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INTERNACIONAL

¿Es Pinochet el culpable de los peores incendios forestales de Chile?

Tras los incendios que en enero acabaron con la vida de 11 personas y destruyeron grandes extensiones de tierra, muchos se preguntan si la responsabilidad es de las plantaciones de madera subvencionadas, nacidas al calor de la política desreguladora pinochetista

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Un muerto y dos heridos deja un incendio forestal en el sur de Chile

En 1974, el Gobierno dictó un decreto por el que se subvencionaba el 70% del coste de las plantaciones. EFE

El humo ya casi se ha disipado y las llamas que arrasaron más de medio millón de hectáreas de bosques, montes y pastizales están casi apagadas. Pero en el aire quedan las acusaciones contra los dueños de las plantaciones chilenas de eucalipto y pino, por dar más importancia al negocio que a la seguridad.

Tras los peores incendios de la historia de Chile, los activistas se preguntan si la expansión de la industria forestal, que creció sin regulaciones de ningún tipo durante la dictadura de Augusto Pinochet, provocará más problemas en un futuro que se prevé más seco y caluroso debido al cambio climático.

Los incendios de enero acabaron con la vida de 11 personas y provocaron la pérdida de casi 1.600 hogares, además de quemar cientos de miles de hectáreas de bosques y de tierras aptas para el cultivo.

Según algunos jefes de bomberos, varios factores provocaron los incendios. Pero según los ambientalistas, el desastre fue mayor de lo previsto porque las plantaciones habían crecido hasta los límites de las comunidades y las empresas se ahorraron la instalación de cortafuegos.

Llevamos ocho años advirtiendo al sector forestal por el riesgo creciente, estas plantaciones nunca han sido sometidas a una evaluación de riesgo ambiental y no están reguladas de ninguna manera”, explica Sara Larraín, excandidata a la presidencia de Chile y directora de la ONG medioambiental Chile Sustentable.

El Servicio Forestal de EEUU considera a las plantaciones de eucalipto como “altamente inflamables” y recomienda separarlas siempre de las poblaciones con cortafuegos. Sobre el pino de Monterrey, la especie más común en Chile, el organismo dice lo siguiente: “El fuego es especialmente peligroso para los árboles jóvenes y de corteza fina y puede ser desastroso en plantaciones densas, donde las ramas inferiores se llenan de agujas de pino muertas, generando el ambiente propicio para desatar incendios”.

Sin embargo en Chile hay muchas plantaciones cerca de aldeas, de pueblos y hasta de ciudades. Y los incendios de este verano en el hemisferio sur no son los primeros problemáticos a causa de su proximidad con centros urbanos. El fuego devastador que en 2014 arrasó Valparaíso destruyendo 2.400 hogares y matando a 15 personas comenzó en una granja y se extendió por una plantación de eucalipto hasta llegar a los alrededores de la ciudad.

800 millones en ayudas

Según los activistas, la raíz del problema se originó hace décadas con el desarrollo de la industria forestal chilena, durante los primeros años de la dictadura de Pinochet. En 1974, el Gobierno aprobó un decreto por el que se subvencionaba el 70% del coste de las plantaciones. Durante los siguientes 40 años, también en democracia, el sector recibió unos 800 millones de dólares de los contribuyentes. Tres cuartas partes fueron a parar a las dos compañías que dominan la industria: Arauco y CMPC.

Según el gerente comercial y de asuntos corporativos de Arauco, Charles Kimber, la industria ha sido demonizada injustamente sin tener en cuenta el papel crucial que jugó en la reconstrucción de Chile después de “un régimen comunista-socialista, una dictadura”, como Kimber describió al gobierno de Salvador Allende, elegido democráticamente y derrocado en el golpe militar de 1973.

Cuando le preguntaron por qué las plantaciones no estaban más alejadas de los centros urbanos, Kimber respondió: “Sin duda, es necesario un esfuerzo mucho mayor en las zonas interurbanas por parte del Gobierno, los distritos, las compañías y los dueños de los bosques”.

Arauco y Forestal Mininco-CMPC, administradas por dos de las familias industriales más ricas de Chile, suman una facturación anual de más de diez mil millones de dólares, en su mayor parte gracias a las exportaciones a EEUU de madera y pulpa de papel.

Según el gerente general de Forestal Mininco, Eduardo Hernández, la ley chilena fijada por la Corporación Nacional Forestal sólo pide a las empresas de plantaciones que presenten un plan de gestión para la prevención y el control de incendios: “No hay ninguna especificación que obligue a incluir un cortafuegos”.

El sector representa el 2,6% del PIB del país y emplea a unos 300.000 trabajadores (el 5% de la mano de obra de Chile). Pero en Chile muchos críticos sostienen que la enorme riqueza generada por las plantaciones no beneficia realmente a las regiones donde están. En dos de ellas, Maule y La Araucanía, los niveles de pobreza y de desempleo son los más altos del país.

Arrasado por el fuego en enero, el pueblo de Santa Olga es una muestra de la disparidad: de sus 1.500 hogares, solo 350 tenían un suministro directo de agua potable y conexión a una red de alcantarillado; en el resto de casas usaban fosas sépticas y pedían agua a sus vecinos. Menos de la mitad de los hogares tenían un suministro directo de energía eléctrica.

Según las grandes empresas, el 90% de las plantaciones se desarrolló sobre tierra degradada. Los ambientalistas y los habitantes del lugar no están de acuerdo. El jefe de bomberos de Santa Olga, Carlos Hernández, es uno de ellos. Perdió su casa, su cuartel de bomberos y el aserradero donde trabajaba en el “mega incendio” de enero. Hernández recuerda que la región donde creció, incluso la ciudad de Constitución, estaba rodeada de bosques nativos de roble. Sacábamos hongos digüeñes de los árboles y los usábamos para preparar ricas ensaladas; y la gente recolectaba setas para comer y vender a un productor de salsa de tomate local. Pero todos esos bosques ya han desaparecido”, cuenta a t he Guardian .

El destino de los bosques: astillas de exportación

Según la doctora Mary Kalin-Arroyo, bióloga y directora del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Chile, habría que incentivar a la gente para que se mude lejos de las plantaciones y vaya a vivir a pueblos y ciudades con más espacio, ecológicos y mejor planificados.

En su opinión, las tierras rurales deberían dividirse en bosques para explotación industrial, áreas con potencial para recuperar su vegetación original y bosques nativos aún en pie. Debido al calentamiento global, explicó, todos los bosques de Chile corren un mayor peligro: “Vamos a tener que vivir con más y más incendios forestales”.

Traducido por Francisco de Zárate

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