Senadores demócratas piden a Obama el fin de las deportaciones de mujeres y niños centroamericanos

Casi la mitad de los senadores demócratas han instado al presidente Obama a poner fin a las redadas de deportación de mujeres y niños, después de que algunos colectivos expresaran su preocupación por que estas operaciones se puedan reanudar este fin de semana.

Una deportación masiva de familias centroamericanas en varios estados hace tres semanas provocó alarma e indignación en comunidades latinas y una creciente oposición política. La Administración Obama no ha dado signos de querer cambiar el rumbo de su política de priorizar las expulsiones de personas que acaban de cruzar la frontera aunque no supongan una amenaza de seguridad clara.

Este viernes, 22 senadores demócratas enviaron al presidente una carta en la que expresan “serias reservas sobre estas redadas migratorias”. Afirman estar “profundamente preocupados por que, en su afán por evitar nuevas llegadas desde esa región, el Ministerio (de Seguridad Nacional), esté deportando a personas vulnerables que piden razonablemente protección ante situaciones de violencia que amenazan su vida”.

“Es importante evaluar esto como una crisis de refugiados, una crisis humanitaria que afecta a una población vulnerable, y no como un asunto de seguridad de fronteras y control de inmigración. Centrarse en las familias contradice el compromiso reiterado del Gobierno de centrar sus recursos en los delincuentes, y no en las familias. Dados los riesgos particulares a los que se enfrentan estas madres e hijos, la estrategia de efectuar operaciones de expulsión agresivas y con gran difusión –a menudo a altas horas de la madrugada– es impactante y equivocada”, critica la carta.

Los senadores también piden que se conceda un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos a quienes vengan de El Salvador, Honduras y Guatemala, debido al incremento en los niveles de violencia en esos países de los que huyen. El secretario de Estado, John Kerry, anunció este mes que se ampliará el programa de refugiados para esos tres países.

También este viernes, los activistas advirtieron de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían tratar de detener a personas que tengan ahora más de 18 años pero que entraron a Estados Unidos como menores no acompañados y tienen órdenes de deportación. El ICE no ha respondido a varias llamadas y correos para conocer su posición.

El Gobierno de Obama se muestra decidido a seguir adelante con la expulsión de familias y jóvenes a pesar de las duras críticas que ha recibido por parte de activistas, abogados y políticos a raíz de las redadas de principios de año. En esas operaciones, los agentes del ICE detuvieron a 121 personas, la mayoría de ellas recién llegadas de Centroamérica a Georgia, Carolina del Norte y Texas. Se les llevó a un centro de detención de familias en Texas. En una semana, unas 77 personas fueron deportadas a Honduras, Guatemala y México, según informaron agentes de inmigración. El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, declaró que las 121 personas habían “agotado las alternativas legales apropiadas”.

Sin embargo, los activistas que intentaron contactar con ellos en el centro de Texas antes de su expulsión contaron que, tras reunirse con 12 familias que tenían motivos razonables para solicitar asilo, consiguieron permisos de emergencia para todos ellos.

“Nadie debería ser deportado porque se le pasó un plazo judicial”

El Gobierno espera que las redadas tengan un efecto disuasorio, mientras vuelve a crecer el número de niños no acompañados y familias arrestadas en la frontera del sudoeste y se desata la preocupación por una mayor afluencia como la que se vio en el verano de 2014, que colapsó las infraestructuras y el sistema legal. Por el contrario, los activistas creen que esas operaciones generan ansiedad y desconfianza en Estados Unidos pero no disuaden a los centroamericanos que temen por sus vidas en una situación cada vez más violento.

Creen que las familias y los niños no deberían estar en la lista de prioridades para las expulsiones. También consideran que el éxito de los abogados en la paralización de deportaciones muestra que las órdenes de expulsión se deben a una representación legal inadecuada o inexistente y no a los propios fundamentos de los casos. “Nadie debería ser deportado porque se le pasó un plazo judicial”, defiende Mohammad Abdollahi, portavoz de la organización Raices. Según Atkinson, las redadas de enero han “provocado pánico” en las comunidades de migrantes desde que el Washington Post informó sobre ellas poco antes de Navidad.

Los líderes de esas comunidades han reaccionado indignados, y colectivos como Unidos Soñamos han lanzado campañas publicitarias en las que instan a los migrantes a conocer sus derechos y a no abrir la puerta de sus casas a los agentes del ICE. “El mensaje del Gobierno de que esas redadas a mujeres y niños y las deportaciones son rutinarias y no hay que preocuparse por ellas es ofensivo y equivocado”, opina Greisa Martínez, de Unidos Soñamos. “No debería haber ambigüedad en eso: el Gobierno estadounidense está enviando niños a la muerte y la Administración Obama debe acabar con eso inmediatamente”, conmina.

El presidente de la Hermandad de Consejos Evangélicos del Sudeste de Florida, el obispo Ángel Marcial Estades, señala que su organización ha recibido múltiples informes de redadas del ICE potencialmente inminentes en Tampa, Dover y el sudeste de Orlando (Florida): “(Los residentes) están informando de movimientos extraños de vehículos del ICE que pasan por sus zonas como si estuvieran buscando algo, lo cual está asustando a las familias”.

Las redadas ponen al Gobierno de Obama en una posición incómoda e inusual: Donald Trump se atribuyó el mérito, mientras que casi 150 políticos demócratas firmaron una carta pidiendo parar esas políticas. Hillary Clinton ha manifestado que las redadas “siembran división y miedo”.

En el año fiscal de 2014 se iniciaron más de 56.000 procesos judiciales por inmigración que afectaban a menores, el doble de los del año pasado. Acabaron en 12.137 órdenes de expulsión y 28.955 casos aún pendientes, según datos recogidos por la Universidad de Siracusa. Desde el repunte del verano de 2014, unas 18.500 mujeres con niños han recibido una orden de expulsión. Las estadísticas muestran que el acceso a representación legal mejora drásticamente las posibilidades de evitar la deportación, pero los inmigrantes sin documentación no tienen derecho a un abogado de oficio.

Traducción de: Jaime Sevilla