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El regulador nuclear también existe

El Consejo de Seguridad Nuclear está capturado: atiende a demandas ajenas, ya sean de los propietarios de las instalaciones nucleares o de intereses políticos, en lugar de anteponer siempre la seguridad y la protección de los ciudadanos

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El PP controlará el Consejo de Seguridad Nuclear / EFE

Leíamos hace unos días cómo se podía haber evitado desde el regulador financiero, el Banco de España, una catástrofe como la de Bankia: atendiendo a lo que indicaban los expertos y aplicando siempre el principio de precaución ante las dudas. Los reguladores resultan fundamentales para poder gestionar riesgos cuyas consecuencias podrían llegar a ser de grandes proporciones. Pero para que el sistema funcione es imprescindible que sean independientes y, para eso, la transparencia es clave, pues sirve como forma de ejercer un control real sobre su calidad institucional.

El regulador nuclear de nuestro país es el Consejo de Seguridad Nuclear, garante de la seguridad nuclear y de la protección radiológica. Se constituyó en 1980 tomando como referencia la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de los Estados Unidos. El Pleno del CSN, órgano que toma las decisiones, está formado por cinco miembros, precisamente al objeto de garantizar su máxima independencia en las votaciones, y que son elegidos por el Congreso de los Diputados, donde tiene que rendir cuentas. No obstante, por una "anomalía democrática", término que ahora se emplea para explicar diversas situaciones, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear ha estado cerca de dos años sin comparecer para dar cuenta de la gestión al frente de esta institución.

El uso de la energía nuclear entraña riesgos. Los reactores nucleares de fisión, de muy diversas tecnologías, se basan en mantener una reacción nuclear en cadena que, en caso de no poder controlar, termina generando un daño ambiental de grandes proporciones, como se vio en el accidente de Chernobyl. Pero además, incluso cuando se detiene la reacción en cadena, se sigue produciendo una cantidad importante de energía (calor residual) que, si no se puede evacuar adecuadamente, puede dar lugar a la liberación de grandes cantidades de material radiactivo como ocurrió en los accidentes de Three Mile Island y Fukushima. En otros casos, como el de Vandellós 1 en España (1989) la situación quedó cerca de una catástrofe, pero la gran labor de los bomberos profesionales impidió que el núcleo del reactor llegara a verse afectado.

Garantizar la seguridad nuclear requiere de la aplicación de códigos y normas, que van desde los cálculos de la temperatura de las vainas de combustible en diversos escenarios, a la protección contra los efectos de la radiactividad, pasando por la gestión adecuada de los recursos humanos. Además de todo esto, no se debe olvidar que también es necesario proteger el medio ambiente en su sentido más amplio, materia que no está desarrollada en nuestra regulación nacional con toda la extensión que debería. El envejecimiento de las instalaciones nucleares presenta una situación todavía más compleja, pues hay que añadir nuevas variables a la regulación nuclear.

Además, conviene desatacar que el hecho de que no exista en nuestro país un plan energético con el que despejar las incertidumbres respecto al futuro uso de la energía nuclear, aumenta la presión sobre el regulador, pues dicha indefinición política lleva a los titulares de las instalaciones a mostrarse renuentes con nuevos requisitos reguladores, a intentar apurar al máximo los plazos de tiempo exigibles y a cuestionar las inversiones a realizar para mejorar la seguridad. Todo ello exige al regulador mayor dedicación para conseguir modificaciones en el diseño o en los procesos que supongan un avance en el nivel de seguridad, con lo que la situación del día a día en el regulador se hace más difícil.

El Consejo de Seguridad Nuclear tiene un reto importante por delante, y un escenario complejo ante el que actuar con la máxima independencia de otros intereses para exigir que la explotación de las instalaciones se efectúe con las máximas garantías posibles.

Bajo la premisa de que existe un cuerpo técnico de profesionales altamente cualificados que realizan un trabajo de calidad, no siendo relevante garantizar un liderazgo de alta cualificación e independencia, se ha ido produciendo en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear una progresiva degradación institucional. Sin embargo, tanto el Organismo Internacional para la Energía Atómica como los informes del regulador japonés tras lo ocurrido en Fukushima, alertan de que ese liderazgo de calidad es una condición importante que hay que establecer ya que su ausencia puede resultar en detrimento de la eficacia del sistema que debe garantizar esa seguridad nuclear a ultranza.

El debate interno, la cultura de seguridad y otras variables que conforman nuestro entorno profesional, como son el apoyo a la actividad inspectora y el necesario refuerzo de la autoridad del inspector, afectan al rigor institucional, siendo fundamental contar con una actitud de los líderes que promueva la excelencia en el desarrollo de nuestra misión.

En el regulador nuclear español la independencia y la transparencia se encuentran hoy en día conculcadas, y alejan al organismo del prestigio y del reconocimiento social necesarios en una sociedad democrática.

Reducir el número de sucesos que son conocidos por la opinión pública, o alterar el ritmo de los procesos de licenciamiento, ya sea por una inadecuada planificación de los titulares de las instalaciones, o por falta de estrategia del propio regulador, son prácticas que nos preocupan porque reflejan que el organismo regulador está capturado, esto es, que atiende a demandas ajenas, ya sean de los propietarios de las instalaciones nucleares o de intereses políticos, en lugar de anteponer siempre la seguridad y la protección de los ciudadanos, que son, a fin de cuentas, quienes tendrían que pagar las posibles consecuencias de una mala gestión, tanto por el daño ambiental como desde el punto de vista económico. La responsabilidad civil de las eléctricas está actualmente establecida en tan solo 100 millones de euros.    

La defensa de una desregulación del sector es injustificable, pero se aplica de facto mirando para otro lado, debilitando así una institución que, en su cúpula, no aborda muchas cuestiones técnicas con la debida responsabilidad y, en ocasiones, limita y entorpece la capacidad de actuación de los técnicos evaluadores e inspectores. Al final, amparándose en el principio de jerarquía, el poder de decisión tiende a concentrarse en un número muy limitado de directivos cuyo criterio no queda sometido a ningún tipo de control. En temas de alta complejidad como es la seguridad nuclear, las decisiones individuales suponen una merma de la seguridad, independientemente de la cualificación de quien las toma, y vulneran los principios de redundancia y diversidad en los que se fundamenta la regulación nuclear.

El elevado número de puestos de libre designación en este organismo (en torno a un tercio de la plantilla técnica) ha favorecido una cultura interna de miedo y sumisión a los que gobiernan la institución, y una ausencia de debate abierto. La valoración objetiva de las discrepancias, que actualmente brilla por su ausencia, debería ser parte fundamental y habitual de la gestión en una organización de estas características.

La más que evidente politización de este importante regulador hace pensar en posibles puertas giratorias a futuro, frecuentes en el sector energético, y supone un lastre adicional para la mejora de la seguridad nuclear en nuestro país.

Como representante sindical preocupada por una realidad que también afecta a este regulador, quiero trasladar a la opinión pública que es necesario un cambio en esta institución si se quiere garantizar la seguridad en el uso de la energía nuclear. Podríamos estar creando una falsa tranquilidad con un regulador que más que actuar como barrera de seguridad estaría funcionando como un desregulador capturado. Más que nunca y de cara a los retos del futuro más próximo, es muy necesario abordar este cambio.

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