eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

La gestora del PSOE castiga a parte de los diputados que votaron 'no' a Rajoy y a afines a Pedro Sánchez

La catalana Meritxell Batet y la balear Sofía Hernanz salen de la dirección del grupo parlamentario tras saltarse la disciplina de voto en la investidura

Margarita Robles se queda con la presidencia de la Comisión de Justicia para mantener la "normalidad institucional" y en la reestructuración degradan a dirigentes de la Ejecutiva de Sánchez

La dirección provisional salva a los portavoces del PSC y destituye a Zaida Cantera y Rocío de Frutos, impuestas en las listas electorales por Sánchez

86 Comentarios

- PUBLICIDAD -
Jiménez rechaza que el "clasismo territorial" pueda condicionar el futuro liderazgo del PSOE

El portavoz de la gestora, Mario Jiménez.

La gestora del PSOE ha decidido los cambios en el grupo parlamentario que afectan a una parte de los diputados que votaron 'no' a Mariano Rajoy y también a algunos dirigentes afines a Pedro Sánchez. El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, ha reconocido que en las modificaciones ha pesado la "confianza" en los parlamentarios elegidos para sustituir a los destituidos, además de la "capacidad" de los designados en base a los "conocimientos y experiencia" en cada una de las materias en las que se articulan las comisiones parlamentarias. 

La gestora ha sacado de la dirección del grupo parlamentario en el Congreso a Meritxell Batet y a Sofía Hernanz, que rompieron la disciplina de voto, como estaba previsto. El resto de miembros de la dirección se mantienen -incluido el valenciano José Luis Ábalos, próximo a Pedro Sánchez y enfrentado con el presidente, Ximo Puig- y se integra a Pedro Muñoz, con  lo que la dirección pierde la paridad (cuatro hombres y dos mujeres).

El PSOE deja en suspenso la incorporación de un miembro del PSC hasta que arreglen sus "discrepancias" para lo que se han dado un plazo de dos meses. No obstante, todos los diputados catalanes votaron en contra de Rajoy. Quienes han defendido la salida de Batet y Hernanz han argumentado precisamente que no pueden imponer disciplina quienes la han roto.

Los portavoces del PSC no se tocan

De los cuatro diputados díscolos que ocupaban portavocías solo se elimina a Susana Sumelzo, que fue la primera en anunciar el voto contra Rajoy. A Sumelzo, afín a Sánchez y enfrentada al presidente aragonés, Javier Lambán, la sustituirá en Cooperación Internacional el salmantino David Serrada.

El de Sumelzo es el único cambio en las portavocías de quienes votaron 'no' y fueron propuestos para esos puestos por Sánchez, junto al que ya se ejecutó este miércoles al apartar al balear Pere Joan Pons. La gestora castiga a la aragonesa, que formó parte de su ejecutiva y a los dos únicos diputados baleares, cuya federación es la más afín al exsecretario general. 

Los tres del PSC, Manuel Cruz (Educación), Merce Perea (Pacto de Toledo) y Joan Ruiz (Políticas Integrales para la Discapacidad), se mantienen. José Zaragoza, a quien la gestora arrebató la presidencia de la Comisión Mixta para la UE porque se constituía este miércoles, le han dado la vicepresidencia de la de Exteriores, cuya formación se aplazó por el polémico nombramiento Jorge Fernández Díaz.

Margarita Robles conserva una presidencia

La magistrada Margarita Robles también se queda con la presidencia de la Comisión de Justicia. Según ha explicado el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, esta decisión se debe al mantenimiento de la normalidad institucional al haber sido elegida ya. "No entendemos que por cuestiones partidarias o cuestiones que tiene que ver con el partido tenga que alterarse el normal funcionamiento de las cámaras", ha explicado. 

Fuentes socialistas atribuyen el mantenimiento de Robles al temor de la gestora a que el PP le arrebate esa presidencia en el Congreso tras su decisión de no apoyar la candidatura de Jorge Fernández Díaz para la de Exteriores. También se conservan el resto de puestos en las mesas de las comisiones, como la vicepresidencia de la de Cultura que ocupa Odón Elorza. 

Los cambios no solo han afectado a los parlamentarios que mantuvieron el 'no' en la investidura de Rajoy. Javier Fernández ha castigado a las dos asturianas que formaron parte de la ejecutiva de Sánchez y permanecieron fieles, pese a que no incumplieron la disciplina de voto.

