Una riña en un albergue de refugiados desvela el caos administrativo alemán

Una riña en un albergue de solicitantes de asilo en Alemania ha dejado entrever el caos administrativo que se vive en el país ante la crisis de los refugiados, con expedientes duplicados, identidades falsas y pagos irregulares de prestaciones.

En un escueto comunicado, la policía informó hoy de la detención de veinte solicitantes de asilo en un albergue de la localidad de Burscheid (oeste del país) tras enfrentarse a los trabajadores de las instalaciones, que habían decidido retrasar el pago de la asignación semanal que perciben para sus gastos.

Según explicó la policía, una veintena de jóvenes norteafricanos rechazó la propuesta e hizo las maletas, con la intención de dejar el centro “y conseguir la paga en otro albergue de refugiados”.

Los trabajadores llamaron a la policía, que contactó con las autoridades de Extranjería para determinar la identidad de las personas implicadas en estos incidentes.

“Así se comprobó rápidamente que una gran parte de las personas controladas contaban con varios certificados como solicitantes de asilo bajo diferentes nombres y que una persona tenía una orden de expulsión”, explica la policía.

Se descubrieron también evidencias de que se estaban percibiendo de forma irregular numerosas prestaciones.

Las investigaciones se centran ahora en determinar la verdadera identidad de los detenidos, “hombres norteafricanos de entre 20 y 35 años”, y si pueden ser acusados de algún delito por violación de la legislación de extranjería y por fraude en las prestaciones sociales.

El caso es un ejemplo de los problemas administrativos a los que se enfrenta Alemania, donde, según estimaciones oficiales, entraron el año pasado 1,1 millones de solicitantes de asilo.

El dato procede del sistema EASY, que da cuenta de las personas llegadas al país con la intención de solicitar asilo, aunque el Gobierno ha reconocido la imposibilidad de conocer la cifra real de refugiados en el país, porque puede haber duplicidades de registro, y también personas que pasaron por Alemania con destino a otro Estado.

Para intentar mejorar la gestión, el Ejecutivo ha aprobado en los últimos meses diferentes medidas y ha creado un “carné” para los refugiados, con el que busca unificar los procesos de las distintas administraciones, evitar fraudes.

El Bundestag (Cámara baja) dio hoy también luz verde a un nuevo paquete legislativo que incluye, por ejemplo, trasladar a centros especiales a los solicitantes de asilo procedentes de los llamados “países seguros”, con pocas posibilidades de que su petición prospere.

En esos centros se acelerará la tramitación de sus expedientes y desde ellos se ejecutarían directamente las expulsiones si se deniegan las peticiones.

Los refugiados además no podrán abandonar la circunscripción a la que son destinados y si no acatan está prohibición serán sancionados con recortes de prestaciones y su proceso de reconocimiento de asilo puede suspenderse.

A finales de enero el Consejo de Ministros aprobó también un proyecto de ley para agilizar la expulsión del país de los extranjeros que cometan delitos, tras los centenares de denuncias registradas en Nochevieja en la ciudad de Colonia (oeste del país).

Un caso paradigmático de la maraña que supone la actual legislación lo protagonizó el presunto terrorista abatido el 7 de enero ante una comisaría de París, que residía en un albergue de refugiados en la ciudad de Recklinghausen (oeste de Alemania).

Según informó la policía germana, el hombre, identificado como un tunecino, había pedido asilo en siete países europeos y había llegado a utilizar hasta veinte identidades diferentes.

En Alemania, adonde había llegado en 2013, tenía ficha policial por diversos delitos, desde posesión de armas y tráfico de drogas hasta lesiones y acoso.