Madrid, 4 nov (EFE).- La renuncia de las asociaciones judiciales y fiscales a recurrir el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, pese a que algunas fueron muy criticas, afianzó su elección, porque, según el Supremo, de haberlo impugnado habría resuelto el fondo de la controversia porque estaban legitimadas.
La Sección cuarta de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal difundió este miércoles las sentencias con las que ratificó el nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general al no admitir los recursos de PP y Vox por no tener “legitimación activa” para recurrir, lo que no ocurre con otros actores.
Son las asociaciones de jueces y de fiscales. El Supremo les recuerda que esa “imprescindible legitimación activa” sí que “asistía a las asociaciones de fiscales y de jueces, que por cierto ahora no han interpuesto ningún recurso contencioso-administrativo ante esta Sala y, sin embargo, sí lo hicieron en 1994”.
El Supremo se refiere al caso de Eligio Hernández como fiscal general cuya designación fue anulada, “lo que sucede es que entonces el recurso se interpuso por persona legitimada, una asociación de fiscales y dos asociaciones de jueces, y ahora no”.
Con ello, los magistrados quieren dejar claro que la inadmisión de los recursos del PP y Vox no crea espacios de inmunidad ya que el nombramiento es recurrible y, de haberlo impugnado un sujeto legitimado como las asociaciones, ellos habrían entrado en el fondo.
Pero eso no ocurrió, pese a que el nombramiento fue muy contestado por todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las dos progresistas, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD)
Especialmente dura fue la Asociación de Fiscales, de tinte conservador y mayoritaria en la carrera, que llegó a recibir con “estupor” la designación y que ahora interpreta ese mensaje del Supremo a las asociaciones como “una excusa” dando a entender que “cómo no has recurrido, me quito de en medio este asunto”.
Cristina Dexeus, presidenta de la asociación, explica a Efe que “el Supremo lo que ha hecho es señalar a las asociaciones” que son las que, según su criterio, “le han impedido conocer el fondo”.
En su opinión, no se puede comparar este caso con el de Eligio Hernández, porque “entonces se trataba de una cuestión objetiva, que no cumplía con el requisito de 15 años de jurista de reconocido prestigio, por lo que era algo muy notorio”.
Desde la Asociación de Fiscales reconocen que tras la designación de Delgado hubo un “debate interno” para impugnarlo ante el Supremo, pero finalmente se decidió no hacerlo.
Como tampoco lo hizo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que entonces manifestó su “sorpresa por el nombramiento” y estimó que “no traslada a la ciudadanía la apariencia de autonomía del Ministerio Fiscal”.
Aquí el motivo para no impugnarlo fue claramente económico. Su portavoz, Salvador Viada, afirma a Efe que “claro que querían recurrir” pero que “las elevadas costas que impone el Supremo de unos 3.000 euros disuaden de hacerlo”.
“Si fueran unas costas razonables para afrontarlo con normalidad lo hubiéramos recurrido, pero nos meten estas costas tan elevadas y nuestra asociación se queda con la caja vacía”, precisa.
Con todo, esta asociación entendió que “los partidos políticos sí tenían toda la legitimación para recurrir” el nombramiento “porque afectaba al interés general”. “Al ver que daban el paso, pensamos que lo hagan ellos”, añade.
En las antípodas se sitúa la UPF, asociación a la que pertenece Delgado, que desde el primer momento avaló la designación y que ahora considera que “la sentencia del Supremo refuerza su designación porque supone pasar otro filtro más, que no hace sino ratificar el nombramiento en su momento”, como antes hicieron el Consejo General del Poder Judicial y el Congreso.
Su presidenta, Inés Herreros, destaca que aquellas dos asociaciones de fiscales “efectivamente estaban legitimadas para recurrir pero también tenían conocimiento de que no tendría mucho recorrido”.
Rafael Martínez