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Las mujeres colombianas sufren un promedio de 4 hechos violentos por el conflicto

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Las mujeres colombianas sufren un promedio de 4 hechos violentos por el conflicto

Las mujeres colombianas sufren un promedio de 4 hechos violentos por el conflicto

Las mujeres colombianas han sufrido un promedio de 4,13 hechos violentos derivados del conflicto armado interno, que en algunos casos llega a 6, según datos recopilados por la organización Ruta Pacífica de las Mujeres en su informe de "Comisión de Verdad y Memoria".

Esta organización feminista, que trabaja desde 1996 por una salida negociada al conflicto, presentó hoy en Bogotá un informe en el que ha invertido tres años y que pretende servir de ejemplo a una eventual Comisión de la Verdad si se firma la paz entre el Gobierno y las guerrillas.

Según explicó a los medios la coordinadora nacional de este movimiento, Marina Gallego, este ejercicio es inédito en su metodología porque quienes recabaron y procesaron la información fueron 60 mujeres de la Ruta Pacífica, algunas de ellas también víctimas.

Además de registrar los hechos, este proyecto recogió los impactos, la forma de afrontar y superar esa violencia contra las mujeres desde 1984 hasta 2010.

De acuerdo con los datos del informe, que sistematiza un millar de testimonios individuales y nueve casos colectivos en 22 departamentos y 80 municipios del país, ocho de cada diez mujeres (82,6 %) dijo haber sido víctima de alguna forma de tortura, tratos crueles o degradantes.

El 54,4 % afirmó haber sido objeto de maltrato psicológico como amenazas de muerte, seguimientos o ser obligadas a atestiguar torturas; mientras que el 13,2 % confesó haber sido víctima de la violencia sexual.

Además, tres de cada cuatro mujeres (76,2 %) dijeron haber vivido en primera persona el drama del desplazamiento, casos que afectaron a familias enteras en el 62 %, en comunidades colectivas (8,7 %) y a nivel individual (5,8 %).

Los territorios donde más desplazamientos familiares se registraron son Bogotá, Bolívar, Risaralda y Santander; mientras que los colectivos ocurrieron con más frecuencia con indígenas o afrodescendientes.

Un 29,9 % de las mujeres afirmó haber sido herida en un atentado, el 54,1 % dijo ser familiar de personas que murieron en ejecuciones extrajudiciales y el 18,7 % denunció desapariciones forzadas de seres queridos.

Las ejecuciones afectaron más a mujeres indígenas y negras en Antioquia, Chocó y Putumayo, en grupos de edades comprendidas entre los 50 y 60 años.

Una de cada ocho víctimas refirió violaciones a la libertad personal (12,74 %), como haber sido detenidas de forma arbitraria (5,46 %), hechas rehenes (1,93 %) o reclutadas (1,61 %); actos registrados sobre todo en Chocó y Santander, especialmente en mujeres afrodescendientes y mestizas.

Los nueve casos colectivos analizan condiciones vividas por un grupo de mujeres por la similitud de sus experiencias en masacres, ocupaciones guerrilleras, detenciones, desplazamientos y secuestros masivos, ejecuciones extrajudiciales y reacción en la resistencia pacífica.

Los impactos de estos hechos violentos en las mujeres son afectaciones como el miedo, el dolor y la tristeza, procesos de duelo alterado por sucesos traumáticos y hasta sentimientos de injusticia y culpa por lo sucedido.

Ante estos hechos, el 64,99 % de las mujeres optó por proteger su vida y la de su familia y el 63,21 % decidió denunciar, pero sólo el 18,3 % de los casos fueron investigados.

El 38,33 % de las consultadas se refugiaron en la religión, el 35,87 % se organizó para defender sus derechos, el 31,37 % prefirió no hablar del pasado por miedo, el 29,44 % buscó ayuda psicosocial y el 25,92 % trató de afrontar los hechos a través del análisis de la realidad o la conciencia política.

Para ser resarcidas, todas exigen saber qué pasó y por qué pasó, tener acceso a la normativa de la atención social y a la burocracia de los programas de reparación, así como la aplicación de medidas preventivas de la violencia contra las mujeres.

Este colectivo cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de ONU Mujeres, de la cooperación española, sueca, catalana y vasca, así como de organizaciones no gubernamentales como Intermón Oxfam.

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