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Murcia, espejo de España

Mariano Rajoy y Pedro Antonio Sánchez, en una imagen de archivo.

Antón Losada

Cada nuevo acto de la tragicomedia protagonizada por el PP y el todavía presidente Pedro Antonio Sánchez convierte a Murcia en un espejo perfecto de cuanto está sucediendo en España y su política. Si el clásico de Miguel Mihura Ninette y un señor de Murcia retrató la miseria humana de la España franquista del desarrollismo y la emigración, esta versión 2.0, que bien podría titularse Rajoy y un señor de Murcia, ejemplifica con precisión milimétrica la miseria de todos los déficits mayores que arrastra la cultura democrática española.

Tras la sacudida provocada por la crisis y la indignación social ante el comportamiento de unas élites económicas y políticas que exigían e imponían sacrificios a la mayoría con la misma alegría y facilidad con que se eximían a sí mismas, muchos de los estándares y criterios que rigen los usos y costumbres de nuestra democracia e instituciones fueron sometidos a revisión. Hábitos y comportamientos que se había llegado a aceptar como normales durante los años de la burbuja fueron denunciados y señalados. Instituciones, cargos y organizaciones han tenido que modificar, aunque fuera sólo en apariencia, sus comportamientos y actitudes para tratar de sintonizar con esa demanda social de higiene y decencia democrática.

Con el discurso oficial de salida de la crisis parece venir de regalo el regreso sin complejos a los viejos usos y estándares de los años dorados de la corrupción. El PP, Rajoy y el presidente de Murcia se sitúan en la indiscutible vanguardia de este revival de la miseria, tratando que veamos de nuevo normalidad en comportamientos que habíamos llegado a percibir como insoportables para una democracia de calidad.

Así, en Murcia, su presidente, el PP y Rajoy pretenden que eximamos de cualquier culpa a Pedro Antonio Sánchez porque los seis millones de euros despilfarrados en un auditórium que no está ni terminado “están allí, en la obra y no se los ha llevado a su casa”. Ahora que parecía ya estábamos de acuerdo en que no bastaba con no ser ladrón y teníamos derecho a exigir buenos gestores, va a resultar que no, que el despilfarro representa un derecho del gobernante que puede ejercer libremente y por el cual no debe rendir cuentas ni asumir responsabilidades. La incompetencia vuelve a ser un eximente político.

Así, en Murcia, su presidente, el PP y Rajoy pretenden que volvamos a aceptar que para dimitir no basta con que conspiren para delinquir, malversen, prevariquen, repartan dinero público a dedo o se lo gasten en su promoción personal. Además han de tener éxito y ejecutar el crimen. Si se queda en tentativa, no cuenta y lo justo y democrático es hacer como si no hubiera pasado nado. Que el plan falle vuelve a ser otro eximente político.

Así, en Murcia, su presidente, el PP y Rajoy pretenden que volvamos a aceptar que nadie debe asumir responsabilidades políticas hasta que hablen los jueces. Una falacia que ya habíamos descartado porque, cuando hablan los jueces, ya no quedan responsabilidades políticas que asumir, solo sentencias e inhabilitaciones que cumplir.

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