La desigualdad limita la democracia en América Latina
Una de las conclusiones del IV Foro de la Democracia, que por cuarto año consecutivo tuvo lugar en Ciudad de México, organizado por el Instituto Federal Electoral de México y la Organización de los Estados Americanos, ha sido que la desigualdad es el depredador de las democracias latinoamericanas. La preocupación está justificada. Como sostiene el último informe de la CEPAL, el 40% de la población con ingresos más bajos capta en promedio el 15% total del ingreso mientras que el 10% de la población con ingresos más altos posee el 32%. América Latina, por tanto, continúa siendo la región más desigual del mundo.
Si bien al comparar los resultados de 2012 con los diez años anteriores se constatan mejoras distributivas en la mayoría de los países de la región, la situación continúa siendo crítica. Más allá de los que muchos auguraban, la reducción de la desigualdad fue posible, pese a la crisis económica que se inició en 2008. De 17 países considerados por la CEPAL, el índice de Gini se redujo al menos un 1% anual en nueve casos. Entre los países que registraron los descensos más significativos se encuentran Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, todos ellos con tasas anuales de reducción del Gini superiores al 2%.
A pesar de esta reducción, los ciudadanos están convencidos de que los países son desiguales y que la mayor parte de la riqueza está concentrada en pocas manos. Además, asocian esa desigualdad a la incapacidad de los partidos y de las diversas instituciones del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Esa desigualdad percibida por los ciudadanos sobre la manera inequitativa en la que se distribuyen los bienes económicos, políticos y sociales se correlaciona con la desconfianza hacia las instituciones y los actores políticos, lo cual dificulta la salud de la democracia.
Los datos son evidentes. Para 2012, último año en el que se consiguen datos comparables para un mayor número de casos, los países donde la riqueza estaba más concentrada eran Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana, donde los más ricos accedían al 40% de los ingresos mientras los más pobres lo hacían entre el 11% y el 15%. En Bolivia, Costa Rica y Panamá, los más pobres acceden a niveles de ingresos similares a los de los países anteriores, pero es algo menor el porcentaje que le corresponde al decil superior. En Argentina, Ecuador, Salvador, México, Nicaragua y Perú se registran valores mayores en el extremo inferior de la distribución (un 16% o un 17%) y algo menos entre el 10% más rico (en torno al 30%). Uruguay y Venezuela son los dos casos de menor concentración del ingreso, ya que los más pobres y los más ricos consiguen acceder al 23% de los recursos en ambos extremos.
En el foro, que se ha convertido en una cita obligada para políticos, académicos, sociedad civil y funcionarios de organismos electorales e internacionales, se alertó sobre los efectos perversos de la desigualdad sobre la democracia y sobre la urgencia de atender las demandas de los sectores más desfavorecidos, como mujeres, indígenas, jóvenes o pobres. Una de las estrategias que los Gobiernos han empleado para enfrentarla ha sido implementar programas de transferencias condicionadas como Bolsa Familia en Brasil, Jefas y Jefes de Hogar en Argentina, Bono del Desarrollo Humano en Ecuador u Oportunidades en México, algunos de las cuales han sido impulsados bajo el liderazgo de políticos y Gobiernos de la nueva izquierda o lo que se ha denominado “izquierda populista”.
Si bien no es posible asociar el éxito de los programas a una determinada ideología ni programa político, ya que ni la izquierda ni la derecha han podido erradicar de manera definitiva la desigualdad, hay algunos indicios para pensar que estos programas aplicados por los Gobiernos de izquierda populista han tenido algún éxito en reducir la desigualdad. Precisamente, en algunos de esos países (Bolivia, Venezuela o Nicaragua), como se mencionaba al principio de este post, es donde más se ha reducido la desigualdad. En un trabajo publicado por el Wilson Center en 2009, se discute más en profundidad sobre el relativo éxito de los Gobiernos de izquierda en los últimos años en la región, sobre todo en un momento de expansión y crecimiento de la economía de estos países.
De los esfuerzos realizados por estos Gobiernos con políticas de transferencias condicionadas, resulta posible extraer algunas lecciones. Primero, no hay una relación automática entre crecimiento económico y reducción de la pobreza o de la desigualdad. Si bien que la economía crezca es una condición necesaria, no implica por sí misma la eliminación de la pobreza. Este dato es importante, sobre todo porque se esperan tiempos de vacas flacas en la región. Segundo, el uso continuado de transferencias monetarias o “chorreo” de dinero de manera focalizada, como se creía en la década de 1990, no implica tampoco la eliminación inmediata de la pobreza. El efecto perverso de este tipo de políticas es la de fomentar estrategias estatales basadas en redes clientelares y el de generar grandes contingentes de individuos que dependen de un subsidio para ejercer su ciudadanía.
En el foro se discutió sobre todos los condicionantes de la democracia representativa y sobre cómo regenerarla a partir de apostar por un nuevo “círculo virtuoso” (ver vídeo en canal YouTube): Estado de Derecho y elecciones de calidad; empleo y política fiscal redistributiva, como una herramienta para luchar contra la desigualdad del ingreso; regeneración de la clase política; rendición de cuentas (accountability); capacidad de respuesta (responsiveness) y educación democrática para una ciudadanía cada vez más crítica, movilizada y activa.
Los ciudadanos son cada vez más conscientes de ello. No se trata sólo de que los representantes sean elegidos democráticamente, sino también de gobernar de manera democrática y de generar respuestas concretas a las demandas ciudadanas (responsiveness). Por tanto, hay diferencias sustantivas entre el acceso y el ejercicio del poder, en la elección del tipo de política pública que se emplea para reducir la desigualdad y en las consecuencias de los estilos de liderazgo (populistas o no) que impulsan las transformaciones sociales en América Latina.
