Condonación de la deuda: Canarias vuelve a enfrentarse al Gobierno pese a ser la comunidad de mayor porcentaje 'perdonado'

“Inédita” y “excepcional”, como la ha calificado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o “trampa” y “chantaje”, como la han etiquetado las comunidades del PP, entre ellas Canarias: es la condonación por parte del Estado de 83.252 millones de euros de deuda autonómica, una medida responde a unas cuentas tan complejas como controvertidas.

El principio es claro: “Corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas” las comunidades autónomas durante la crisis financiera “por la falta de recursos por parte -según enfatiza el ejecutivo actual- del Gobierno de Mariano Rajoy” y así facilitar su vuelta gradual a los mercados para obtener financiación. Paradójicamente, ya en 2018 el entonces ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro (PP), advertía: “Tenemos que ver qué hacemos con la deuda de las comunidades autónomas y, particularmente, qué hacemos con la deuda que las comunidades tienen contraída con el Estado”.

Un año antes, el informe para la reforma del modelo de financiación autonómica elaborado por una Comisión de “sabios” abordó, sin acuerdo, la forma en la que se debería “metabolizar” la deuda, en particular, la canalizada con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El tiempo pasó y la deuda creció y, quizá por aquello de hacer de la necesidad virtud, el impulso definitivo no llegó hasta noviembre de 2023, cuando el pacto PSOE-ERC para la investidura de Pedro Sánchez incluyó la asunción por parte de la administración central de unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con el Estado.

Veintidós meses e innumerables debates después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado esta semana un anteproyecto de ley orgánica de “medidas excepcionales de sostenibilidad financiera” para las comunidades autónomas de régimen común -todas salvo Navarra y País Vasco- que faculta al Estado a asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades.

Es una decisión que, según Hacienda, beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados, pero que los presidentes autonómicos del PP, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se niegan a aceptar.

“Si el señor Feijóo no es capaz de hacerlo por ser rehén de las políticas ultras que tiene su partido, al menos que los presidentes autonómicos pongan por delante el interés de la ciudadanía y sean coherentes con lo que interesa a sus territorios y no con los mandatos que vienen de Génova que no benefician a nadie”, dijo la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, al exponer la aprobación de la quita.

E insistió en que la condonación parcial beneficia “al conjunto” de las comunidades autónomas y no supone “ningún agravio comparativo” de unas sobre otras, recordando que entre las regiones más beneficiadas están Andalucía, Valencia y Canarias, todas ellas gobernadas por el PP.

Canarias, en contra

El presidente isleño, Fernando Clavijo (CC), anunció poco después de anunciarse la quita que el Gobierno que preside presentaría “batalla” en los juzgados en contra de la condonación para que se cambien los criterios. Y eso pese a que las Islas son la región con mayor porcentaje de deuda perdonada: el 50% de ella, que es el límite máximo establecido por el Estado.

El PP de Canarias y Coalición Canaria consideran que ese límite es “arbitrario” y denuncian que solo se aplica a Canarias, obviando que esto es porque es la única comunidad a la que se le perdona un porcentaje tan elevado. En términos absolutos, a las Islas se le condonan 3.259 millones de euros.

El Gobierno canario señala que los criterios aplicados por el Gobierno central suponen un perjuicio de 1.710 millones de euros para las islas pese a ser una comunidad cumplidora con los objetivos de déficit y endeudamiento.

Y detalla que según la metodología del Ministerio, en la fase 2 del proceso de condonación se favorece a las comunidades más endeudadas, lo que para la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, del PP, “supone un agravio comparativo con aquellas que, como Canarias, han demostrado mayor responsabilidad financiera”.

El rechazo de PP y CC, una “puñalada a Canarias”

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras conocer el rechazo de los dos partidos que cogobiernan en el archipiélago incidió en que este es la comunidad “más beneficiada” porque su deuda se rebaja a la mitad, y avisó a CC y a PP de que, si la rechazan, “le dan una puñalada a los intereses de esta tierra”.

“Voy a ser absolutamente claro y rotundo: nadie podrá decir que la comunidad más perjudicada es Canarias porque se le condona el 50% de su deuda. Otras comunidades a las que se les condona el 25%, 35%, incluso menos, piden ser como Canarias”, señaló el también expresidente de Canarias. “No me cabe en la cabeza que el señor Clavijo y Domínguez [el vicepresidente regional, del PP] no acepten que la deuda de los canarios pase de 6.000 a 3.000 millones”.

