Si no hay moción, pues dimisión

El 10 de septiembre de 1995 Jordi Pujol se plantó en La Moncloa para expresar a Felipe González la firme convicción de la dirección de su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de que no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado y que lo mejor para los intereses generales era que los españoles votaran. Escenificaba así la ruptura formal de su apoyo al Gobierno, tras dos años de alianza política. España vivía una profunda crisis política provocada por múltiples escándalos de corrupción que acorralaban al gobierno. Filesa, el caso Roldán, los GAL… Sin embargo, aún pasarían seis meses hasta que González se decidió a convocar elecciones generales.

Entre 2008 y 2011, Zapatero gobernó en minoría parlamentaria, lo que le obligó a buscar apoyos puntuales y variables para sacar adelante leyes y presupuestos. A diferencia de su primer mandato, en el que contó con socios más estables como ERC e IU, el segundo estuvo marcado por la geometría variable y la presión de una feroz crisis económica, si bien su aliado estratégico más sólido fue el PNV. El drástico decreto del 20 de mayo de 2010 para reducir el déficit público marcaría, no obstante, un punto de inflexión en la relación con los socios, que desde esa fecha presionaron para que el presidente anticipara elecciones. Zapatero no lo hizo hasta noviembre del año siguiente.

En 2018, Mariano Rajoy salió de La Moncloa con una moción de censura. De no haber sido por la sentencia del caso Gürtel y porque el PNV pasó en apenas una semana de apoyar los Presupuestos del gobierno a repudiar la corrupción del PP, el presidente de entonces hubiera seguido con la retahíla de que “todo es mentira menos alguna cosa” y jamás hubiera adelantado las elecciones.

En la España de 2026, los socios parlamentarios hace meses que han abandonado a Pedro Sánchez, pero ninguno está dispuesto a apoyar una moción de censura impulsada por Feijóo. Y no porque les una el amor al presidente del Gobierno, sino por el espanto de aparecer en la fotografía junto a la extrema derecha de Vox. Tampoco es que Feijóo les inspire confianza alguna, si bien todos, como Pujol en 1995 y el PNV en 2010, defienden que lo mejor ante la cascada de sumarios judiciales que afectan al PSOE sería llamar a las urnas.

El histórico nos ha enseñado que ningún presidente convoca elecciones en medio de una tormenta. Y mucho menos porque se lo pidan socios u opositores. Sánchez no está en ello. Al menos, de momento. La impresión en el PSOE es que el presidente anhela que llegue cuanto antes el verano, que Zapatero declare ante la Audiencia Nacional, que pase su comparecencia ante el Congreso para hablar de los sumarios judiciales y que el Comité Federal del PSOE la última semana de junio se salde con un cierre de filas y que en julio media España esté de vacaciones y la otra media, pensando en ellas. 

Lo que no podrá evitar es el aroma de fin de ciclo que desprende la conversación pública, ni la sentencia del caso Ábalos/Cerdán, ni la presión de alcaldes y cargos intermedios para que la legislatura acabe cuanto antes. En el fondo sabe que ya no hay momento bueno para llamar a las urnas, que las investigaciones judiciales depararán nuevos sobresaltos, que la ofensiva política, judicial, mediática y policial no cejará y que el mensaje que emiten ya, sin disimulo, las derechas es que el siguiente peldaño a escalar será sentarle en el banquillo. A ser posible, como imputado. La amenaza corre como la pólvora en todos los mentideros: “O se marcha o acabará sentado en el banquillo”. 

Y como a Feijóo y a su Brunete mediática les ha salido rana la propuesta de la moción de censura, ahora la cantinela es la “dimisión inmediata por decencia”. González no lo hizo, pese a que un vicepresidente y un ministro, Narcís Serra y Julián García Vargas, tuvieron que dimitir tras ser imputados en el escándalo por las escuchas ilegales del CESID. Aznar da lecciones de ética política 24/7, pese a que tres cuartas partes de sus ministros fueron acusados, imputados, condenados o llamados a declarar en relación con alguna trama corrupta. Rajoy, ya saben, es Rajoy y padece amnesia, pero ahí tiene a su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el banquillo por la Kitchen, un caso de corrupción de Estado de libro. Eso sí, Sánchez, a quien sin duda interpelan los casos Ábalos, Cerdán e incluso Leire Díaz, tiene que hacer lo que ninguno de sus antecesores hizo antes por casos igual o más escandalosos que los que ahora la UCO describe. Por decencia, dicen los mismos que por “orden de la superioridad” bucearon en los negocios del suegro del secretario general del PSOE ya en 2014 por si algún día llegase a la Presidencia del Gobierno. Por decoro, replican los que han chapoteado en el lodazal de todo tipo de cloacas. Por dignidad, añaden los que aparecen en grabaciones bochornosas. Por lo que sea, pero que se vaya, dicen. Y que se vaya, ya.