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El juez tiene en su poder todos los informes periciales sobre el caso Alvia

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El juez tiene en su poder todos los informes periciales sobre el caso Alvia

El juez tiene en su poder todos los informes periciales sobre el caso Alvia

El nuevo instructor de la investigación del accidente del Alvia, Andrés Lago Louro, tiene en su poder los informes definitivos sobre el siniestro ferroviario que tenían que aportar los peritos designados en la causa, ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Las partes que están personadas podrán, ahora, reproducir su petición de práctica de las diligencias que estimen, si lo consideran "necesario o conveniente", tal y como reproduce la última resolución emitida por el magistrado gallego.

El maquinista del tren que descarriló a las 20:41 horas del 24 de julio de 2013, Francisco José Garzón Amo, es hoy el único imputado por esta tragedia, toda vez que la Audiencia Provincial de A Coruña estimó el pasado octubre los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra las imputaciones de doce ex cargos del operador Adif.

Ninguna de estas personas que formaban parte de la cúpula de esta empresa pública en 2011, cuando se puso en servicio la línea entre Santiago y Ourense en la que se accidentó el tren que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, llegó a prestar declaración el pasado mes de mayo ante el primer juez que se encargó de este caso, Luis Aláez.

Los argumentos esgrimidos por todos ellos para no declarar fueron que todavía permanecían sin resolver por la Audiencia Provincial los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra sus imputaciones y también que sus letrados no habían contado con el tiempo necesario para leer el voluminoso sumario.

El maquinista, Francisco José Garzón Amo, es en este momento, de nuevo y en contra del criterio de las plataformas de víctimas y de su propia representación legal, el único que se encuentra imputado, y esto ocurre después de que la Audiencia de A Coruña, ya en otra ocasión anterior, exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.

Los imputados eran, esta segunda vez, el presidente de Adif en 2011, Antonio González Marín, y Andrés Cortabitarte, quien ocupó el cargo de responsable de la seguridad en la circulación. También el interventor general del Estado, José Carlos Alcalde, y los vocales del consejo de administración Juan Ángel Mairal, Mercedes Caballero, Juan Carlos Cáceres, Félix Díaz, Carlos María Juárez, Gerardo Luis Gavilanes, Mercedes Rodríguez, Carlos Bartolomé y Javier Hurtado.

Todos ellos estaban imputados por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva y por ser también hipotéticos partícipes en los de homicidio y lesiones.

No obstante, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, no compartió la visión del juez Luis Aláez acerca de que con más medidas de seguridad se habría evitado un siniestro "previsible", por lo que determinó dejar sin efecto estas imputaciones.

Los autos, coincidentes en todos los casos y para los que no cabía recurso, consideran que no hay base normativa "que permita entender" que la ausencia de la instalación de ERTMS, el sistema que supervisa de modo constante la velocidad del tren en la infraestructura, suponga una "infracción de un deber legal".

Las resoluciones emitidas concluyen que la ausencia de ERTMS evidencia una conducta peligrosa, pero matizan que si este riesgo se mantiene dentro de un nivel "que haya de considerarse permitido", no existe una infracción del deber de diligencia.

Por tanto, estipulan que la eliminación de este sistema en los últimos kilómetros de la línea no fue "gratuita o carente de motivo", puesto que respondía "a la nueva configuración y regulación del enclavamiento".

Del maquinista, indican que es "sencillamente absurdo" que por su experiencia profesional tuviese duda alguna sobre cuáles eran sus obligaciones o acerca de qué normativa había de cumplir, sobre todo en lo relativo a que tenía que llegar al punto de cambio de velocidades con ésta rebajada.

El accidente se registró a la altura del barrio compostelano de Angrois el 24 de julio del año 2013, justo en la víspera del Día de Galicia.

El auto con el que el órgano de apelación levantó en primer término, en 2013, la imputación contra 27 directivos de Adif, supuso que la instrucción judicial retornase al punto exacto en el que se encontraba a los cuatro días del percance, con el conductor, que no redujo la velocidad, acusado de homicidio imprudente, lo mismo que sucede ahora.

No obstante, en ese momento no se cerró la puerta a que se siguiese investigando para comprobar si en el tramo del descarrilamiento, con una reducción drástica de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora, se necesitaban medidas adicionales de seguridad y esto se determinaba por consenso técnico, puesto que en caso contrario tal apreciación sería "prematura y carente de base suficiente", como más de un año después se concluyó.

El juez instructor Luis Aláez siguió desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste de una persona, Garzón Amo, que relevó a otro compañero en Ourense y perdió el control del Alvia tras atender una llamada del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán.

En este momento el titular del juzgado de instrucción número tres de Santiago es Andrés Lago, quien deberá determinar si él se aleja o no de la línea seguida por su antecesor.

Epicentro de uno de los hitos negros de la historia ferroviaria, en Angrois, el barrio de las afueras de Compostela donde se celebró el primer aniversario de este macabro suceso, se acumulan las flores y mensajes de apoyo.

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