Torres recordó que en 2007, en la anterior etapa de Clavijo como presidente de Canarias y con Mariano Rajoy en la Moncloa, la deuda de la comunidad autónoma era de 7.000 millones, casi un 20% del PIB, y “no se le oyó nada” cuando desde Madrid “no se quitó un euro” de la misma.

El líder de los socialistas canarios exhortó al presidente y al vicepresidente de Canarias “que defiendan los intereses” del archipiélago “y no seguir las órdenes del PP”, porque si hacen eso “los canarios se lo harán pagar”.

Por último, Torres apuntó que “quedará para la historia” que el PP votó en el Congreso en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, incluidos los diputados canarios de ese partido, cuyo líder, Manuel Domínguez, “se mantiene como vicepresidente porque Clavijo lo quiere”.

Andalucía, la comunidad que podría condonar más deuda

Los gobiernos populares no ven ninguna ventaja a que el Estado asuma 56.456 millones de euros de deuda de Andalucía (18.791), Comunidad Valenciana (11.210), Madrid (8.644), Galicia (4.010), Castilla y León (3.643), Murcia (3.318), Canarias (3.259), Aragón (2.124), Baleares (1.741), Extremadura (1.718), Cantabria (809) y La Rioja (448).

No lo ven porque interpretan que el artículo 10.1 del anteproyecto aprobado por el Gobierno les impide destinar el ahorro derivado de esa quita a gasto social al establecer que la operación “será neutral a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto de cada subsector y de las comunidades autónomas destinatarias”.

Sin embargo, Hacienda insiste en que sí se puede y en que ese artículo señala que se tiene que cumplir con las reglas fiscales, como cualquier ingreso, igual por ejemplo que cuando las comunidades reciben más dinero de las entregas a cuenta, que nadie interpreta que no se puede destinar a gasto social. Por tanto, ese argumento del PP y de CC carecería de fundamento.

El método de cálculo

Canarias ha sido de las primeras en criticar el método para calcular la cuantía correspondiente a cada comunidad empleado por el Ministerio de Hacienda, que, por contra, asegura que aplica criterios “objetivos, transparentes e idénticos para todos los territorios”.

El método de reparto ha llegado por fases: una primera con el criterio de población ajustada, del que resultó una quita de 60.232 millones, con una media del 19,3% de la deuda autonómica; y una segunda fase en la que se añadieron 11.514 millones para garantizar que todas las comunidades vean condonado al menos ese porcentaje.

En una tercera fase se asignaron otros 10.590 millones para elevar la asignación por habitante ajustado a las autonomías que entre 2010 y 2022 recibieron menos que la media, y a las que se les dará lo mismo por habitante ajustado que a la Comunidad Valenciana (2.284 euros).

Además, se introdujo un ajuste adicional, igualmente criticado por varias comunidades del PP, que premia con 917 millones a las autonomías que usaron sus competencias para aumentar la recaudación del IRPF, con una condonación extra del 10% para quienes lo subieron por encima de la media (a Canarias le corresponden en esta fase 282 millones de euros) y un 5% para las que quedaron por debajo.

La adhesión no es obligatoria

Frente al rechazo, cabe señalar que la adhesión a esta quita no es obligatoria, por lo que los gobiernos que no quieran que se les condone su deuda podrán rechazarla, explicando los motivos.

Sí se han mostrado favorables las tres comunidades de régimen común con gobiernos socialistas: Cataluña (17.104 millones de euros), Castilla-La Mancha (4.927) y Asturias (1.508), que, salvo sorpresa, abrirán el proceso de adhesión voluntaria a estas medidas.

Como señala el anteproyecto del Gobierno, la adhesión se realizará (dentro del plazo que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos) en las comisiones mixtas entre el Estado y las comunidades autónomas.

En todo caso, esto no ocurrirá todavía, porque, como adelantó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la previsión es que la norma pueda ser aprobada para su entrada en vigor “a lo largo del primer trimestre” de 2026.

Una vez en vigor la ley, la cancelación de la deuda se irá acompasando a cada uno de los vencimientos (principal e intereses), con lo que Hacienda prevé que el proceso dure cerca de una década, que es el plazo máximo de vencimiento actual en el FLA.