Las sombras se extienden sobre la donación de sangre
El Gobierno de la Comunidad de Madrid oficializó el 19 de diciembre la cesión a Cruz Roja de la gestión de las donaciones de sangre en la calle. La Consejería de Sanidad renuncia a las extracciones móviles y traspasa sus unidades a la organización, que se hace cargo de las colectas en la vía pública.
Esta decisión ha provocado dudas y sombras sobre un proceso, el de la donación de sangre, que está definido por ley como “altruista y desinteresado”. Un campo que viene desangrándose desde 2009, cuando se marcó el máximo histórico de donaciones con 1.824.470. Desde entonces, año a año, la cifra cae. En 2012 fue de 1.796.471.
Deli Edreira es trabajadora del Centro de Transfusión de Madrid y considera que esta cesión es “una sustitución de las funciones básicas de los servicios públicos en un régimen casi de monopolio”. El Ejecutivo madrileño de Ignacio González ha vendido este convenio como una fórmula para evitar “duplicidades y mejorar la coordinación”. En realidad, en Madrid se da la peculiaridad única en España de que Cruz Roja mantenía un centro propio de transfusión y distribución de sangre para centros privados que convivía en la región con el centro público.
El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid (CTCM) procesó, según recoge en su memoria oficial de 2012, 175.128 unidades de sangre. “El 90% de las necesidades de sangre hasta ahora provienen del circuito público”, cuenta Edreira. En las colectas externas que ahora el Ejecutivo pasa a la ONG se obtuvieron 62.368 unidades. Es el 35% de todo el volumen anual y el 89% de las transfusiones realizadas directamente por el CTCM, ya que el mayor número de donaciones se produce en los hospitales. “Hasta este momento, sólo un 10% de la sangre precisada en la región podía llegar desde Cruz Roja, y sólo porque existía un acuerdo de colaboración, no porque no se pudiera conseguir el 100% con los medios públicos”, asegura Edreira.
Para hacerse cargo de la red externa de extracciones, Cruz Roja contará con las unidades móviles del parque del CTCM. Edreira no duda en definir el traspaso de funciones como “privatización”, y asegura que la decisión podría dejar en la calle a unos 130 trabajadores. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) coincide con este criterio, puesto que el convenio con Cruz Roja prevé abonar 67 euros por bolsa de sangre que se obtenga (hasta un máximo de 9,3 millones de euros anuales). “El paso de la Comunidad de Madrid abre la puerta a la mercantilización de la sangre”, aseguran.
Sin embargo, el diputado socialista José Manuel Freire no comparte este análisis. “La Cruz Roja no es una entidad privada con ánimo de lucro”, especifica –de hecho, según sus estatutos, el nombramiento y cese del presidente “debe ser ratificado por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto”–. Y luego recuerda que esta institución se hace cargo de la donación de sangre para transfusiones en muchos países como, por ejemplo, EE UU. “No hay que confundir coste con precio”, añade Freire al referirse a los 67 euros por extracción. “De alguna forma se tiene que cubrir lo que cuesta realizar el proceso”, señala al tiempo que se lamenta de que “no puede calificarse todo de privatización porque es una generalización inútil”.
La Cruz Roja ha contestado ante la polémica que, “como no va a fraccionar y distribuir la sangre a los centros sanitarios, se ha hecho una estimación de compensación de gastos por dicha actividad, resultando un coste unitario de 67 euros por bolsa de sangre”, entre los que la organización incluye “el personal sanitario, los equipos móviles y estáticos, la conservación de instalaciones, la extracción y conservación y la promoción”.
Otro aspecto que ha vuelto a recordarse al hacerse pública la decisión de la sanidad de Madrid es el de la dirección de Cruz Roja. Su presidente, Juan Manuel Suárez del Toro, que dirigió Caja Canarias y perteneció al consejo de Bankia, fue imputado en el caso del banco rescatado con 19.000 millones de dinero público. La FADSP ha subrayado respecto a la ONG que “las personas voluntarias son merecedoras de gran respeto, pero no sucede lo mismo con su presidente, un banquero que compatibilizaba hasta hace unos meses su cargo retribuido en esta ONG con la presidencia de Caja Canarias y con su pertenencia al Consejo de Administración de BFA/Bankia”.