El presidente de la gestora ha apartado de la dirección en el Senado a Luisa Carcedo, que fue en el pasado su mano derecha, pero de la que se ha distanciado en los últimos tiempos por su lealtad al exsecretario general. 

También Adriana Lastra ha sido degradada: pierde la portavocía de Administraciones Públicas en la que fue designada por la anterior dirección, a la que pertenecía. Será sustituida por la andaluza María Jesús Serrano, que es miembro de la gestora. Lastra pasa a ser portavoz adjunta en la Comisión de Defensa en sustitución de la comandante Zaida Cantera, que también votó no. El criterio del "conocimiento" y la "experiencia" que ha enumerado Jiménez no se cumple en este caso.

Tampoco continuará como portavoz adjunta de Empleo la orensana Rocío de Frutos, que fue impuesta por Sánchez para sustituir a Laura Seara como cabeza de lista. Seara es ahora coordinadora el área de organización de la gestora. De Frutos, inspectora de trabajo, será sustituida por la canaria Tamara Raya.

El expediente de expulsión se enfría

En los últimos días, ha habido una discusión interna entre quienes apostaban por dar un golpe de autoridad y fulminar a todos los diputados díscolos de sus puestos de responsabilidad y quienes abogaban por hacer los cambios mínimos -o incluso mantenerlo todo igual- para evitar una mayor herida en el grupo parlamentario. Los que abogaban por esta segunda opción han tratado de convencer a Fernández y Mario Jiménez de la necesidad de rebajar la tensión.

"Han echado un poco el pie al freno. Han notado la presión", expresa un dirigente crítico con la decisión, que considera que los jefes de la gestora no han hecho "la escabechina" que tenían prevista. Algunos temían que se apartara a los quince díscolos de cualquier puesto de responsabilidad y finalmente no ha sido así. Se ha levantado la mano con el PSC, pero se ha penalizado a afines a Sánchez.

La gestora tampoco ha tomado la decisión de iniciar un expediente informativo que puede acabar con la expulsión del PSOE de los seis diputados que votaron no y tienen carnet del partido. "No hay ninguna decisión. En estos momentos no está planteada esa posibilidad", ha expresado Jiménez. Lo que se da por hecho es que los 15 díscolos tendrán la máxima sanción económica por romper la disciplina de voto: 600 euros, según prevé el reglamento del grupo socialista. Esa medida corresponde a la dirección parlamentaria y se tomará próximamente.

Tensa reunión con discrepancias

En la gestora no ha habido unanimidad en la decisión de imponer castigos en el Congreso y el Senado. La propuesta ha llegado ya elaborada a la reunión en la que Jiménez se ha limitado a leer un listado. Los miembros más próximos a Pedro Sánchez en la dirección provisional, Francisco Ocón (La Rioja) y Francesc Antich (Baleares), se han posicionado en contra de los cambios porque consideran que la decisión profundiza en la división.

Fuentes de la gestora reconocen que la reunión, que se ha prolongado durante más de dos horas, "ha sido muy tensa". Jiménez ha recriminado a Ocón que tuiteara quejándose por las decisiones que se toman sin reunir previamente a la dirección provisional, como el comienzo de las conversaciones con el PSC para revisar las relaciones o el cambio de la propuesta de los puestos parlamentarios que se modificaron este miércoles. 

Los negociadores para la relación PSOE-PSC

PSOE y PSC han decidido quiénes integrarán la comisión que se encargará de negociar la relación entre ambas formaciones tras la crisis abierta por la investidura. Por el PSC serán Salvador Illa, Antonio Balmon y Meritxell Batet. El PSOE ha escogido a Elena Valenciano, Francisco Fuentes y Mario Jiménez -próximo a Susana Díaz y responsable de organización de la gestora-.

Esos seis dirigentes se encargarán de negociar el nuevo marco de relaciones entre ambas formaciones ante la crisis que se ha desatado tras la investidura y por las diferencias de modelo territorial que defiende cada uno. Jiménez ha defendido que la conclusión tendrá que someterse a la aprobación del Comité Federal. Los miembros críticos de la gestora han defendido que debe ser un congreso el que ratifique una nueva propuesta. Además, consideran que este órgano provisional no tiene la potestad de revisar las relaciones. Sin embargo, los barones dieron plenos poderes como dirección a la gestora en el Comité Federal en el que cayó Pedro Sánchez.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha