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El Tribunal Superior de Madrid rechaza la petición de Ayuso de desalojar la acampada de Sol

MADRID, 01/10/2026.- Acampada en la Puerta del Sol como protesta contra la crisis de vivienda en el país

elDiario.es

5 de octubre de 2026 10:50 h

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El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid para desalojar de forma urgente la acampada que desde hace días ocupa la Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda y por el desahucio de Maricarmen. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, cuya sede se encuentra en la Casa de Correos de la Puerta del Sol, había solicitado medidas cautelarísimas para que la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional fueran requeridos para sacar a cientos de personas de la plaza. Los jueces, en cualquier caso, aceleran los plazos para que las partes hagan alegaciones y ponen de plazo las nueve de la mañana del próximo 7 de octubre para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presenten sus argumentos y tomar una nueva decisión.

Ayuso hizo el anuncio el pasado 1 de octubre. “Esta misma mañana, la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso-administrativo” para exigir la “inmediata disolución” de la acampada. La ley establece un plazo de 48 horas para que un juzgado decida sobre este tipo de medidas urgentes, sin pedir opinión a las partes, pero la primera magistrada que estudió el caso tuvo que preguntar a Comunidad de Madrid, Fiscalía y Abogacía del Estado si la competencia era suya o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los jueces reconocen que existen “circunstancias de especial urgencias” pero que para tomar una decisión se debe “oír previamente a la Administración General del Estado”, sobre todo ante la acusación de “inactividad” de la Delegación del Gobierno. También entra en juego, recuerda el TSJ en este auto, “la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas, así como la irreversibilidad de las consecuencias para éstas de acceder, por la presente medida cautelarísima, al desalojo instado”.

Un potencial desalojo a manos de la Policía Nacional, añade este auto que deniega las medidas cautelarísimas, acarrearía un posible uso de la fuerza si los acampados no abandonan el lugar tras una petición verbal.

La acampada liderada por el Sindicato de Inquilinas instaló las primeras tiendas de campaña en el 'kilómetro cero' de Madrid en la noche del pasado 26 de septiembre. Protestas surgidas tras el desahucio de la anciana Maricarmen de la casa de la avenida Alcalde Sainz de Baranda donde había vivido durante décadas a instancia de Urbagestión, la dueña del piso desde 2018 que, después del desahucio ejecutado por la Policía Nacional, ha llegado a un acuerdo con la mujer a través del Ayuntamiento de Madrid para que pueda volver al piso.

El rechazo de las medidas cautelarísimas pedidas por el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso pero esta decisión no supone el punto y final judicial al asunto, aunque aleja el horizonte de una nueva decisión. Ahora el TSJM pasará a la fase de medidas cautelares y, con la opinión de la Fiscalía y la Delegación del Gobierno, representada por la Abogacía del Estado, tomará una nueva decisión en unos días.

Delegación de Gobierno reacciona ante la decisión

La Delegación del Gobierno en Madrid ha valorado el rechazo de desalojar la Puerta del Sol. Fuentes de la Delegación aseguran que “ninguna presión política puede sustituir los requisitos que exige la ley para limitar un derecho fundamental”. También piden al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que había acudido a la Justicia para forzar el desalojo de las cientos de personas que todavía acampan en Sol, el “respeto a estas garantías”, así como que “asuma sus responsabilidades para ofrecer soluciones a quienes reclaman una vivienda digna”.

“La ley es clara y dice que las medidas de intervención deben ser graduales y proporcionadas a las circunstancias, y la disolución de reuniones y manifestaciones constituye el último recurso”, aseguran después del choque de los últimos días entre el delegado, Francisco Martín, y la presidenta autonómica.

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