borrado de información personal perjudicial y no pertinente de internet.

El objetivo del Ejecutivo comunitario al proponer esta reforma era adaptar las reglas vigentes en la UE sobre protección de datos, que datan de 1995, a la nueva realidad de internet y las redes sociales, garantizar un mayor control de los usuarios del tratamiento de sus datos personales en la red y reducir las cargas burocráticas para las empresas por un valor de unos 2.300 millones de euros anuales.