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Las comunidades aumentan el control sobre los colegios concertados que financian

La Comunidad de Madrid exige por primera vez un mínimo de alumnos y da orden a los inspectores de que evalúen con un informe las renovaciones

La Generalitat valenciana ha extinguido los conciertos de FP y Bachillerato y estudiará caso a caso. Son los únicos que puede tocar porque el anterior Gobierno del PP dejó el resto blindados antes de las elecciones de 2015

La base normativa nacional es un reglamento antiguo y laxo que ha permitido a las comunidades hacer regulaciones dispares y con pocos límites

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El hall de un colegio de Valladolid lleno de niños y niñas. / Efe

El hall de un colegio de Valladolid lleno de niños y niñas. / Efe

Algunas comunidades autónomas empiezan a moverse para controlar más y mejor a los centros concertados que funcionan con sus fondos. Madrid y Valencia, dos regiones que, con gobiernos del PP, dieron alas durante años a este modelo educativo están dando pasos para acotar las normas generales que regulan los conciertos y controlar la apertura a espuertas de aulas privadas sostenidas con dinero público.

La Comunidad de Madrid  ha regulado por primera vez por decreto que los centros estén obligados a tener un número mínimo de estudiantes para tener y mantener la financiación.  El reglamento de 1985 que sienta las bases regulatorias a nivel nacional ya lo preveía aunque la realidad es casi ninguna comunidad ha establecido aún ratios fijas para todo su territorio y condicionan estas cifras a los datos de escolarización de las zonas. El documento es laxo en sus planteamientos y en el momento de la redacción las competencias no estaban aún transferidas a las comunidades autónomas.

Las leyes educativas desde aquel año hacen referencia a los conciertos, pero no entran en la forma específica de gestionarlos. También la reciente Lomce, que ha ampliado a seis años la periodicidad con la que se revisan los acuerdos en Primaria –antes eran cuatro– y ha incluido expresamente que puedan ser beneficiarios los centros que separan a niños y niñas. Esta disposición ha obligado a algunas comunidades como Andalucía a devolver conciertos retirados por esta razón. Galicia, con Núñez Feijóo (PP) al mando, también ha vuelto a  subvencionar a centros que segregan amparado por la ley Wert.

Enfado de las escuelas católicas

El cambio en Madrid, que afectará a las renovaciones desde este año, no ha sido bien acogido por las asociaciones que agrupan a los colegios concertados, como la Federación de Escuelas Católicas. "Hay preocupación por esta medida. Esperamos que la Consejería haga una aplicación razonable de la norma y utilice los criterios de excepcionalidad", afirma José Antonio Poveda, secretario general de la federación en Madrid. Se refiere a la letra pequeña del artículo 8 del decreto, que deja la puerta abierta a que haya centros que se libren "del cumplimiento de la obligación" de la ratio.

El sindicato CC OO se felicita de que por fin haya un "parámetro objetivo" pero continúa denunciando la falta de transparencia en los datos sobre cómo se distribuye el alumnado. Desde que la exconsejera del PP Lucía Figar fulminara las comisiones de escolarización, donde se estudiaba la situación por zonas con la patronal y los representantes sindicales, estas cifras quedan en la sombra. Ni siquiera tienen acceso a ellas los inspectores de la Consejería, obligados hasta el año pasado a hacer informes sobre la renovación de conciertos sin esta información.

Este modus operandi provoca situaciones como la que se vivió en 2013 en Arganda del Rey, donde por problemas en las instalaciones de un colegio públicos todos los estudiantes fueron trasladados a uno concertado donde había tanto espacio como para acoger a otro centro entero en su interior.

Aviso a los inspectores

Entre 2008 y 2014, según un estudio de CCOO, los fondos para conciertos en Primaria subieron un 22,8% en Madrid, la segunda cifra más alta de todas las comunidades autónomas con Murcia. En esos años, hay menor crecimiento en porcentaje –de las nuevas sobre el total– del número de aulas públicas que concertadas (11,3% sobre una media del 5,6% estatal) pese a que el alumnado se ha incrementado porcentualmente más en la escuela pública (9,7% frente al 8% en la concertada). El 67,7% de los estudiantes de Primaria en Madrid estaban escolarizados en el curso 2015-2016 en un centro público.

