El tráfico de residuos, un suculento negocio al que el Seprona pone coto

En los últimos cuatro años la Guardia Civil ha tramitado 133.000 denuncias por infracciones en materia de residuos, muchas de ellas impuestas por el Seprona, volcado ahora en poner coto al suculento negocio del tráfico internacional de estos desechos.

La actividad de la Guardia Civil para proteger el medio ambiente de residuos nocivos sigue siendo intensa y, de hecho, entre 2012 y lo que llevamos de año sus agentes han denunciado 133.181 infracciones administrativas, además de 89 penales, de las que 78 han sido esclarecidas.

Ochenta detenidos e imputados completan esta estadística, según datos facilitados a Efe por el Seprona, que, consciente de la problemática del tráfico internacional de residuos, se ha puesto manos a la obra para incorporarse a las acciones multilaterales de combate de este fenómeno.

Como explica a Efe el teniente Francisco Rico, debido a esa preocupación compartida por la comunidad internacional el Seprona decidió participar este mismo año en la denominada operación Enigma III sobre el tráfico ilegal de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos y gases CFC's (clorofluorocarbonos) a países de fuera de la UE, coordinada por Interpol.

Y los resultados en España fueron éstos: 1.059 inspecciones realizadas, 997 infracciones administrativas constatadas, 5 tipos delictivos identificados, 11 detenidos y 24 imputados. 

Una operación que se saldó además con 348 frigoríficos, 154 lavadoras, 7.332 kilos de metal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) y 8 depósitos de gas refrigerante intervenidos.

Aparatos que desechan los ciudadanos y que en muchos casos algunas empresas trituran sin autorización, lo que provoca que se liberen a las atmósfera toneladas de gases que reducen la capa de ozono, con gran riesgo para la atmósfera y, por tanto, para las personas.

Hasta el Tribunal Supremo ha constatado este peligro para el medio ambiente y a finales de octubre confirmó, aunque rebajada, la condena de cárcel de la Audiencia de Madrid a empresarios por triturar 2.236 frigoríficos, liberando a la atmósfera el equivalente a 3.378 toneladas de CO2. 

Porque el tratamiento legal de este tipo de residuos no es nada barato. Así que desviarlos al circuito ilegal puede producir pingües beneficios. Tanto es así, que, como explican los investigadores, en algunos lugares como Italia esta actividad está en manos de la mafia.

El Seprona tiene motivos para “sacar pecho” en la lucha contra esta actividad ilegal. Ya en 2011, en la que se conoció como operación Fragmento, imputó a 60 personas por gestionar ilegalmente residuos de más de 500.000 frigoríficos y cobrar las tasas por eliminación ecológica. Ganaron más de 10 millones de euros en 4 años.

Mientras, en enero del año pasado la operación Fragmentados permitió imputar a 178 personas por la gestión ilegal de 200.000 neveras y lavadoras, que reparaban para su venta e, incluso, exportación a otros países en lugar de trasladarlas a las plantas de tratamiento.

Debido a su experiencia en la persecución de estos delitos, el Seprona se ha integrado en la Red Europea de Implementación de Políticas Medioambientales (IMPEL) y, en concreto, en el proyecto TFS sobre traslados transfronterizos de residuos.

Gracias a esa red de cooperación entre policías europeas, el Seprona, con el teniente Rico a la cabeza, tuvo la oportunidad de realizar entre los días 2 y 5 de este mes un ejercicio de inspección conjunto en grandes puertos y vías de comunicación en los Países Bajos y Bélgica, con cuerpos policiales de esos países y de Suecia, Portugal y Alemania.

Los puertos de Rotterdam y Amberes y una gran vía de comunicación en la frontera de Holanda con Alemania fueron los lugares donde se realizaron las inspecciones y donde se comprobó ese tráfico ilegal de residuos que, desde Europa, llegan a países africanos como Ghana o Camerún, al sudeste asiático o a India.

Bicicletas, coches, aparatos electrónicos y un sinfín de RAEEs camuflados entre mercancías aparentemente legales, como mantas, y que mueven grupos delictivos organizados para comercializar con ellos, como apunta a Efe el teniente Rico.

Residuos que salen de Europa pero que no se declaran como tales, sino como productos exentos de tasas o con éstas muy bajas. Una forma de deshacerse de ellos más beneficiosa que su gestión legal en el país de origen.

Y no solo eso. En un “canibalismo” muy habitual, el esamblaje de piezas de diferentes aparatos, incluso la unión de coches partidos por la mitad, pone en el mercado de esos terceros países productos de riesgo y altamente contaminantes.

También son esos países receptores de contenedores de chatarra procedentes de Europa que algunas empresas trasladan de forma ilegal y arrojan en vertederos de esos territorios, ahorrándose el coste de la gestión legal de esos residuos. 

“Nos quitamos de cargas medioambientales aquí (en Europa) y se las llevamos allí”, subraya el teniente Rico.

En España no se han detectado aún grandes grupos criminales dedicados a este gran tráfico, pero sí existe a pequeña escala.

Por eso, el Seprona hace un llamamiento a los ciudadanos para que lleven sus RAEEs a puntos limpios, que no los entreguen a las personas que ponen en las proximidades para ofrecerles deshacerse de ellos por un dinero y que si comprar uno de segunda mano, conserven la factura para emprender posibles acciones legales.