Según ha podido saber eldiario.es, este curso el gobierno de Cristina Cifuentes les ha dado orden expresa de hacer escrupulosamente este trabajo de evaluación de los conciertos teniendo en cuenta la nueva norma. Aunque sus dictámenes siguen sin ser vinculantes, habrá más control sobre que exista un veredicto de inspección sobre cada uno de los colegios que renuevan el contrato.

El resto de la gestión se mantiene, y es similar al de la mayoría de regiones: los centros envían la documentación con todos sus datos a la Consejería, que decide a través de la Dirección de Área Territorial si mantiene, modifica o suprime el concierto. Esta decisión no pasa por ningún otro filtro, es decir, se arregla de forma bilateral sin contar con sindicatos ni la patronal. En otras comunidades sí hay algún control más: en Andalucía, por ejemplo, existen comisiones provinciales de conciertos cuya misión es evaluar si atieden a las necesidades de la zona.

Fin del blindaje en Valencia

En la Comunitat Valenciana el Gobierno de Ximo Puig (PSOE) también está metiendo mano al sistema de conciertos que dejó la gestión del Partido Popular valenciano. El Ejecutivo popular creó conciertos para la educación Infantil, Bachillerato y FP superior que se prorrogaban de forma automática cada cuatro años, algo que no está extendido en todas las comunidades por no ser etapas obligatorias.

Ahora Educación ha decidido extinguirlos en bloque para estudiar, con los parámetros de una nueva normativa, cuáles sí son necesarios y cuáles no. La Consejería calcula que estos contratos podrían reducirse, como mucho, un 25%.

En las etapas obligatorias, el gobierno de Alberto Fabra (PP) blindó antes de las elecciones autonómicas de 2015 a todos los colegios de Primaria concertados con una prórroga de dos años acogiéndose a la LOMCE, de manera que todos esos conciertos son intocables hasta 2019.

En esta comunidad, como en la mayoría, la lista de aulas concertadas por colegio se suele revisar año a año pero no porque la Consellería lo haga de oficio sino como una consecuencia de que el centro pida alguna unidad más. Ocurre lo mismo en Madrid. Con la LOMCE esas las revisiones profundas se espacian dos años más, hasta los seis en Primaria.

CC OO no dispone de datos sobre cuántas aulas públicas se han cerrado en paralelo al blindaje de conciertos y en los años anteriores, aunque sí han contabilizado el número de profesores que ha perdido la red autonómica entre 2010 y 2014: 4.815 de una plantilla de 51.034, casi un 10%. En paralelo, entre 2012 y 2016 se concertaron 330 aulas nuevas, según datos del sindicato, que puntualiza al hacer el balance que más de 200 se suprimieron en el mismo periodo. De los 2.796 centros educativos de la Comunitat Valenciana, 1.700 son públicos y 429 funcionan con conciertos, según datos del curso 2015-2016.

Control sobre los cobros ilegales

Otros de los filones sensibles en los conciertos son las condiciones laborales del profesorado, un tema sobre el que los sindicatos de educación inciden una y otra vez cuando se suprimen aulas en los centros. También les preocupan las cuotas que muchos centros cobran en paquetes  indivisibles por actividades complementarias y extraescolares o incluso abiertamente en concepto de donaciones para las fundaciones religiosas que se convierten en obligatorias.

Tanto es así, que en Madrid existe un mandato expreso del consejero de Educación de vigilar que esto no ocurra, según cuentan en Educación, y se va a pedir documentación a los colegios que demuestre que no están incurriendo en estas prácticas y que se informa debidamente a las familias.

En Valencia, quedaron retratadas en un informe del órgano encargado de auditar las cuentas de la Generalitat, que daba cuenta de que los colegios cobraban a las familias de forma indebida diversos conceptos como el material escolar o los uniformes o que obligaban a comprarlo en determinados establecimientos.  Sobre la lupa de los tribunales están además unos presuntos pagos a liberados sindicales por labores docentes que nunca hicieron, según una denuncia de Compromís.

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